Sopa verde: ¿la dieta mediterránea? (a propósito de la ampliación del Port de València)

En el Puerto de Valencia se están almacenando los ingredientes perfectos para obtener un colapso en la Albufera (en línea con la moda de la sopa verde que ha hecho furor este año en la Manga del Mar Menor). De aquellos polvos, estos lodos y nunca mejor dicho.

Desde la comunidad científica (por citar algunos nombres de solvencia bien reconocida: Joan Olmos, Eulàlia Sanjaume, Joan Romero, Vicent Torres,…) y numerosos colectivos ambientalistas (de probada honestidad e implicación cívica) articulados en torno a la Comissió Ciutat-Port, nos vienen advirtiendo desde hace meses de la amenaza que el megaproyecto de ampliación de las instalaciones portuarias pretendido por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) representa para la ciudad de València y su área metropolitana, para las playas del sur y para la Albufera de Valencia-espacio LIC de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

La alerta lanzada desde estos foros ambientalistas se fundamenta en la manifiesta intención del presidente de la APV, Aurelio Martínez, de ejecutar este proyecto, que implica una monumental ampliación de la capacidad actual del Puerto, eludiendo la evaluación ambiental previa y la consiguiente publicidad y participación pública.

La evaluación ambiental (DIA) del proyecto debería acreditar, entre otras cosas, la entidad de su impacto sobre las playas del sur y consiguiente repercusión sobre la Albufera de Valencia; sobre el incremento del tráfico y tránsito de contenedores por la red viaria de la ciudad y su área metropolitana; sobre la calidad del aire, etc…

Desde las administraciones concurrentes (local, autonómica y estatal) las posturas de algunos de sus representantes han sido claras para la ciudadanía, pero otras no, y esa ambigüedad es un motivo de inquietud ante un proyecto que nos afecta, en presente y futuro, y que en plena crisis de emergencia climática resulta intolerable, máxime con gobiernos reivindicados como de “progreso”.

Me estoy refiriendo, en particular, a la tibieza del Govern de la Generalitat. Ante un tema cuya transcendencia nos implica, como actores impactantes en nuestro entorno y responsables frente a generaciones futuras, no hemos oído la opinión de nuestro President.

Conocemos el posicionamiento crítico de dos de los tres pilares de nuestro gobierno de coalición (Compromís y Podem), pero sólo hemos oído unas ambiguas manifestaciones del Conseller socialista (Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad), Arcadi España.

En días pasados, se celebró en la Unión Europea un interesante debate promovido por la denuncia presentada por un ciudadano valenciano, por la posible vulneración de respecto a la normativa medioambiental europea.

Este debate ha sido muy esclarecedor: si albergábamos dudas sobre la postura de los socialistas respecto al proyecto de ampliación del puerto y la necesidad de su evaluación ambiental, hemos visto por dónde van algunos tiros: (Laissez faire, laissez passer), la economía (extractiva) manda.

En él participó la señora Rodríguez Piñero, representante del grupo socialista que se declaró admiradora de su compañero Aurelio Martínez, presidente de la APV, entidad de la cual ¡casualmente! ella también es miembro del Consejo de Administración, y defendió sin ambages el proyecto de ampliación del puerto, en línea con el Partido Popular y resto de la derecha española y europea.

Esta consejera de la APV y eurodiputada socialista, en una sobreactuada intervención recuperó un estilo, propio del desarrollismo franquista, descalificador y demagógico contra los movimientos ecologistas: “tenemos objetivos de desarrollo sostenible, no objetivos de retroceso sostenible”, llegó a decir. Sólo le faltó parafrasear a cierto Conseller catalán (en referencia a la ampliación del Prat) y decir que cuando esté colapsada la Albufera, ya estará amortizada la ampliación del Puerto (a juzgar por sus palabras, probablemente lo piensa).

El peticionario (gracias por su iniciativa); la Consellera autonómica de Compromís, Mollà ( Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica); la izquierda y los verdes europeos lo dijeron bien claro: el proyecto se ha modificado sustancialmente y supone una ampliación no prevista inicialmente; la DIA está caducada; la normativa ha cambiado; la emergencia climática ha modificado la perspectiva, la mirada social y la respuesta política frente a estos proyectos y, a todo ello se une nuestra particular responsabilidad de preservar de agresiones la Albufera, un privilegio natural para una ciudad como València.

La elocuente eurodiputada verde Auken nos previno contra maniobras trileras de los promotores y recordaba cómo, en Madrid, los promotores de la M-30 pretendieron eludir su evaluación ambiental defendiendo que no se trataba de construir una autopista, sino una “calle”. No me extenderé sobre las turbias concesiones otorgadas por la APV al entramado empresarial del naviero Vicente Boluda (muñidor del proyecto de ampliación del puerto), recientemente documentada por la prensa, y que está analizando el Tribunal de Cuentas sustentado en demoledores informes procedentes nada menos que de la Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado.

Así, la única voz socialista claramente posicionada es la de la eurodiputada y consejera de la APV, Rodríguez Piñero. Si tanto ella como su compañero de la APV sostienen que el proyecto es respetuoso con la normativa ambiental ¿porqué temen someterse a la evaluación ambiental? Si se postulan como transparentes y dialogantes ¿porqué eluden la publicidad del proyecto, hurtando a la ciudadanía su derecho de participación en asuntos que le atañen tan directamente? La señora Rodríguez Piñero ¿habla en nombre de los socialistas valencianos? Si no es así, urge una respuesta. Quien calla otorga.

El President, Ximo Puig, debe pronunciarse: tiene la posibilidad de defender a la ciudadanía (como si del Covid se tratara) o atender los intereses de las navieras. Seguiremos con atención los movimientos.