Exfuncionario de EE.UU. confirma que firmó una factura por un preso en Corea del Norte

El exenviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte Joseph Yun confirmó hoy que autorizó el pago de unos dos millones de dólares a Pionyang por “los cuidados médicos” que recibió el joven estadounidense Otto Warmbier, fallecido en 2017 tras pasar 17 meses preso en el país asiático.

“Tan pronto como Corea del Norte me dijo que esta factura de dos millones debía ser abonada, me puse en contacto con mi jefe, el por entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, que me respondió poco después que sí, que siguiera adelante y firmara (la factura)”, dijo Yun este lunes en una entrevista a la cadena CNN.

Al ser preguntado sobre si la decisión procedía de la Casa Blanca, el exfuncionario señaló que nunca se lo preguntó a Tillerson pero que así lo creía.

Yun, que abandonó el cargo en marzo del año pasado, no aclaró si el Gobierno estadounidense llegó a pagar o no los dos millones de dólares, pero opinó que Washington debería haberlo hecho.

“Esto -apuntó- tiene que ver con dos decisiones diferentes. Una es: ¿Debemos firmar? Y firmamos. La otra es si, tras haber firmado, debemos pagar y mi opinión es que sí. Si el Gobierno de EE.UU. promete a otro Gobierno que pagará, desde mi punto de vista debemos cumplir con nuestra parte del trato”.

El pasado jueves el diario The Washington Post desveló que Pionyang le había pasado una factura a Washington por los cuidados médicos a Warmbier.

La factura, de acuerdo con el periódico, llegó al Departamento del Tesoro, donde permaneció sin ser saldada durante 2017.

El Gobierno no ha aclarado qué pasó con esta factura, pero el presidente Donald Trump negó el viernes que su Administración hubiera efectuado el pago.

“No pagamos ningún dinero a Corea del Norte por Otto Warmbier, ni dos millones de dólares, ni nada”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Warmbier viajó como turista al país asiático a finales de 2015 con la empresa Young Pioneer Tours y, al término de su visita, fue detenido y sentenciado a 15 años de trabajos forzados, acusado de robar un cartel de propaganda del hotel en el que se hospedó.

Su muerte agudizó la escalada dialéctica que en 2017 mantenían Washington y Pionyang en medio de las continuas pruebas de armas del Gobierno norcoreano, y llevó al Departamento de Estado a prohibir que sus ciudadanos viajaran al país asiático, un veto que se mantiene hoy día.