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La Policía investiga si en la estafa de la funeraria de Valladolid se incineraron cadáveres sin ataúd

Las fotografías tomadas por el denunciante de la trama, un extrabajador de la funeraria vallisoletana, muestran cómo se sacaban los cuerpos de los féretros

Los investigadores apuntan a un fraude millonario originado por la reventa de los féretros que no se incineraban

La jueza deja en libertad a todos los detenidos excepto al dueño del Grupo El Salvador y a su hijo, en cuya casa se halló un millón de euros en metálico

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OCU aconseja a afectados por fraude ataúdes reunir documentación y denunciar

Agentes de Policía, recopilan documentación en uno de los registros de las funerarias del Grupo El Salvador, en Valladolid. EFE

La Policía Nacional investiga si la trama de los tanatorios de Valladolid incineró cadáveres directamente en el horno crematorio, sin ataúd. Es una de las sospechas que manejan los investigadores y está avalada por las fotografías aportadas en un pen drive por el extrabajador del grupo funerario El Salvador que denunció la estafa. Algunas de las imágenes, según fuentes del caso, muestran cómo los cuerpos eran extraídos de sus féretros en la propia sala de incineración, una vez que se corría la cortinilla que evita que los allegados vean como el ataúd entra en el horno. En esas fotografías no se aprecia la existencia de una segunda caja.

La hipótesis de que algunos de los cuerpos hayan sido incinerados directamente sin introducir en ningún féretro cobra fuerza a tenor de las pruebas incorporadas al sumario, que investiga un fraude millonario derivado de la reventa de los ataúdes que no se quemaban. 

Según fuentes de la investigación, los análisis de las cenizas que se puedan hacer posteriormente no garantizan obtener datos determinantes sobre la existencia o no de madera en ellas. Las altas temperaturas de la incineración, a 700 grados centígrados, no dejarían demasiados vestigios, por lo que las fuentes consultadas aseguran que las imágenes aportadas a la investigación serán una pieza fundamental.

Además de estas fotografías, el trabajador, que fue condenado por intentar extorsionar a los propietarios de El Salvador pidiendo dinero a cambio de no revelar esas prácticas irregulares, aportó documentación muy valiosa y que ha armado la causa durante más de un año de investigación. Las fotos y la documentación han servido no sólo para reunir pruebas, también para identificar a parte de los afectados por una estafa que se cometió, según la Policía, durante más de veinte años, entre 1995 y 2015.

De los 15 detenidos en la primera fase de la Operación Ignis, bautizada así por el nombre del dios del fuego, 13 fueron puestos en libertad el pasado sábado, tras pasar a disposición judicial. La jueza de Instrucción 6 de Valladolid, Teresa Jabato, acordó la libertad provisional y mantiene cargos contra ellos. Para el dueño de Grupo El Salvador acordó prisión comunicada sin fianza, mientras que para su hijo decretó prisión eludible con 800.000 euros de fianza. En casa del primero, la policía halló cerca de un millón de euros en metálico durante los registros.

Los 15 detenidos están siendo investigados por delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos. El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían, indicaron las mismas fuentes. Una práctica similar habría tenido lugar con las coronas y ramos de flores que se encargaban en la funeraria y que eran utilizadas en varios entierros tras revenderlas a distintas familias.

La investigación tiene su origen en 2017. En el marco de esta causa, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga. Tras dichos registros, el Juzgado acordó levantar el secreto en la pieza principal. Se mantiene secreta una pieza separada. 

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