Todos los acusados, incluidos Louzán y Piñeiro, niegan fraude y prevaricación

Pontevedra, 20 nov (EFE).- Los ocho implicados en la presunta trama de fraude y prevaricación por unas obras en el campo de fútbol de Moraña, entre ellos el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y la actual delegada de la Xunta, Luisa Piñeiro, han negado que haya habido irregularidades.

El fiscal aseguraba que sobre la licitación original, adjudicada a la empresa Eiriña por un millón de euros, se ideó un “sistema artificioso y en fraude de ley” para abonar a la constructora unos 86.000 euros por un presunto sobrecoste relativo a unas obras ejecutadas y no contratadas.

Para ello, reitera la acusación, se organizó una segunda adjudicación a la que se invitó a otras dos empresas como “mero trámite” y que fue adjudicada de nuevo a Eiriña, mediante una partida de libre disposición del presidente provincial, por esa misma cantidad reclamada.

El empresario Enrique Alonso Pais, dueño de Eiriña, ha asegurado en el juicio que no consensuó “con nadie” la licitación de estas obras ni acordó que terceras compañías presentaran “presupuestos de compromiso” para darle legalidad a esta contratación irregular.

“Me pagaron la obra y no hubo ningún tipo de problema”, ha dicho Alonso Pais, que a pesar de reconocer que mantenía una relación “cordial” con Louzán ha negado que urdieran esta trama para compensar las pérdidas que acumulaba su constructora.

En la misma línea se ha manifestado el entonces director general de Eiriña, Jaime Alvariñas, que ha defendido que las obras se ejecutaron “correctamente” y fueron contratadas a través de un proceso en el que concursaron “muchas empresas”.

Durante este tipo de trabajos, ha añadido, “hay cosas que pasan, imprevistos”, por lo que se modificó el proyecto para añadir “cambios” solicitados, entre otros, por el presidente del club de fútbol y por la alcaldesa de Moraña, “y se cobró todo” sin amaños o acuerdos “de ningún tipo”.

El entonces director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, Manuel Juanatey, ha defendido la legalidad de la tramitación de los dos contratos de obras y, con respecto al modificado, ha afirmado que se licitó ante las “necesidades detectadas” para mejorar el campo.

Rafael Louzán ya no declaró ante el tribunal porque su abogado, al único al que iba a responder, renunció a su testimonio.

Explicó que todas las preguntas que le iba a hacer ya habían sido respondidas por los responsables de Eiriña y por los técnicos de la Diputación.

Luisa Piñeiro, por su parte, ha reiterado que la contratación, la adjudicación y el pago de estas obras fue gestionada “totalmente” por el gobierno provincial y ha garantizado que Eiriña “nunca” le reclamó que le abonaran “ciertas cantidades” de dinero por los supuestos sobrecostes.

“Nosotros pedimos una subvención y nos han hecho un campo de fútbol”, ha concluido.

Los abogados de los acusados han pedido, entre otras cuestiones formales, la nulidad de la instrucción al entender que el juzgado de primera instancia de número 7 de Vigo, que dirigía la Operación Patos, carece de “competencia territorial” para investigar estos hechos y que se hizo una instrucción “prospectiva” sin abrirse por un delito en concreto.

Además, han reclamado la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas -ya avaladas en su día por la Audiencia de Pontevedra- y sus transcripciones al entender que son “totalmente ilegales”, ya que se autorizaron seis meses antes de iniciarse esta investigación y no se custodiaron de manera adecuada; y han advertido que se ha vulnerado el derecho de defensa.

El abogado de Luisa Piñeiro, por su parte, ha solicitado que se retiren los cargos de fraude contra ella, tras alegar que, en todo caso, éstos habrían prescrito.

Ha recordado que la investigación sobre la exalcaldesa de Moraña se inició en 2019, por lo que habrían pasado más de cinco años desde las obras investigadas, cuyo expediente se remonta a 2011.

Sobre esta cuestiones, a las que se ha opuesto el fiscal, decidirá la juez en sentencia.