Duterte defenderá en su discurso anual la reforma constitucional y el federalismo

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, defenderá hoy el borrador de reforma constitucional para transformar el país en un sistema federal antes del fin de su mandato en 2022, durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación ante el Congreso.

La reforma es necesaria para dar amparo constitucional a la Ley Orgánica del Bangsmoro, que busca ampliar la autonomía de la región de mayoría musulmana en la isla de Mindanao, en el sur del país.

Se espera que Duterte firme esa ley al inicio del acto, antes de pronunciar su discurso previsto para las 16.00 hora local (8.00 GMT), después de que el Parlamento y la Cámara de Representantes aprueben la norma en una sesión conjunta esta misma mañana.

Según esa ley, se abolirá la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM, en inglés) para crear una nueva provincia que tendrá un gobierno regional, mayor autonomía fiscal, además de parlamento y sistema de justicia propios.

Esta ley es resultado del acuerdo de paz firmado en marzo de 2014 entre el gobierno del presidente Benigno Aquino y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), por el que los rebeldes se comprometieron a renunciar a la independencia y la lucha armada a cambio de crear una región autónoma gobernada por ellos.

El presidente, conocido por sus salidas de tono e improvisaciones en largas intervenciones, ha prometido limitar su discurso a no más de 35 minutos y apegarse al guión.

“Será un mensaje directo desde el corazón del presidente, sin la necesidad de informar los logros de la administración”, avanzó la semana pasada el portavoz presidencial, Harry Roque.

Ante los 3.000 invitados al acto entre parlamentarios, oficiales del gobierno, dignatarios y diplomáticos, se espera que Duterte respalde formalmente el borrador de reforma constitucional que ya está listo, pero que requiere todavía el visto bueno del Congreso.

La nueva Carta Magna contempla que para dar el salto al federalismo se creará, en un plazo de seis meses después de su aprobación parlamentaria, un gobierno de transición, lo que obligará a Duterte a abandonar el cargo antes del fin de su mandato.

Ese gobierno de transición dirigirá el país hasta junio de 2022, cuando asumirá el presidente que venza en las elecciones convocadas para mayo de ese año.

Como medidas de seguridad, la policía nacional ha desplegado a 6.000 policías en los alrededores del Congreso, que contarán con el refuerzo de un millar de soldados del Ejército.

Simultáneamente, diversos grupos de activistas críticos con la gestión de Duterte se han unido para convocar una protesta masiva, a la que esperan que acudan alrededor de 30.000 personas.