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La Fiscalía abre 11 nuevas investigaciones a residencias y suman ya unas 170

Furgonetas de una residencia en Madrid.

EFE

Madrid —

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La Fiscalía ha abierto 11 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19 y son ya alrededor de 170 diligencias abiertas en todo el país, unas 80 solo en Madrid.

Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 25 de mayo sobre las diligencias de investigación incoadas por el ministerio público, a las que se unen 22 procedimientos en marcha en los distintos juzgados del país.

Las once nuevas diligencias de investigación se reparten en Castilla y León (3), Madrid (3), Cataluña (2), Galicia (2) y Castilla-La Mancha (1) si bien las investigaciones en estas dos últimas regiones -relacionadas con la adquisición y uso de material sanitario-, resta confirmar si se refieren a hechos ocurridos en residencias de mayores y/o establecimientos sanitarios.

Como cada semana, la Comunidad de Madrid encabeza el número de investigaciones en curso con 81 diligencias, seguida de Cataluña (32), Castilla-La Mancha (20), Castilla y León (17), Galicia (15), Extremadura (4), Aragón (2) y Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares con una en cada región.

Hay, además, siete comunidades en las que no consta ninguna investigación penal en curso: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco.

Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en los diferentes ámbitos territoriales tienen como origen denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares y asociaciones, entre otros, algunas “muy genéricas o de índole prospectiva”, lo que en ocasiones conduce a su archivo. Así ha sucedido esta semana con tres diligencias en Zaragoza, Asturias y Alicante.

Más allá de las investigaciones penales, la Fiscalía también ha impulsado alrededor de 190 diligencias de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por el país.

En estas actuaciones, explica la Fiscalía, “se solicita y recibe información actualizada de forma permanente” respecto de la situación de los centros de mayores.

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