Abogados de presos de ETA creen que Gobierno tiene margen para transponer normativa europea de acumulación de penas

Haizea Ziluaga e Iker Urbina, abogados defensores de los demandantes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la no aplicación por parte del Estado español de la acumulación de condenas cumplidas en otros estados de la Unión, han expresado su “sorpresa y desacuerdo” con la decisión de Estrasburgo, que avala que España no conmutara a presos de ETA las condenas cumplidas en Francia, y ha considerado que el Gobierno central “tiene margen” para transponer la normativa europea modificando la ley 7/2014.

Urbina y Ziluaga han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián para valorar la decisión hecha pública por el TEDH, en la que avala que España no conmutase las penas cumplidas en Francia a presos de ETA encarcelados en su territorio a fin de que pasaran menos tiempo en prisión, en una sentencia en la que desestima las pretensiones de tres históricos de la banda terrorista.

De este modo, descarta que se haya vulnerado el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como alegaban los cuatro condenados por terrorismo, es decir, no cree que España haya violado el derecho a la libertad de estas personas ni que haya incurrido en su detención ilegal al no acumular las penas, como prevé una directiva europea de reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembro.

No obstante, en el mismo pronunciamiento condena al Estado a indemnizar con 2.000 euros a Santiago Arrospide ('Santi Potros'), primer demandante, y con 1.000 euros a Kepa Pikabea, Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia ('Pakito'), respectivamente, por no haber atendido debidamente los recursos judiciales que presentaron sobre este asunto.

Urbina ha mostrado su “desacuerdo” por lo resuelto por el TEDH y ha manifestado que los abogados no comparten el contenido de la sentencia. En ese sentido, ha afirmado que este pronunciamiento de Estrasburgo “sorprende”, no solo por la convicción jurídica que tenían, sino “por lo que ha sido la propia trayectoria de este procedimiento dentro de las instancias judiciales en el Estado”.

De este modo, ha recordado que tanto en la Audiencia Nacional, como en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional “fueron numerosos los magistrados que compartían que la ley se estaba aplicando de manera retroactiva y afectaba al derecho de libertad”, y ha hecho referencia a “los votos particulares de Adela Asúa y de Cándido Conde-Pumpido”.

A su juicio, con esta decisión judicial “se da carta de naturaleza a la vulneración del derecho a la libertad de las personas presas, a la vulneración de la normativa europea” y al “retorcimiento de las leyes con una clara intención política y de venganza, y con el único objetivo de que los presos vascos cumplan más allá de la condena”.

“ÚLTIMA INSTANCIA”

Asimismo, Urbina ha asegurado que tienen la intención de llegar “hasta la última instancia y si es preciso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” para que el Estado español tenga que trasponer la citada normativa. Además, ha señalado que tendrán que analizar el contenido de la sentencia “en profundidad” para valorar la posibilidad de acudir, en su caso, “a la Gran Sala recurriendo la misma”.

De este modo ha explicado que “hay dos caminos diferentes”. Según ha precisado, “el lógico de la demanda que se ha estimado parcialmente, la última estación en términos jurídicos, sería la Gran Sala y habrá que analizar si los términos de la sentencia dan para ello o no”. Para ello, cuentan con un periodo de tres meses.

“Otra cuestión diferente es el Tribunal de Justicia de la UE en el que lo que se analiza no es la vulneración de derechos fundamentales respecto a estas personas sino, en este caso, si la trasposición de la decisión marco 675/2008, que es la que origina toda esta demanda, fue correcta o no conforme a la ley del Estado 7/2014”, ha señalado.

Urbina ha apuntado que la posibilidad que tienen como abogados de incidir en ello “es más indirecta” porque “son los magistrados desde los juzgados quienes pueden plantear esa cuestión prejudicial, o bien desde el ámbito político desde el Parlamento europeo”.

A su juicio, el actual Gobierno central “tiene margen para hacer una aplicación correcta de esa decisión marco y que no se vulneren derechos fundamentales”. Por ello, le ha emplazado a “aplicar la ley de manera diferente” y le ha reclamado que modifique la ley 7/2014, eliminando las dos excepciones que hacen referencia directa a la situación de los presos de ETA, y pueda transponer la normativa europea de acumulación de penas.

Finalmente, el abogado ha apuntado que en este momento hay aproximadamente otras 40 demandas. “Este pronunciamiento, para bien o para mal, iba a marcar el devenir de las siguientes y, salvo algún matiz que se pueda escapar, el tribunal ha marcado ya una dirección en las cuestiones planteadas y muchas de ellas serán compartidas, y entiendo que no es previsible un cambio”, ha expresado.