La asociación de víctimas de Pilar Manjón acusa a Derechos Sociales y Hacienda de abocarla al cierre

La Asociación 11M Afectados de Terrorismo, fundada por Pilar Manjón, advierte de que “se ve abocada” al cierre por una sanción impuesta por la Agencia Tributaria en relación con la falta de justificación de una ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, al que también responsabiliza de la situación. y que asciende, con multas y recargos, a más de 65.000 euros. Desde el departamento que dirige Ione Belarra aseguran que la asociación no ha cumplido con las “obligaciones” que implicaba la subvención y que no se le puede dar “un trato distinto al de restantes entidades”.

La asociación de víctimas de atentados yihadistas explica en una nota que recibió una subvención en 2012 de 49.500 euros para las labores que realizan de atención a los afectados de atentados terroristas y sus familiares, tanto de asesoramiento jurídico, tratamiento psicológico, etc. Este tipo de subvenciones se adelantan y la cantidad entregada se gasta en el ejercicio siguiente y, a continuación, se justifica ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. La Asociación 11M Afectados de Terrorismo asegura que en 2014 remitió la justificación de la subvención al Ministerio “consistente en el informe favorable de un auditor de cuentas externo”, en el que se detallaba a dónde había ido a parar el dinero de la subvención y a la que se adjuntaba “el resto de documentación requerida”.

El siguiente episodio se produce tres años después, en 2017, todavía con el Gobierno del PP. El Ministerio requiere a la Asociación 11M para que entregue los documentos originales de los gastos, según la versión de ésta. “No es hasta cuatro años más tarde [ya con el actual Gobierno], cuando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sin poner en duda la correcta ejecución del programa subvencionado, nos requiere el reintegro de 42.494,36 euros, al no aceptar los justificantes de gastos en los que no figura el sello de imputación a la subvención, denegando la posibilidad ofrecida por la Asociación de subsanar el defecto, meramente formal”, añade la nota de la asociación, presidida en la actualidad por Eulogio Paz, padre de un adolescente que falleció en los atentados del 11M.

La Asociación fundada por Manjón recurrió la decisión por vía administrativa y el reintegro quedó suspendido, pero entonces la Agencia Tributaria dictó una providencia de apremia exigiendo el pago con un recargo del 10%. Esto ocurrió, según la nota, “en pleno mes de agosto y con el recurso aún sin resolver”.

Según la misma versión, la asociación impugnó la decisión de la Agencia Tributaria y contactó con el subdirector general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. “Reconoció el error cometido, nos pidió disculpas, se comprometió a emitir cuanto antes el certificado acreditativo de la suspensión que le solicitamos para tratar de anular la providencia de apremio e, incluso, nos instó a no formalizar el pago. Sin embargo, después de semanas de infructuosa espera y de insistentes intentos de contactar con él o algún otro responsable, terminó retractándose y negándonos el certificado prometido y que, por ley, están obligados a emitir”, afirma la Asociación 11M Afectados de Terrorismo. A continuación, el 6 de octubre, les fue notificado el embargo de créditos, por lo que tuvieron que abonar un total de 51.538,09 euros, lo que incluye los recargos acumulados pero no los intereses del principal, que acaban de recurrir, y que ascendería a 14.131,47 euros.

Fuentes de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales aseguran, por contra, que la asociación “no ha justificado la subvención recibida, según las normas aplicables que le eran conocidas en el momento de acceder a la misma” y recuerdan que el Ministerio de Derechos Sociales “está obligado a aplicar estas normas en la revisión de las justificaciones, conocidas e incumplidas por la entidad, y dar traslado a Hacienda”.

Para el organismo público, la jurisprudencia que rige la concesión y justificación de las subvenciones “es clara y hay que aplicarla”. “A la hora de comprobar que una subvención se ha gastado conforme a derecho, hay que cumplir con la finalidad de la subvención y con los requisitos formales de justificación, sobre todo, como es el caso, cuando estos requisitos están hechos para evitar fraudes”, añaden.

Con todo, dicen desde la Dirección General, la Asociación Afectados 11m ha sido atendida por el el ente público, que mantuvo una reunión con sus representantes e intercambió “varias llamadas y correos electrónicos”. “Se les ha atendido y acompañado en el proceso, pero no se les puede dar un trato distinto al de las restantes entidades, máximo cuando el origen de la situación actual es que la citada entidad no ha cumplido con sus obligaciones, libremente aceptadas, cuando accedió a esa subvención”, añade la fuente oficial. Por último, el Ministerio señala que una vez se ha constituido una deuda con la Agencia Tributaria, el departamento “pierde el control de la misma”.

La Asociación 11M insiste en calificar de “intolerable” la actuación del Ministerio y de la Agencia Tributaria. Asegura que la providencia de apremio fue dictada pese a que la Asociación solicitó la suspensión de la resolución de integro dentro del periodo voluntario de pago sin haber recibido contestación de la Administración. Según su interpretación, “se entiende acordada la suspensión por silencio administrativo desde el 24 de mayo de 2021” siendo la providencia de 7 de agosto. “Es nula de pleno derecho”, concluyen. Según la asociación, “estas incongruentes, desproporcionadas y sangrantes actuaciones radican en el delito de no haber estampillado unos documentos”.

Desde la asociación vaticinan que los recursos administrativos y judiciales “serán resueltos tarde” y que ya no resolverán el daño económico y reputacional causado. En este sentido, aseguran que no pueden hacer frente a las actividades pendientes de realizar antes de final de año, desde las ayudas médicas o sociales a la participación en la causa por los atentados de Barcelona y el seguimiento y control de los condenados por el 11-M, así como en otros de la vía civil en el que asesoran y defienden a las víctimas. “La asociación se ve abocada al cierre”, concluyen.