Bachelet alarmada por las amenazas contra jueces anticorrupción en Guatemala

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que resulta alarmante el aumento en Guatemala de amenazas a la independencia y a la integridad de jueces a cargo de procesos claves en la lucha contra la corrupción y sobre justicia transicional.

Incluso los magistrados de la Corte Constitucional sufren esa situación, denunció Bachelet, durante la presentación del informe de su oficina sobre Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

La alta comisionada dijo que la decisión del Gobierno del presidente Jimmy Morales de retirarse del acuerdo que creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también puede representar “un retroceso significativo en la batalla que se libra contra la corrupción y la impunidad” en ese país.

En una intervención ante el Consejo, donde todos los países que fueron objeto de un informe de la oficina de Bachelet tuvieron derecho a la réplica, el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) de Guatemala, Jorge Luis Borrayo, acusó a la Cicig de representar intereses contrarios a los de su país.

“La Cicig ya no existe, ni mucho menos la figura de un comisionado. La inexistencia de la Cicig no impide a los órganos competentes nacionales continuar con los procesos iniciados, así como presentar nuevos casos”, sostuvo Borrayo.

El jefe de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien también se encuentra en Ginebra en reuniones en torno al Consejo de Derechos Humanos, aseguró esta semana a Efe que su entidad sigue funcionando en Guatemala bajo su dirección, que ejerce desde el exterior en vista de que el gobierno le ha prohibido entrar al país.

En la presentación de su informe sobre Guatemala, Bachelet también expresó alarma por leyes que se discuten en el Congreso y que podrían “revertir los progresos en cuanto a rendición de cuentas” y “limitar los derechos humanos”.

Se refirió, en particular, a la iniciativa 5377, que implicaría la liberación inmediata de todos los condenados y detenidos por graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Bachelet dijo que tal medida sería “una negación de la justicia y pondrían a las víctimas y a sus familias en riesgo de ser objeto de represalias”.

También criticó el proyecto de ley 5257, que restringiría el trabajo de las ONG e impactaría negativamente en el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, lo que es especialmente grave cuando acaba de empezar la campaña electoral de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 16 de junio en Guatemala.

“Me preocupa el riesgo de que las tensiones y hasta la violencia aumenten conforme las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se acercan”, comentó la alta comisionada.

Consideró que es fundamental que los grupos que siempre han sufrido discriminación y exclusión en Guatemala puedan tener una participación real en las elecciones y una representación adecuada.