Exintenventor de Empleo en caso ERE: “No somos una policía de investigación”

El exinterventor de la Consejería de Empleo Carlos González Laguillo ha declarado hoy -en la pieza política del caso ERE- que su función fiscalizadora está reglamentada y “el interventor delegado no es una policía de investigación, no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no podemos pretender ser salvadores del mundo”.

González Laguillo ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

A preguntas del fiscal y de varias defensas, el testigo -que fue interventor delegado de la Consejería de Empleo entre 2001 y 2003- ha asegurado que su misión fiscalizadora se limitaba a controlar el traspaso de fondos de Empleo (que concedía las ayudas) al ente público IFA (luego IDEA) mediante transferencias de financiación pero no para qué se destinaban.

No había fiscalización previa sino una mera contabilización en la que simplemente comprobaba que el órgano que emitía la transferencia de financiación era el competente y que conllevaba un calendario de pago, si bien el seguimiento del destino que se daba a esos fondos correspondía al interventor encargado del Control Financiero Permanente del ente que los recibía, en este caso IFA.

Una de las presuntas irregularidades que se investigan en este caso es el uso “inadecuado” de las transferencias de financiación ya que se trata de un instrumento financiero que se usa para que las consejerías hagan llegar fondos a los entes instrumentales para sus actividades propias, si bien en este caso se pagaban ayudas que concedía Empleo.

Sin embargo, González Laguillo ha señalado que ello era desconocido en la Intervención de la Consejería de Empleo porque su función está reglamentada y en este caso terminaba en comprobar que el dinero salía de Empleo e iba al IFA.

“Yo en lo que se lo gasta el IFA lo desconozco ni tengo que verlo. No me corresponde hacerle el seguimiento”, ha alegado, insistiendo que “si alguien le dice a IFA paga esto e IFA lo paga, la consejería no tiene ni idea”.

Y es que el testigo ha subrayado que su función se limitaba a comprobar que se cumplían los requisitos formales de las transferencias de financiación.

El letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández le ha preguntado entonces si el interventor debía ponerse “una especie de venda en los ojos”, a lo que ha contestado que “no tiene que ir más allá de lo que reglamentariamente se le indica que debe hacer”.

González Laguillo ha dicho desconocer el convenio marco de 2001 suscrito entre Empleo e IFA para pagar las ayudas a través de este ente público porque “no se ha publicado debidamente” y tampoco conocer muchos detalles del programa de ayudas, si bien ha dicho que “en aquel momento en absoluto” se podía vislumbrar en la Consejería de Empleo situación alguna de ilegalidad o anormalidad.

A preguntas del fiscal, ha ratificado la declaración que hizo en julio de 2012 ante la Guardia Civil en las que dijo creer que a raíz de los reparos de su antecesor a una ayuda a Hijos de Andrés Molina se implantó un sistema que evitaba la fiscalización previa, pero ha señalado que el interrogatorio de la UCO fue “un poco tenso y dialécticamente violento, con cierta presión” en la que sentía que le preguntaban más como “investigado” que como testigo.

En ese contexto enmarcó que hablara de que pudiera haberse producido un menoscabo de fondos públicos por “el mal uso de los créditos”.