El juez imputa a seis ex altos cargos del Gobierno de Castilla y León por adjudicar un edificio sin “objetividad ni transparencia”
Seis años después, la investigación del caso Perla Negra, el edificio de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León adjudicado ilegalmente y con sobrecostes millonarios, ha escrito su penúltimo capítulo. El juez de Instrucción número 2 de Valladolid ha dictado auto de imputación contra 12 personas, seis de ellas ex altos cargos de los Gobiernos de Juan Vicente Herrera.
Los delitos por los que se sentarán en el banquillo son tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho. En el banquillo se sentará la cúpula de la Consejería de Economía cuando la dirigía el entonces vicepresidente del Gobierno Tomás Villanueva. El fallecimiento inesperado de este político malogró su declaración en la causa donde también estaba siendo investigado.
En la lista de personas que se serán juzgadas por estos graves delitos figura el ex secretario general de Economía y viceconsejero, Rafael Delgado y la exviceconsejera Begoña Hernández. El auto judicial abre procedimiento abreviado, primer paso para que se enjuicien los hechos después de más de 5 años de instrucción y la imputación de 27 personas. El juez ha sobreseído la causa sobre cinco investigados más, entre ellos está el abogado Jesús Rodríguez Recio, al que se llegó a considerar testaferro de Delgado y que está imputado junto a él en otro de los grandes casos de corrupción que sacuden a la región, la ‘Trama Eólica’.
El diagnóstico del juez a la hora de mandar a los imputados al banquillo es demoledor: en la gestión de ese edificio público “se favoreció a la empresa adjudicataria, que recibió información privilegiada de altos cargos” en una operación urbanística cuya gestión careció “objetividad y transparencia”. En el procedimiento ha quedado acreditado que la promotora Urban Proyecta PM3 recibió antes de que se publicasen, los detalles del concurso de licitación y que se las hizo llegar al estudio de arquitectura que realizó el proyecto por encargo. El auto judicial pone de relieve que se creó una mesa de contratación “ad hoc” para que la adjudicación recayese en esa promotora.
El juez además hace un repaso sobre cómo se inició la operación con un alquiler con opción a compra, o cómo se implicó en la compra a la empresa pública Gesturcal, de difícil control administrativo, y se detiene sobre la falta de informes de Hacienda para afrontar la compra.
Por el edificio se pagaron 71 millones de euros a pesar de que las tasaciones que encargó la Junta de Castilla y León, estimaban que su valor oscilaba entre los 39 y los 41 millones. El consejo de Gesturcal, la empresa que debía hacer la compra sólo fue informada de una tasación de 52 millones. A Unifica Servicios Integrales, el mismo despacho de arquitectura que reformó la sede del PP en Madrid con dinero negro, se le adjudicaron obras interiores en el inmueble por 4.4 millones de euros. A dedo, sin concurso y sin que mediase licitación de ningún tipo.
El caso Perla Negra abarca también la creación de un polígono empresarial en la localidad de Portillo, con unos suelos rústicos que compraron empresarios, algunos de ellos relacionados con la promotora. La Junta los compró después a precios inflados por la recalificación. El juez apunta que la operación se hizo “a espaldas” del órgano competente con el objetivo de favorecer a ciertas empresas ligadas a Urban Proyecta PM3. Otro de los empresarios beneficiarios de la trama fue el exconsejero delegado de Excal, la oficina de Internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, así como su hermano Francisco.
El juez también menciona al ya fallecido Tomás Villanueva, a quien ya no se puede exigir “responsabilidad criminal”.
