Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 para Luis Medina por el caso mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina en el denominado 'caso mascarillas'. En su escrito de conclusiones, el fiscal considera a Luceño responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública. A Medina le atribuye estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

El escrito de Anticorrupción asegura que los 6,24 euros por unidad que el Ayuntamiento pagó por cada una del millón de mascarillas adquiridas a los comisionistas “fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto”. Ocurrió igual, afirma la Fiscalía, con los test Covid (16,03 euros por unidad), “con gran diferencia, el más alto que pagó un ayuntamiento español de cualquier gran ciudad.

“La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”, relata el escrito del fiscal Luis Rodríguez Sol.

En su relato de hecho, Anticorrupción expone brevemente como Luis Medina y Alberto Luceño llegaron a ofrecer el material al Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular. Según el fiscal, Luceño recurrió a Luis Medina, hermano del duque de Feria e hijo de Naty Abascal, porque es “una persona conocida en la vida social española” y con la intención de que “buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones interesadas en la adquisición de ese material”. Anticorrupción no precisa qué otras instituciones fueron contactadas y si, en todo caso, eran de otro signo político.

“Con la anterior información, y a través de una amiga común, Luis Medina consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta”, añade Anticorrupción.

Continúa el relato Anticorrupción con el contacto entre Luceño y Elena Collado, ex secretaria de Estado de Función Pública en el Gobierno de Rajoy y a quien el Ayuntamiento de Madrid encargó la compra de material sanitario para sus trabajadores. Luceño, dice la Fiscalía, se presenta como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición”, movido por un “ánimo altruista”. “En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación, ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista”, concluye el fiscal.

La oferta que hace Luceño de los productos que a su vez proceden de la malasia Leno son 1 millón de mascarillas KN95 (6.683.000 millones de dólares), 2,5 millones de pares de guantes de nitrilo (5 millones de dólares) y 250.000 test rápidos (4.250.000 dólares). “Estos precios los impuso Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid diciendo que era el precio fijado por el exportador. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir”, recoge el escrito de conclusiones. Para recalcar el carácter altruista de su operación, dice la Fiscalía, los comisionistas regalaron 283.000 mascarillas al Consistorio.

Engaño entre presuntos estafadores

El escrito también recoge cómo Luceño confeccionó un documento para hacer creer a Luis Medina que ambos cobrarían 1 millón de euros en comisiones “si bien el primero había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarillas”. Solo por este tipo de material, Luceño otubvo en total 3 millones de euros en comisiones. Para obtener los 4 millones de euros de comisiones solo en mascarillas, los comisionistas inflaron el precio en un 148%. Los Ayuntamientos de Barelona y Zaragoza adquirieron en la misma época las mismas mascarillas por 2,5 euros y 1,6 euros, respectivamente, frente a los 6,24 desembolsados por Madrid.

El escrito de conclusiones recupera igualmente el episodio de los guantes de nitrilo y cómo el Ayuntamiento pagó por unos inservibles, por llegar solo hasta la muñeca y no proteger hasta el codo. La estafa se sustenta en el hecho de que la cantidad devuelta por los comisionistas al Ayuntamiento coincide con la comisión que se iban a llevar, 4 millones de dólares. Con todo, el Consistorio se quedó con unos guantes inservibles para los sanitarios por unos 900.000 euros que repartió “entre empleados municipales que no eran personal sanitario, como fue el caso de la Empresa Municipal de Transportes”. “En síntesis, el Ayuntamiento de Madrid desembolsó 952.212,20 euros por unos guantes que, comprados en un supermercado, habrían costado 416.666,66 euros, es decir, pagó un sobreprecio de 535.545,54”.

Capítulo aparte merece en el escrito el episodio de los test rápidos de los que solo se utilizó una de las tres partidas recibidas: “De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable”. El responsable de Madrid Salud no creyó el argumento de Luceño de que el problema era el diluyente y que el comisionista enviaría nuevas partidas de este. Para cuando aterrizaron en Madrid, el Consistorio ya había comprado y desembolsado dinero público para otros test. Madrid pagó 16,03 por unidad mientras que Barcelona pagó, por ejemplo, 7,36 euros. Todo ello revierte en la acusación por estafa agravada, que supone una petición de condena de 7 años de cárcel a cada uno.

Todo tipo de documentos falsos

Respecto a la falsificación, Anticorrupción describre la retahíla de documentos falsos que Luceño y Medina presentaron a sus respectivos bancos para justificar tan abultados e inmediatos ingresos, así como una factura falsa en el caso del primero. Es por ello que son acusados ambos de falsedad en documento mercantil, con pena aparejada de dos años de cárcel. Luceño tendrá que hacer frente a otra petición de dos años de cárcel por falsificación de documento oficial, entre ellos una placa de agente del CNI.

Por último, Anticorrupción describe cómo Alberto Luceño creó el 26 de mayo de 2020 una sociedad, Takamaka Investements SL, a la que él luego facturó el trabajo. “Si Alberto Luceño hubiera incluido estos ingresos en su declaración del IRPF, con un tipo progresivo muy superior al del Impuestos de Sociedades, habría tenido que pagar una cuota de 2.010.901,58 euros. Sin embargo, al declararlos como ingresos de la empresa solo ingresó a las arcas públicas 659.515,29 (...) dejando de pagar 1.351.386,29 euros”, dice la Fiscalía, que pide para él 4 años de cárcel por delito fiscal.

Además, los acusados, según la Fiscalía, deberán indemnizar a la Funeraria pública madrileña, que adelantó el dinero público, 7.852.580,21 euros entre ambos, a los que hay que sumar 1.351.386,29 que Luceño le debe a Hacienda. Anticorrupción insta a decomisar los bienes que por ahora están embargados hasta alcanzar los 4,6 millones en el caso de Luceño y 912.700 euros en el de Medina.

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