La justicia de proximidad también se rebela contra Catalá: los jueces de Paz se sienten abandonados
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sumado un nuevo frente abierto después de la convocatoria de paros de jueces y fiscales que amenaza con culminar en una huelga general en mayo: el de los jueces de Paz. “Los Juzgados de Paz estamos que echamos humo. En todas las comunidades dicen lo mismo. Estamos abandonados, esa es la palabra”, explica a eldiario.es Félix Gallego, presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad de Madrid.
Esta asociación ha enviado un escrito al propio ministro Catalá y a la Comisión de Justicia del Congreso en el que piden una mejora en la retribución que recibe esta figura, la más desconocida de los órganos judiciales. Los jueces de Paz, presentes en todos los municipios en los que no hay ningún Juzgado de Primera Instancia, se encargan de mediar en los conflictos vecinales para intentar evitar las denuncias, pueden celebrar actos de conciliación, cumplen las funciones del Registro Civil y tienen capacidad para expedir certificados de defunción y nacimiento.
Los jueces y juezas de Paz no pertenecen a la carrera judicial −no tienen por qué ser titulados en Derecho− y son elegidos por la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento por un período de cuatro años. Pueden compatibilizar su cargo con otra actividad profesional y perciben una retribución sujeta a los Presupuestos Generales del Estado dependiendo de la población del municipio, que la Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad califica de “escasa” en el documento enviado al titular de Justicia. La cuantía se divide en cinco tramos, desde los 1.094,4 euros al año en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes a los 4.377,14 euros anuales en el último módulo, los municipios con más de 15.000 vecinos.
La Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad de Madrid critica que la retribución sea la misma pese a la diferencia del volumen de trabajo entre los Juzgados de municipios de 15.000 habitantes a los de 50.000 y 90.000: “Poblaciones como San Sebastián de los Reyes, Las Rozas o Tres Cantos pasan de los 50, 60 y 70 mil habitantes. Los módulos que actualmente rigen están totalmente obsoletos. Lo que pedimos es que un juzgado de 100.000 habitantes, qué menos que reciba el salario mínimo interprofesional”, explica Félix Gallego, presidente de la organización, en conversación con eldiario.es.
Realizan a Justicia tres peticiones fundamentales: un incremento en la dotación de los jueces que ejercen en poblaciones de más de 15.000 habitantes, que se aplique a esa cantidad la subida del 8% anunciada para los funcionarios y que la cuantía que perciben no esté gravada por el IRPF dado que no están unidos por una “relación funcionarial ni de empleo con la Administración”. En el documento que han presentado en el Congreso proponen una tabla que incluya otros dos tramos de población: de 25.000 a 49.999, y más de 50.000 habitantes. Las remuneraciones serían de 5.471,41 euros y 6.565,68, respectivamente.
Ponen sobre la mesa de Justicia la “disponibilidad total” del cargo, que requiere que estén de guardia sábados, domingos y festivos en caso de que, por ejemplo, se produzca un fallecimiento y tengan que firmar la licencia de enterramiento. Gallego, juez de Paz durante 24 años en Ciempozuelos, asegura que están en una “guardia permanente”: “Este pueblo tiene 27.000 habitantes, hay cinco residencias de la tercera edad y dos centros psiquiátricos. Hay mucho movimiento del Registro Civil. Estabas todo el día en el juzgado firmando defunciones. Si se cierra el juzgado a las 15.00 de la tarde del viernes, ¿qué pasa sábado y domingo?”. “La persona que se mete a juez de Paz es por vocación, no por ganar dinero. Al contrario: perdemos dinero”, incide.
Gallego reclama también mayores competencias para los jueces de Paz y un aumento de la dotación de medios materiales y humanos para reforzar los juzgados: “La justicia de primera instancia está atascada, hay que dar más competencias al juez de Paz y darle más medios, tanto materiales como humanos. Hay que reforzar los juzgados”.
Aunque el documento haya partido de la asociación madrileña, las peticiones se repiten en todo el territorio. “Los juzgados de Paz de las distintas comunidades estamos que echamos humo. Es la pura verdad. Es la misma situación en todas partes. Estamos en contacto, somos 12 o 13 asociaciones en España, y todos estamos abandonados. Esa es la palabra”, afirma.
Tercer frente para el ministerio de Catalá
El presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad de Madrid dice que hay un “desinterés” desde el ministerio que ahora encabeza Rafael Catalá por mejorar sus condiciones laborales, aunque la situación se ha alargado durante los años: “Estando de ministro López Aguilar [ministro de Justicia entre 2004 y 2007, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero], me reuní con él y la pregunta fue: 'Señor ministro, ¿usted valorará el trabajo de los jueces de Paz?'. Me dijo: 'Félix, ni lo valoramos ni tenemos dinero para pagar lo que hacéis vosotros'”, recuerda.
Las reivindicaciones de este colectivo se unen a las protestas iniciadas por jueces y fiscales esta misma semana tras la ausencia de avances en las negociaciones con Justicia, aunque desde la asociación aseguran que se trata de una coincidencia temporal. Jueces y fiscales están llamados a realizar paros parciales los jueves de cada semana durante un mes y, en caso de no haber acuerdo, convocarán en una huelga general el día 22 de mayo.
En junio de 2017 las asociaciones de fiscales firmaron un documentos con 14 propuestas de mejora en la Justicia −entre ellas, derogar los plazos máximos de instrucción o la paralización de la implantación de la justicia digital ante sus problemas de uso− que han sido ignoradas por el Ministerio. Los jueces, por su parte, reclaman reforzar su independencia, reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial o la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la Carrera Judicial.
