Archivan la causa contra los hermanos Carulla al no ver indicios de fraude fiscal

En su auto de este lunes, el juez no ve indicios de delito en varias operaciones realizadas por los imputados Lluís, Maria, Montserrat, Artur, Aurelia y Jordi Carulla, de las que se sospechaba que sirvieron para hacerse irregularmente con entre 400.000 euros y un millón evadiendo impuestos, tal y como recogía un informe de la Agencia Tributaria.

Hacienda consideraba algunas operaciones de compraventa de acciones como un reparto de beneficios encubierto y las catalogaba como delito fiscal porque la cuota defraudada superaba los 120.000 euros.

Según el juez, todas las operaciones que estaban bajo sospecha se hicieron acorde a la normativa vigente y bajo el control de las autoridades fiscales correspondientes, además de que, según los tres peritos del caso, “no existe impedimento alguno para la realización de operaciones entre sociedades sometidas a una misma dirección”.

Sobre la operación de venta de acciones de la sociedad Merimare --ubicada en Holanda-- a Agrolimen por 61,5 millones de euros, que estaba siendo investigada, el juez considera que se trata de una “operación de autocartera controlada por las autoridades fiscales holandesas”, tal y como concluyeron los peritos.

La utilización posterior de este dinero para la ampliación de capital de la corporación se entiende, tal y como concluyó el perito judicial, como una “recolocación de fondos que, por sí misma, también constituye un motivo económico sólido por tratarse de una reorganización del grupo empresarial”, recoge el auto.

Para el juez, la ausencia de empleados en las empresas holandesas del grupo presentes en la causa “no conduce necesariamente a inferir de ello que se trata de entidades pantalla”, sino que está justificado porque subcontrataban a una empresa para prestar el servicio financiero.

OPERACIONES REGULARES

En definitiva, la ampliación de capital de Agrolimen realizada con los 61,5 millones es “declarada oportunamente a las autoridades estatales y autonómicas”, por lo que el juez estima regulares las operaciones desarrolladas en el seno de las sociedades y sin lucro o beneficio de las personas físicas imputadas.

Respecto a una segunda operación bajo sospecha, en que cada hermano, a través de unas entidades patrimoniales y previa autorización de los consejos de administración y posterior declaración tributaria, vendió las 650 acciones que poseía de Agrolimen a la Corporación Agrolimen, el juzgado considera que fueron declaradas ante la autoridad fiscal.

El juzgado, asimismo, considera “ampliamente acreditada” desde 1998 la residencia de Jordi Carulla en el Reino Unido, donde consta su actividad laboral en contraste con la inactividad en España, pese a que el Abogado del Estado había tratado de probar que en realidad vivía en España.