Sedición “reemplazada” de Sánchez e impunidad de Felipe VI

Escuché a Pedro Sánchez por TV diciendo que han creado el delito de “desórdenes públicos agravados” para “reemplazar” al de “sedición”. Resulta que esta palabra no la entendían en Europa, pues no ha servido para que Valtonyc o Puigdemont regresen, obligados, a España.

Siguiendo con las palabras que Sánchez piensa que los europeos no entienden me paro en “reemplazar” y compruebo que la RAE dice que significa “poner en el lugar de una cosa otra que haga sus veces”. Y no dice “algunas” de “sus veces”. Decir “sus veces” sin citar excepciones definidas o indefinidas significa todas “sus veces”.

Por tanto, alguno de los europeos que sepan castellano acudirán a las autoridades de la UE para chivarse de que lo único que está haciendo el Reino de España es cambiar el nombre del delito para ver si cuela.

Abundando en la trampa que oculta el “reemplazo” legislativo, además de la violencia han decidido añadir la muy subjetiva figura de la “intimidación” como causa del “agravamiento”. No me extrañaría que hayan comenzado en los juzgados las colas de madrileños que se sintieron intimidados por las decenas de miles de provincianos que acudieron a la manifestación sanitaria pues, según el PP, solo el 1% eran vecinos de Madrid.

Entonces volverá el chivato europeo para advertir que el Reino de España abusa de un “reemplazo” para colar una ampliación de las circunstancias que pueden convertir en delito el ejercicio del derecho de manifestación, sagrado en las democracias y que, solo faltaría, también proclama la Constitución del 78.

Por tanto, debemos darnos por advertidos: si no queremos ir a la cárcel por protestar nos tendremos que conformar con movilizarnos de manera virtual.

Tras esa reflexión, la primera pregunta que me hago es si no viviríamos aún bajo una monarquía autoritaria gobernada por los sucesores directos de Fraga Iribarne y Arias Navarro en el caso de que Internet hubiera llegado a nuestras vidas antes de la muerte de Franco.

Pero la segunda es una certeza, y mucho más inquietante.

Teniendo en cuenta que el rey de España es impune ante la Justicia, tanto por la decisión de la fiscalía sobre Juan Carlos I como por la de la mayoría del Congreso en junio pasado rechazando la reforma propuesta por el PNV, resulta que Felipe VI, diga lo que diga el Código Penal y con “reemplazos” o sin ellos, puede cometer todos los delitos posibles, incluido el de rebelión, el de impulsar “desórdenes públicos agravados”, o el de organizar un golpe de Estado con un grupo de militares armados. Es decir, como su padre y como Franco.

Porque, ¿cómo se llama el delito que cometió Juan Carlos I cuando intrigaba con generales franquistas como Armada contra Adolfo Suárez hasta que consiguió que dimitiera? Claro, solo se trataba de un presidente elegido en las urnas.

Regresando a la rabiosa actualidad y, al margen de que en una respuesta parlamentaria al gobierno le parezca “gravísimo” el plan trazado por el ex JEMAD Alejandre para intervenir militarmente Catalunya tras el referéndum de 2017, me asaltan las dudas.

¿Se plantea el gobierno investigar los detalles de ese plan de acción violenta y militar contra una población “armada” con papeletas de votación?

¿Conoce el gobierno los nombres de todos los implicados, y si eran solo militares blindados con el cuento de la obediencia debida incluso contra la ciudadanía desarmada?

¿Ha exigido el gobierno a Felipe VI que le informe sobre si conocía la existencia de ese plan criminal que pergeñaban los altos mandos de un ejército del que él es su jefe supremo?

¿Hasta qué punto tuvo algo que ver con aquel plan, que hubiera puesto en peligro las vidas de muchos inocentes, la aparición del rey por TV el 3 de octubre para leer un discurso que Rajoy, entonces presidente del Gobierno, afirmo que no había pedido?

Es inútil esperar las respuestas.