La Abogacía del Estado acusa a la Guardia Civil de “deslizar sospechas” y “generar suspicacias” en su informe del 8M

Un escrito de la Abogacía del Estado, incorporado a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir el 8M, acusa a la Guardia Civil de “deslizar continuas sospechas” y “generar suspicacias” en el informe que le reclamó la jueza en el marco de esa causa. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación feminista del 8 de marzo cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus. 

“La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación, perjudicial para la investigación y para el investigado, ya que genera aclaraciones posteriores, sucesivas, que hacen más complejo el análisis global de toda la información cuando no generan suspicacias, que son de todo punto innecesarias  y podrían evitarse dando el tiempo necesario para cumplir adecuadamente esos requerimientos”, dice el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en alusión a su crítica a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de ejercer una instrucción apresurada pese a la situación generada por la pandemia. 

La abogada del Estado Rosa María Seoane dice que el instituto armado ha actuado con “claro sesgo acusatorio” y acusa a la jueza de promover ese informe pese a que estaba pendiente resolver el recurso de apelación presentado por la Abogacía al auto que dio inicio a la causa. De hecho, el escrito, que ha adelantado El País, El Paísrecuerda que ni la Fiscalía se pudo pronunciar “oportunamente” antes de que se desenvolvieran todas las diligencias acordadas ni la Audiencia Provincial ha revisado la “legalidad” de la forma de proceder de la instructora. 

El órgano dependiente del Ejecutivo asegura en otra parte de este escrito que el citado informe de la Guardia Civil no incluye “ningún análisis de evidencias científicas” y que sólo incorpora “referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa”. Según publicó eldiario.es, ese informe, que contiene contiene clamorosos errores y bulos ya desmentidos, incluye también declaraciones que han negado testigos interrogados. La tesis del instituto armado en ese documento es que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios. 

A este respecto, la Abogacía del Estado señala que, a la luz de ese informe de la Guardia Civil, “parecería que lo que se persigue, lo sospechoso y lo criminalmente reprobable es gestionar la desconvocatoria voluntaria por los organizadores de una concentración en un momento, a partir del día 9 de marzo, en el que la situación epidemiológica en Madrid cambió de forma sustancial”.

En este recurso, que tendrá que resolver la propia jueza, la Abogacía del Estado insiste en que se está vulnerando el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías. Así, sostiene que se está “cercenando el derecho de defensa” al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto como consecuencia de la suspensión de plazos procesales decretada en el estado de alarma, lo que está provocando al investigado una “indefensión material, reiterada y continuada”.

La Abogacía del Estado también se refiere de manera extensa al informe del forense, adelantado por El Español, que confirmó la “imposibilidad de establecer la relación de causalidad” entre las concentraciones convocadas y los contagios por la COVID-19, pero que también estableció que “de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Para la defensa del delegado del Gobierno esta última afirmación “no tiene ningún sustento científico ni técnico y el forense no la razona, ni argumenta ni la apoya en ningún dato objetivo”. 

Es por eso que pide a la jueza que reconsidere la decisión de pedir al forense que amplíe su informe en lo relativo precisamente a esa última afirmación. La abogada del Estado cree que es una diligencia “innecesaria, impertinente e inútil” para la investigación del delito de prevaricación y “sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”. 

El escrito también desliza las tesis de defensa de Franco, que mantiene es “falso” que los organismos internacionales, como la OMS o el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública comunitaria, recomendaran antes del 8M cancelar eventos multitudinarios sin distinción alguna, algo que asegura la Abogacía del Estado que obvia el forense. Seoane cita, por ejemplo, un informe del 2 de marzo del ECDC que recomendaba la cancelación de eventos según el grado de expansión en cada zona.