Critican ante UE situación de derechos humanos en Colombia tras aplicarse TLC

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy en el Parlamento Europeo las deficiencias de los derechos humanos en Colombia tras entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ese país y la Unión Europea.

“Colombia es el país con más defensores de derechos humanos asesinados”, indicó el director de la Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y portavoz de la organización MOVICE, Diego Martínez, en una audiencia pública sobre el asunto celebrada por la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.

El tratado comercial entre la UE y Colombia, que entró en vigor el pasado agosto, incluye una cláusula para su suspensión si se constatan graves violaciones de los derechos humanos, un arma que en opinión de diferentes ONG no está resultando eficaz.

Martínez destacó que, en lo que va de año, aproximadamente 16 defensores de las libertades fundamentales han sido asesinados en Colombia (22 en 2012, según sus cálculos).

“En Colombia se criminaliza y militariza la protesta social”, dijo, y apuntó que la Fiscalía colombiana informó de 685 detenciones durante el paro del sector agrario del pasado verano en ese país, mientras que la Policía registró 837, lo que da una idea de que se produjeron “detenciones masivas, arbitrarias, pero también secretas”.

Martínez pidió integrar la defensa de los derechos humanos a todos los niveles en las políticas del Gobierno colombiano, ejercer mayor vigilancia a las empresas multinacionales que se instalan en el país y que se mantenga en Bogotá la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay.

La presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, Barbara Lochbihler, respaldó igualmente la renovación del mandato de Pillay.

Por su parte, el representante del Grupo de Coordinación entre Colombia, Europa y Estados Unidos, Winston Gallego, puso de manifiesto los problemas de concentración de la tierra en ese país que han empobrecido a los campesinos, “víctimas directas de prácticas de desplazamiento forzado, despojo y hurto de sus tierras por parte de grupos ilegales”.

Igualmente, lamentó las “nefastas políticas macroestructurales” en Colombia, que por décadas han favorecido “los poderes regionales, terratenientes y los intereses de las empresas trasnacionales”.

Gallego mostró su temor de que el TLC con la UE “centre el comercio en el aprovechamiento de los recursos naturales” y provoque “cada vez más conflictos con las comunidades campesinas, afrodescendientes y comunidades indígenas”.

“Un TLC no va a solucionar de un día para otro todos los problemas de un país”, declaró el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, ponente del informe parlamentario sobre la cláusula de salvaguarda de los derechos humanos, quien afirmó que tal acuerdo “no es una varita mágica ni tampoco la panacea”.

En cualquier caso, sí que identificó “problemas” en diversos sectores, y recalcó que el acuerdo con Colombia debe “incluir unos aspectos de sostenibilidad” y “un vínculo claro con los derechos humanos”.

“Esto tampoco es un arma muy fuerte, porque después hay que llevar a la práctica esos capítulos”, comentó, y recordó que para hacer efectiva esa cláusula es necesaria la unanimidad en el Consejo de Ministros de la UE, algo “bastante poco probable que se logre”.

Así pues, visto “lo complicado de la situación en Colombia”, el acuerdo comercial está acompañado de una hoja de ruta para tratar de mejorar la situación de los derechos humanos, especialmente en los sectores relacionados con el comercio.

A través de un comunicado, el portavoz de la ONG Oidhaco, Vincent Vallies, pidió un seguimiento “transparente y participativo” de esa hoja de ruta, de manera que en él esté implicado el Parlamento Europeo y que incluya a los sectores de la sociedad colombiana afectados por la implementación del acuerdo, organizaciones de derechos humanos, medioambientales y centrales sindicales.

Por otro lado, un representante de la Comisión Europea destacó que el TLC “ya ha tenido un efecto positivo” en los derechos humanos en Colombia al dar “más voz” a la sociedad civil, y aseguró que esa institución trabaja por que “cumpla completamente su potencial” en desarrollo sostenible.