¿Para qué nos sirve?

Recientemente, Ignacio Escolar escribió un lúcido artículo preguntándose a qué estaba esperando el rey para actuar ante el flagrante incumplimiento de la Constitución tanto de los miembros rebeldes de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como del Partido Popular. Hacía referencia el director de eldiario.es al artículo 56 de la Constitución que afirma que el rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Parece evidente que ni el CGPJ ni el Tribunal Constitucional están funcionando con arreglo a lo dispuesto en la propia carta magna y que eso se debe al amotinamiento de los vocales conservadores del CGPJ, y al juego sucio del partido que preside —de momento— Núñez Feijóo.

Pero me gustaría añadir que no son las citadas las únicas instituciones que están fallando. Hay otra más. En el Congreso de los Diputados, en ciertos medios de comunicación, en los partidos de la derecha y ultraderecha de este país se están ahora mismo produciendo ataques a la corona que nos hacen preguntarnos, una vez más, para qué nos sirve esta institución. Me explico:

En su apartado 2, el artículo 114 de la Constitución afirma: “Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del gobierno”. Eso, exactamente eso, es lo que hizo el rey en 2018 nombrando a Pedro Sánchez tras la moción de censura a Rajoy. ¿Cometió el rey un acto ilegítimo como afirma la derecha? ¿Cómo es posible si se atuvo estrictamente a lo que dicta la Constitución?

Un poco antes, en el apartado 3 del artículo 99, se dice: “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple”. Y así sucedió en 2020. ¿Nuevamente cometió el rey un acto ilegítimo al nombrar presidente del gobierno a Pedro Sánchez, tal como afirma el PP y, particularmente, Isabel Díaz Ayuso?

Cualquier persona sensata (como las que decía Rajoy que pueblan este país) sabe que estos actos están escrupulosamente basados en nuestra legalidad. Y no solo en su letra, también en su espíritu. Y no debiera ser necesario que nadie lo recordara. Sin embargo, la ultramontana derecha de este país insiste en calificarlos de ilegítimos. ¿No debería el rey llamar al orden a estas personas? ¿No debería aclararles que cada vez que califican de ilegítimo al gobierno actual están afirmando que el monarca carece de esa cualidad?

La cuestión es que, si su majestad no arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y le para los pies, al menos, a los políticos que se burlan y aprovechan de ellas, entonces ¿para qué nos sirve?