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Descontento público en Eslovaquia por la escalada de la corrupción

EFE

Praga —

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La reciente dimisión del presidente del Parlamento y el cese de la ministra de Salud, ambos por indicios de corrupción en la Sanidad, no han logrado acallar las protestas ciudadanas en Eslovaquia.

Pese al relativo éxito económico y social logrado por Eslovaquia desde su regreso a la democracia en 1989, la corrupción y el clientelismo se han convertido en males endémicos.

En estos 25 años, el país excomunista ha logrado desmantelar o reconvertir su industria militar, impulsar sus indicadores macroeconómicos y entrar en la UE, en 2004.

En la última década, el PIB aumentó en un 75 % y antes de la crisis hubo tasas envidiables de crecimiento, cercanas al 6 por ciento, por lo que pasó a ser llamado por algunos “tigre” de Europa del Este.

Un proceso no exento de sombras, en opinión de la consultora Iveta Ninajová, encargada de la promoción de Kosice como capital cultural europea en 2013 y de los Montes Tatra como destino turístico.

“Los fondos europeos son una fuente de corrupción y destruyen el tejido empresarial, siendo la mayor rémora para un miembro de la UE”, sentencia Ninajová en declaraciones a Efe.

Aún así, esta democracia de 5 millones de personas se ha consolidado como potencia automotriz, con un producción anual que se acerca al millón de vehículos, lo que supone 171 coches por cada 1.000 habitantes, según la Confederación Industrial del Automóvil.

El contrapunto son las altas tasas de desempleo, cifrado en un 14,1 % a finales de 2013, con algunas regiones en las que llega al 20 %.

Sobre el asunto de la corrupción, Grigorij Meseznikov, presidente del Instituto político IVO en Bratislava, afirma a Efe que “es muy serio, continuo, políticamente muy importante ya que en él están involucrados altos cargos del Gobierno”.

“No está habiendo una lucha real contra esta lacra y sólo se extraen consecuencias políticas”, dijo en referencia a las recientes dimisiones.

El problema, según Meseznikov, es la “excesiva proximidad de los negocios a los círculos de poder político”.

Eslovaquia se encuentra en el tercio menos corrupto del mundo (en el lugar 63 de un total de 175 países), según Transparencia Internacional, con una percepción de corrupción en el sector público del 47 por ciento.

Los casos de corrupción han hecho que se hayan producido en noviembre tres manifestaciones ciudadanas, la última de ellas anoche, en medio de una “atmósfera intolerante” hacia ese problema, comenta el experto.

En la última concentración contra la corrupción, que recorrió el martes el centro de la capital, cinco mil de personas con velas exigieron una serie de demandas, como mayor transparencia en la contratas públicas o nuevas destituciones ministeriales y en el organigrama hospitalario.

Existe crispación pública por la venta, a precios desorbitados, realizada por la empresa Medical Group de equipos médicos de tomografía computerizada al hospital estatal A. Winter, de la localidad de Piestany.

Medical Group estuvo vinculada con el ahora ex presidente del Parlamento, el socialdemócrata Pavol Paska, que anunció a mediados de noviembre su dimisión por presiones ciudadanas.

También se le achacó no haber presentado declaraciones de todos sus ingresos, entre los que figuran los de su empresa Komed, que en 2012 y 2013 obtuvo un beneficio neto de 700.000 euros, según la prensa local, siendo el único accionista de un ente que tiene contratada a una persona.

Ahora que ya no está al frente del Consejo Nacional (parlamento unicameral), Paska no está sujeto a presentar declaración de ingresos, medida anticorrupción que obliga a todos los legisladores por igual.

Días antes de la renuncia de Paska, la titular de Salud, Zuzana Zvolenska, fue invitada por el primer ministro a presentar su dimisión.

La hizo efectiva tras haber cesado a todos los representantes de Sanidad en el cuerpo directivo del hospital de Piestany y tras declarar que no fue informada de lo que estaba pasando.

Las protestas ciudadanas, de carácter pacífico, también han exigido la creación de una comisión paritaria de Gobierno y oposición para supervisar la investigación del caso “Gorila”.

“Gorila” es una filtración de documentos de los servicios de inteligencia donde aparecen escuchas comprometedoras realizadas a ministros, políticos de la oposición y empresarios entre 2006 y 2010.

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