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El último Consejo de Ministros antes de la campaña: mejoras en la PAC, millones para catástrofes y mano dura contra el independentismo

Sánchez lleva a la reunión un decreto ley para "poner punto y final" a la "república digital" catalana: no podrá haber servidores de instituciones públicas fuera de la UE

El Gobierno eleva al Constitucional mociones registradas en el Parlament e insta a la Abogacía del Estado a defender a agentes policiales inmersos en procesos judiciales

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El Gobierno anima al Tribuna Constitucional a llevar al Parlament ante la Fiscalía si ve delito

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros EFE

Al último Consejo de Ministros antes de que oficialmente empiece la campaña electoral el Gobierno le ha dado una gran solemnidad: la rueda de prensa posterior la ha protagonizado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, algo que solo sucede en las grandes ocasiones. Pedro Sánchez ha llevado por segunda vez en 16 meses de mandato un tema al Consejo de Ministros que estaba fuera del orden del día. Lo hizo con el expediente definitivo para la exhumación de Franco y este viernes ha planteado un decreto ley dirigido a impedir que la Generalitat ponga en marcha "la república digital" catalana. La última reunión del gabinete ha aprobado mejoras en la gestión de la Política Agraria Común (PAC), millones para afrontar catástrofes naturales de hace varios meses y varias medidas que siguen en la línea de mano dura frente al independentismo. 

Un día después de que la Junta Electoral Central abriera el primer expediente sancionador contra un presidente del Gobierno por el uso "electoralista" de la Moncloa y sobre el que Calvo no se ha querido pronunciar, el Ejecutivo ha tomado varias "decisiones importantes", según lo ha calificado la vicepresidenta. Ya a primera hora de la mañana Sánchez había formulado el principal anuncio en una entrevista en Onda Cero antes de que se reuniera el gabinete: un real decreto ley para "poner punto y final" a la "república digital" catalana. 

"El Gobierno va a garantizar que el desarrollo de la administración digital esté garantizado por el Estado", ha expresado Sánchez. La principal medida es "garantizar que todos los servidores [de las administraciones públicas] tendrán que estar en la UE y no en paraísos digitales". La batalla sin cuartel empezada por el Ejecutivo se traslada así del mundo "offline" al "online". 

Sánchez había dado por hecho que la Generalitat estaba usando los datos digitales "con fines espurios" y en eso ha basado su decreto, que ha implicado a siete ministerios. Fuentes del Ejecutivo aseguran que tienen información de que la Generalitat tiene servidores fuera de la UE en paraísos digitales. 

Calvo ha justificado la medida –la figura legislativa del decreto ley se reserva a cuestiones de urgente necesidad–: "Es urgente porque hay situaciones en el orden cotidiano de nuestras vidas donde hay que reaccionar cuanto antes mejor. De no hacerlo, tardaríamos no se sabe cuanto tiempo. No sabemos en cuánto tiempo España tendrá un Gobierno".

Pero no ha sido la única decisión contra el independentismo. El Gobierno ha pisado el acelerador y ha presentado ante el Tribunal Constitucional dos ejecuciones de sentencia por dos mociones sobre la autodeterminación y la monarquía que se van a discutir en el Parlament, que ha rechazado la reconsideración planteada por el PSC. Moncloa había dicho hasta ahora que esperaría a que el Pleno las debatiera y, en su caso, aprobara, pero ha decidido actuar antes. "Hemos pedido al Tribunal Constitucional que considere si ha sido desautorizado, desatendido, el apercibimiento que había hecho a la Mesa", ha explicado Calvo. Dado que ya hubo un aviso del Constitucional, Calvo ha explicado que el tribunal tendría ahora que poner la desobediencia en conocimiento de la Fiscalía.

Además, ha solicitado un informe al Consejo de Estado para impugnar un debate del Parlament sobre la sentencia del procés. "No corresponde en el orden escrupuloso de respeto de la separación de poderes que ningún Parlamento haga un debate sobre la sentencia de ninguno de nuestro tribunales", ha dicho Calvo, que ha dado por hecho que el Gobierno llevará el asunto al alto tribunal aunque no cuente con el aval del Consejo de Estado. "No es vinculante", ha advertido.

La ministra de justicia, Dolores Delgado, ha dado la orden a la Abogacía General del Estado de que se persone en todos los casos judiciales en los que estén inmersos agentes policiales en el desempeño de sus funciones. En un momento en el que los socialistas pugnan por el voto de Ciudadanos, que ha dicho de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos una de sus principales banderas, el Gobierno sale en defensa de los agentes. 

"El Gobierno decide la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Van a tener asistencia jurídica", ha anunciado Calvo, a pesar de que la decisión no necesitaba pasar por el Consejo de Ministros. La Abogacía también acusará "en nombre de la Administración en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños o perjuicios a los bienes del Estado".

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a una serie de mejoras en la gestión de la PAC. "Son muy importantes, nos van a permitir agilizar la gestión, agilizar la tramitación y la incorporación de nuevos titulares fundamentalmente hombres y mujeres que tienen objetivos en la España rural importantes". Calvo ha defendido la "agilidad en la respuesta que nos permita facilitar las cosas para quienes mediante los recursos comunitarios sostienen nuestra industria agroalimentaria".

Otro de los reales decretos aprobados está destinado a trasladar las subvenciones a Ceuta y Melilla para la respuesta a menores no acompañados. Se trata de 2.345.000 euros para Ceuta y 4.103.000 para Melilla destinados a la "mejora de infraestructuras, conservación y respuesta a la llegada a estas".

Calvo ha anunciado un tercer real decreto en el que se aprueba la subvención para las zonas afectadas por la DANA en el plazo que va del 1 de enero 2018 a 31 de marzo de 2019. "Damos respuesta a todas las situaciones que quedaban pendientes", ha afirmado la vicepresidenta.  

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