Hace 37 años dos economistas publicaron un artículo sobre la inflación que, en el momento actual, me viene insistentemente a la cabeza. Se trata del trabajo de Luiz Carlos Bresser Pereira y Yoshiaki Nakano.[1] En él, los autores analizaban el proceso inflacionista como una sucesión de tres factores: “aceleradores” (aumento del margen de ganancia, aumento de los salarios por encima de la productividad, devaluaciones de la moneda, aumento de los costes de los bienes importados, aumento de impuestos), “mantenedores” (capacidad de los agentes económicos para trasladar sus aumentos de costos a los precios) y “sancionadores” (aumento de la cantidad nominal de dinero en circulación). Por tanto, entre los factores aceleradores de la inflación (los causantes originales de un proceso de subida de precios en la economía) están el aumento de los costes de producción, aumento de los bienes importados, aumento de las materias primas y, por supuesto, el conflicto distributivo (aumento de salarios reales y márgenes de ganancia de las empresas). Además, los autores seguían señalando que el conflicto distributivo podría estar alimentado por cuatro factores: a) el exceso de demanda agregada en relación con la oferta, b) los estrangulamientos sectoriales de la oferta, c) los aumentos autónomos de precios y salarios debidos al poder monopólico de las empresas y sindicatos y d) la reducción de la productividad del trabajo.
En cuanto a los factores mantenedores, creo que es mejor citar literalmente un párrafo que me parece revelador de su análisis: “El factor conservador del nivel de inflación es por excelencia el conflicto distributivo, o sea el hecho de que las diversas empresas y sindicatos disponen de instrumentos económicos y políticos para la conservación de su participación relativa en el ingreso. Dado que en un nivel de inflación determinado los precios de los diversos bienes y de la fuerza de trabajo tienden a variar con desfasamientos entre sí y, en virtud de que los precios de unos son los costos de otros, los aumentos subsecuentes de los precios y de los salarios tenderán a ocurrir en forma automática. En esta forma cada empresa y cada trabajador o grupo de trabajadores trasladará a sus precios el aumento de sus costes” (pp: 778-779). Cuanto mayor sea el nivel de indización (formal e informal) de las rentas más potente será este efecto mantenedor de los precios.
Finalmente, el factor sancionador de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. Justo al revés de los economistas monetaristas. Lo que en el Monetarismo es la causa de inflación, en el Estructuralismo latinoamericano es la consecuencia última de la subida de los precios.
Si exceptuamos este último argumento (que no tiene excesivo predicamento en el mainstream económico), ¿les suenan los argumentos que fundamentan los factores aceleradores y mantenedores en el momento actual de aumento de la inflación? Pues se dijeron hace casi 40 años por dos economistas estructuralistas latinoamericanos. ¿Puede ser este trabajo un buen punto de partida para entender lo que está sucediendo en nuestras economías con la inflación? Pensamos que sí. Entenderíamos así la reacción de agricultores, transportistas, distribuidores, empresas de energía, gasolineras, consumidores, trabajadores, ganaderos, autónomos, pequeñas empresas, pensionistas, funcionarios, etc. que ante una perspectiva de empobrecimiento -consecuencia de una repentina inflación de oferta- defienden sus márgenes y rentas, manteniendo así el nivel de inflación en el tiempo.
Volvamos a las reveladoras palabras de Bresser y Nakano, “el nivel de la inflación se mantendrá en la medida en que todos los agentes económicos estén relativamente satisfechos con su participación en el ingreso. Sin embargo, si una parte de esos agentes se siente en condiciones de aumentar sus márgenes o sus salarios de manera de aumentar su participación en la división del producto, y si los demás agentes responden indizando sus precios habrá una tendencia hacia la continuidad del proceso de aceleración de la inflación porque los primeros agentes buscarán de inmediato un nuevo aumento de los márgenes o de los salarios reales” (pp: 789-780). Revelador de lo que está sucediendo en la actualidad.
¿A dónde nos lleva esta reflexión?, ¿qué conexión tiene el trabajo de estos dos economistas con el título de nuestro artículo? Si consideramos que la inflación es esencialmente resultado de un conflicto distributivo estructural, la política de rentas puede ser una política económica muy útil en su control. ¿Por qué? Porque las políticas de rentas siempre han tenido dos objetivos básicos: 1) el control de la inflación de costes, haciendo que el crecimiento de las rentas -salariales y no salariales- estén por debajo de la productividad o de la inflación esperada y 2) modificar la distribución de la renta primaria -aunque este objetivo siempre quedó escondido y un poco al margen en su aplicación práctica-. Pues bien, ambos objetivos tienen que ver, con la inflación actual.
En primer lugar, porque la inflación actual es, esencialmente, una inflación explicada por el lado de la oferta de la economía. Es decir, estamos ante una inflación de costes (bien es verdad, que no de los salariales). En segundo lugar, porque está alimentada por el deseo de todos los agentes económicos de no soportar los costes y los ajustes de un proceso generalizado de empobrecimiento económico. Es decir, alimentada por un conflicto distributivo que, en estos momentos, se ha acrecentado por la fuerte subida de la inflación y por la crisis económica.
En este contexto, se vuelve a poner de moda la política de rentas. No es novedoso el fenómeno, puesto que en España la política de rentas ha ido, irremediablemente, unida a las crisis económicas. Cuando hay crisis se acude a ella. En periodo de expansión se reniega de ella.
La política de rentas tiene una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que es una política económica que interviene en el proceso de generación de la renta (distribución entre salarios y beneficios) y no en el proceso de gasto de la renta (como hacen la política monetaria y fiscal). Esto es un instrumento muy potente de intervención porque modifica el poder de negociación de las rentas. De ahí, que la política de rentas tenga una naturaleza política diferente a las políticas de gestión de la demanda. Y, precisamente, por este motivo (intervención en precios y salarios) ha sido históricamente criticada y repudiada por el pensamiento económico liberal.
La debilidad es que actúa sólo sobre los llamados “efectos de segunda ronda”, es decir, la espiral precios-salarios que precede al aumento autónomo de los precios y de los costes de producción de las empresas. Es decir, en la terminología de Bresser y Nakano, la política de rentas solo podría actuar sobre los “factores mantenedores” de la inflación, dejando al margen los factores aceleradores. Es como que los “efectos de primera ronda” dependen estrictamente del mercado (un mercado, recordémoslo, imperfecto, no competitivo, oligopólico y con un alto poder de fijación de precios por determinadas empresas que controlan los procesos clave en la cadena de valor de los bienes y servicios). Es el “libre mercado” el que fija los márgenes empresariales y los salarios (y cualquier intervención sobre el mismo es tildada de ineficiente, autoritaria, rompedora del mercado único, distorsionadora de las reglas del juego de la economía de mercado y un largo etcétera de argumentos de los que se nutre el pensamiento económico liberal). La política de rentas sólo puede intervenir anclando las expectativas de inflación a la baja y bajando el poder adquisitivo de las rentas salariales de la economía (las rentas no salariales se escapan de cualquier pacto social que implique topes o límites de crecimiento y solo reaccionarían con reformas estructurales que introdujeran mayor competencia y productividad en las empresas).
¿Es el momento de la política de rentas? Creo que la respuesta debe ser afirmativa. En esto coinciden la mayoría de los economistas y hasta el mismo Banco de España. En lo que puede no haber consenso es en el contenido del pacto de rentas. ¿Qué modelo de política de rentas?, ¿cómo incluir en ella los márgenes empresariales o las rentas no salariales?, ¿cuánta moderación salarial necesitamos?, ¿cómo se reparten los costes del empobrecimiento?, ¿cómo repartir los crecimientos de la productividad en la economía?, ¿por cuánto tiempo?...
En mi opinión, la política de rentas debería aplicarse desde dos ámbitos: 1) un gran pacto social de rentas con la participación del gobierno (macroconcertación) y 2) la mesa del diálogo social entre los principales agentes sociales (empresarios y sindicatos). Vayamos con el primer instrumento. ¿Sería posible un gran pacto político en nuestro país como los Pactos de la Moncloa de 1977? Sinceramente, no. El actual clima de polarización y crispación política aleja esa posibilidad. Por tanto, aunque pueda parecer deseable para hacer frente a las consecuencias económicas –esencialmente el empobrecimiento generalizado que provocará la actual crisis-, la actual situación política convierte (casi) en imposible esa posibilidad. Sólo nos quedaría volver al instrumento clásico basado en un gran acuerdo social entre el gobierno y los principales agentes sociales (asociaciones empresariales y sindicatos). Instrumento, por cierto, muy utilizado en España durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado.
Personalmente, hasta el año pasado, siempre había defendido una política de rentas que aumentase los salarios en un contexto deflacionista y de bajo crecimiento económico como el que habíamos padecido desde la crisis de 2008 -e incluso antes de esa fecha-. En los momentos actuales, la estimación de la tasa interanual de inflación para este año es del 7,5%. Con esta previsión de inflación, podemos aceptar que no se pueda aplicar una política de rentas que suponga aumentos salariales equivalentes a la inflación o por encima de ella. Debemos moderar los salarios para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación (que, como hemos reseñado anteriormente, no son otros que la presencia del conflicto distributivo acrecentado en una situación de crisis económica). Sin embargo, en nuestra opinión, esta política de rentas de moderación salarial debe ir acompañada de tres condiciones: 1) una expansión del salario indirecto (más Estado del bienestar); 2) más empleo y de mayor calidad (seguir con la reforma laboral del 2021) y 3) mejoras en la distribución primaria de la renta (políticas de pre-distribución).
En segundo lugar, se debe seguir utilizando el diálogo social con un doble objetivo: 1) impulsar un cambio en la estructura productiva y 2) potenciar las políticas activas de empleo. En Alemania, por ejemplo, la transformación tecnológica se está introduciendo en muchas empresas en un contexto de diálogo social, en el que se plantean los costes del ajuste, la necesidad de formación de los nuevos puestos, las categorías profesionales, etc. Además, un cambio de modelo productivo no es solo un cambio sectorial y de productividad, sino un cambio de rentas, mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida.
El segundo objetivo del diálogo social debería ser potenciar las políticas activas de empleo. Y, sobre todo, vincularlas al cambio necesario del modelo productivo. Creemos que esto pasa por la potenciación de la Formación Profesional ocupacional y continua (sistema dual), la reorganización del gasto público, la eliminación de bonificaciones y reducciones de cotizaciones a la contratación y la mejora de la eficacia de los servicios de intermediación laboral. Vincular la formación a las necesidades reales actuales y futuras de un modelo productivo que debe ser más moderno, de mayor productividad y mayor valor añadido, es clave para el futuro de nuestra economía.
En resumen, ¿es la hora de la política de rentas? Sí, pero no nos olvidemos que también debe serlo en las épocas de expansión económica. Es decir, cuando la economía crece debemos de mejorar la equidad en el reparto de la renta y esto pasa por alinear los salarios al crecimiento de la productividad, reduciendo la brecha del desacoplamiento histórico entre la productividad y los salarios reales. En definitiva, subiendo los salarios cuando la economía crece. Si no lo hacemos estaríamos utilizando una política de rentas de efectos asimétricos difícilmente aceptable, en el medio y largo plazo, por los ciudadanos. Y los sindicatos deberían pensar lo mismo.
[1] “Factores aceleradores, mantenedores y sancionadores de la inflación”, El Trimestre Económico vol.52 nº 207(3), julio-septiembre de 1985.