Cenidh denuncia a Policía de Nicaragua ante Ministerio de Gobernación

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció hoy a la Policía Nacional ante el Ministerio de Gobernación, por acciones arbitrarias contra sus bienes.

“Venimos al Ministerio de Gobernación para entregar una carta en la que denunciamos las arbitrariedades que ha cometido la Policía”, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a periodista.

Entre las arbitrariedades denunciadas está el que la Policía entró por la fuerza a la sede de la ONG en Managua en horas de la noche sin orden judicial, tras haber golpeado y amordazado al vigilante, y se mantiene en el edificio sin mostrar argumentos legales.

La acción de la Policía ocurrió el viernes pasado, un día después de que la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica del Cenidh, mandato que sólo entrará en vigor cuando la decisión del parlamento, de mayoría oficialista, sea publicada por La Gaceta, diario oficial.

La ONG también denunció al director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, por avalar las acciones de la Policía sin que el decreto de la Asamblea Nacional esté vigente.

“Sirias se extralimitó en sus funciones, el decreto que nos cancela la personalidad jurídica no ha sido publicado en La Gaceta, por consiguiente lo todo lo que haga Sirias es abuso de autoridad, un delito penado por la ley”, sostuvo Núñez, quien lamentó que la recepcionista dijo tener órdenes de no recibir la carta del Cenidh.

Ayer lunes la activista de los derechos humanos retó al Gobierno de Nicaragua a demostrar las pruebas de que el Cenidh apoya un supuesto golpe de Estado, razón por la que el parlamento le canceló la personalidad jurídica.

Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de “golpe de Estado”, pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.