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El PP ya tenía ideología antes de Casado: las siete decisiones del Gobierno de Rajoy que la marcaron

El Ejecutivo popular intentó contrarreformar la ley del aborto, ha dejado sin efecto la ley de Memoria Histórica y aprobó varias normas con el rechazo de todos los grupos gracias al rodillo de la mayoría absoluta

Recopilamos una serie de siete medidas que sirven como ejemplo de la estela ideológica que marcó el equipo del expresidente y que ahora recoge Pablo Casado

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Casado y Rajoy mantienen la primera reunión en Génova tras el Congreso del PP

Casado y Rajoy en su primera reunión en Génova tras el Congreso del PP

La ideología del PP no es ni nueva ni desconocida. Pablo Casado ha explotado el discurso más próximo al ala conservadora del partido, pero el nuevo presidente no es ni mucho menos un verso suelto del PP que vaya a dar un giro a las bases ideológicas sobre las que se ha construido históricamente la organización política.

El tan repetido "giro a la derecha" del nuevo líder viene precedida de casi ocho años de Gobierno de Mariano Rajoy marcados por decisiones que han supuesto un retroceso (o al menos un intento) en cuestiones relacionadas con el aborto, la memoria histórica o los derechos laborales con contrarreformas sacadas adelante, en muchos casos, con el rodillo parlamentario que les concedió hasta 2015 la mayoría parlamentaria. Después vinieron otras también muy cuestionadas como la iniciativa, al calor del asesinato de Diana Quer, de ampliar la prisión permanente revisable y las cargas policiales del 1-O. Recopilamos una serie de ocho ejemplos. 

Un intento de retroceso en el aborto

Al ministro Alberto Ruiz-Gallardón intentar volver al pasado con la ley del aborto le costó el cargo. Recibió en 2012 el encargo, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, de acabar con la norma de plazos aprobada con el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero en 2010 que despenalizaba la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin tener que alegar motivos y extendía este plazo hasta la 22 en casos "graves  riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto".  

El texto, que finalmente quedó en un cajón por la gran contestación social del movimiento feminista y las discrepancias dentro del propio Gobierno donde había voces en contra, pretendía volver a una norma parecida a la de supuestos de Felipe González del año 1985 pero aún más dura: el punto más polémico es que reducía de tres a dos supuestos, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y violación. Y eliminaba el caso de malformación del feto.

Seis años de reforma laboral

La reforma laboral, aprobada por el Ejecutivo popular en 2012, lanzó a la trituradora sobre el telón de fondo de la crisis económica un buen manojo de conquistas laborales de los trabajadores y trabajadores.

Abarató y facilitó a las empresas el despido: eliminó los contratos con despido de 45 días por año trabajado y permitió a las empresas despedir con 20 días por año trabajado (y un tope de 12 mensualidades) y por un amplio abanico de causas económicas. La norma concedió a las empresas todas las facilidades para imponer este despido. Son los trabajadores los que tienen que recurrirlo judicialmente y pelear la indemnización de 33 días si consideran que este no estaba justificado por alguna causa económica o de la producción.

Además, las empresas ya no necesitan autorización laboral para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE), que tienen que negociar con los trabajadores. Eso sí, si no hay acuerdo, el empresario puede imponer su decisión. Los despidos también pueden ser llevados a cabo por las administraciones públicas, que pueden desprenderse de su personal laboral y hacer un ERE con requisitos similares a los de las empresas. 

El PP la sacó adelante la reforma en soledad parlamentaria y sin acuerdo con los agentes sociales. Los sindicatos y los partidos de la oposición ven en la norma el origen de la precarización laboral y la devaluación salarial de los últimos años.  El índice de precariedad elaborado por Eurostat señala que el 56,8% del empleo creado en España es precario frente al 22% en el conjunto de la Unión Europea.

Una ley de Memoria Histórica que no se aplica 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado sin efecto la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 y que preveía destinar presupuesto estatal a financiar exhumaciones de represaliados enterrados en fosas comunes. El nuevo Ejecutivo popular, bajo las órdenes de Soraya Sáenz de Santamaría, recortó en su primera ley de Presupuestos casi un 60% de la cuantía que había reservado José Luis Rodríguez Zapatero el año anterior.

Ese mismo año se suspendió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar las exhumaciones. Y en 2013, directamente se eliminó todo el presupuesto. Desde entonces hasta hoy, el Ejecutivo dedicó año tras año cero euros a esta partida pese a los continuados toques de atención de Naciones Unidas, que de nada han servido. Las intervenciones arqueológicas han estado financiadas por algunas regiones, asociaciones de derechos humanos y particulares. 

Las sanciones de la 'ley mordaza'

La ley de Seguridad Ciudadana o ley Mordaza, como se la conoce popularmente, entró en vigor el 1 de julio de 2015 gracias a su aprobación el 26 de marzo por parte de la mayoría absoluta del PP de Rajoy en el Congreso y con el voto en contra de toda la oposición.

La norma, que establece sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros para las infracciones más graves, aumentaba el margen de discrecionalidad que las fuerzas de seguridad pueden tener a la hora de imponer sanciones.

De esta forma, protestar cerca de instituciones como el Congreso, perturbando su funcionamiento, supondría una sanción que iría desde los 30.001 euros hasta los 600.000. Si una persona se niega a ser identificada por la policía, debería pagar una multa de entre 601 y 30.000 euros.

La ley incluye otras polémicas sanciones para actividades como iniciar una manifestación a través de redes sociales, consumir drogas, fotografiar a la policía sin autorización, utilizar punteros láser para señalar a pilotos o conductores o incluso frenar un desalojo de una vivienda. Desde su aprobación hasta diciembre de 2016, en poco más de un año, la Policía multó a más de 1.200 personas al mes por "faltas de respeto a los agentes".

Amnistía Internacional denunció que la Ley Mordaza provoca "indefensión, desmoviliza, persigue y criminaliza a activistas, periodistas y movimientos sociales que lleva a cabo acciones de protesta pacífica" y el diario estadounidense The New York Times llegó a afirmar que la ley recordaba "los peores días del régimen de Franco y no procede en una sanción democrática".

La prisión permanente revisable

Endurecer las penas de prisión ha servido de bote salvavidas al PP en algunos momentos críticos. La última vez que resurgió la cuestión, bajo la amenaza del nuevo reparto de poder en el Congreso para derogarla,  coincidió con los asesinatos de Diana Quer y el niño Gabriel. En febrero el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para ampliar la prisión permanente revisable, instaurada en 2015, y sobre la que todavía debe pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre un recurso presentado por varios grupos (entre ellos PSOE e IU). 

El Ejecutivo quería ampliar en cinco supuestos, hasta los 13, esta pena. Pero los intentos se quedaron por el camino en un pleno bronco al que se invitó a familiares de víctimas mediáticas. El PP pidió a la oposición que al votar 'no' les "miraran a los ojos". En marzo perdieron la votación en el Congreso, con la que se pretendía tumbar con una enmienda a la totalidad una iniciativa del PNV para derogarla. 

Las cargas policiales del 1-O

En una continua escalada de tensión entre el Govern de Catalunya y Moncloa, Puigdemont convocó un referéndum el día 1 de octubre de 2017 para que fuesen los ciudadanos catalanes los que decidiesen sobre la independencia de su territorio. La consulta ilegal fue suspendida por el Constitucional, pero la reafirmación de los partidos independentistas de celebrarlo y la negativa de Rajoy a que esto sucediese dio como resultado un mes de septiembre en el que el Estado intentó desarticular por todos los medios la consulta.

A pesar de la intervención de imprentas, la investigación de Ayuntamientos, el bloqueo de páginas web, la prohibición a los medios de hacer publicidad institucional del referéndum, la implantación de un mecanismo de control de los pagos del Govern y la detención de miembros del ejecutivo catalán, más de dos millones de personas, según el Govern, salieron a votar el 1-O.

Un despliegue de 6.000 agentes, que costó 87 millones de euros, intentó impedir la celebración de la votación desde primera hora de la mañana retirando urnas, interviniendo papeletas y desalojando los colegios electorales con una violencia que fue señalada incluso por la Comisión Europea: "La violencia no puede ser un instrumento en política", afirmó Margaritis Schinas, portavoz de Jean-Claude Juncker.

Las imágenes de las cargas policiales en Catalunya dieron la vuelta al mundo: heridos por pelotas de goma, porrazos, empujones, cargas contra multitudes y desalojos forzosos. Según el Govern, el balance de heridos de ese día ascendió a 893 personas. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, calificó la actuación policial de "legítima, profesional y proporcionada".

Después del 1-O vendría la Declaración Unilateral de Independencia, la aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía catalana y la detención de los líderes independentistas. 

Más control sobre RTVE

El PP modificó por decreto en 2011 la forma de elección del consejo de administración de RTVE. Eliminó la exigencia de consenso de dos tercios del Congreso de 2006 para que bastara con la mayoría absoluta de la que disfrutaba entonces el grupo parlamentario. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría justificó la medida por el "grave" problema de gestión en RTVE ante la falta de presidente desde julio de 2011. 

En 2017 el Congreso inició la vía parlamentaria para intentar revertir este cambio. No ha sido fácil. Se aprobó por consenso a través de una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos, incluido el PP, que intentó torpedear el proceso y quedó inconcluso. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha regulado con un decreto más la marcha atrás de la reforma popular de 2012 aunque será, dicen los socialistas, solo de aplicación transitoria. 

Las salidas de tono del último presidente la corporación elegido sin consenso, José Antonio Sánchez, han sido constantes, como también las quejas de los trabajadores y trabajadores sobre la manipulación informativa que tuvieron su clímax con los viernes negros que precedieron a la moción de cesnura. 

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