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Rivero insiste en que la moratoria turística no se analizará antes del primer año

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha insistido este martes ante el Pleno del Parlamento en que la moratoria turística no se analizará hasta que se cumpla el primer año de su puesta en marcha --previsto para mayo-- pese a las reivindicaciones de instituciones y colectivos empresariales de Gran Canaria.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, ha señalado que la ley lleva un "tiempo corto" de desarrollo y además se está "culminando" el reglamento para "complementar algunas lagunas que había". Asimismo, ha destacado la mejora en el acceso al crédito para fomentar la rehabilitación, con más de 1.800 millones cerrados, y la firma de un convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) para agilizar 32 licencias.

"No es un pecado representar dos modelos de sociedad. Ustedes apuestan por la privatización de servicios y nosotros no. Apuestan y respeto, pero no comparto, el uso indiscriminado del suelo, y nosotros, que el territorio es el bien más apreciado de las islas y un valor añadido para el turismo", ha indicado.

En esa línea, ha dicho que "la mayor parte de los ciudadanos" apoya la opción del Gobierno, y ha incidido en que "lo importante" de la ley es acometer la renovación del sector turístico para "apuntalar" su competitividad.

Según el presidente, ya hay unas 9.000 camas de cuatro estrellas concertadas en Gran Canaria para suscribir planes de modernización. "Cuando se cumpla un año, evaluaremos la ley para ver si hay que introducir medidas complementarias", ha remachado.

Por el Grupo Popular, su portavoz, Australia Navarro, ha recordado que Rivero se comprometió a buscar alternativas para que todos los agentes del sector turístico tuvieran encaje en la ley, y le ha pedido que escuche a su comité de expertos y "elimine las barreras" para posibilitar el desarrollo empresarial y la creación de hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria.

En su opinión, Rivero "no conoce los problemas reales de Canarias", que en todo caso, "no se arreglan con la Constitución, la reforma del Estatuto o llamando a un referéndum", ha explicado.

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