Las asociaciones de fiscales exigen al Gobierno blindar su autonomía frente a los superiores antes de sustituir a los jueces en las investigaciones penales

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que pretende un cambio total en las investigaciones penales en España para que las asuman los fiscales y los jueces pasen a vigilar que el proceso cumple con todas las garantías divide a las asociaciones de jueces y fiscales, que oscilan entre el rechazo frontal y un respaldo, aunque con matices, al anteproyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros. En lo que coinciden todos los colectivos es en reclamar al Gobierno un blindaje de la autonomía de los fiscales antes de permitirles dirigir las investigaciones y una dotación de medios materiales y profesionales que permita implantar “con garantías” el mayor cambio en la historia de la Justicia española. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora la reforma, pero que no se implante hasta al menos dentro de seis años porque tienen que ponerse en marcha antes medidas “operativas” y “legislativas” intermedias.

El proyecto cuenta con el rechazo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que insiste en que los jueces son “los únicos garantes de una instrucción plenamente imparcial e independiente”. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de carácter moderado, pone objeciones al hecho de que el anteproyecto se haya presentado sin delimitar antes de qué forma se va a “reforzar la garantía de imparcialidad y de imagen de imparcialidad” del Ministerio Fiscal. Mientras que la progresista Jueces y Juezas para la Democracia es partidaria de la reforma, aunque pide intensificar la autonomía de los fiscales para evitar injerencias del Gobierno de turno. 

El borrador, que tiene que pasar por los organismos consultivos y luego aprobarse en el Congreso, sí cuenta con el aval, aunque en distinto grado, de las principales asociaciones de fiscales. Defienden que equiparará a España al entorno europeo, donde al fiscal le corresponde investigar, ejercer la acusación y sostener la acción penal en el juicio, mientras que el juez es quien garantiza los derechos y garantías del imputado y de terceros. No obstante, la Asociación de Fiscales (AF), conservadora y mayoritaria, cree que antes debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen los jueces; mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se muestra partidaria, en todo caso, de aumentar la “autonomía de funcionamiento” de los fiscales respecto de sus superiores. 

El anteproyecto prevé que los fiscales se organicen en equipos autónomos con un coordinador y que puedan tener a su disposición unidades policiales, expertos y peritos, lo que, según el borrador, permitirá “restringir” la “intervención  jerárquica” de los órganos directivos de la Fiscalía cuando surjan discrepancias de criterio dentro de cada equipo. Pero para ello hará falta una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento de la Fiscalía, que el Gobierno se compromete a llevar al Parlamento en un plazo de un año desde que esta reforma se publique en el BOE. 

Preguntado por esta cuestión, el ministro, Juan Carlos Campo, juez de profesión, dijo este martes que existen “mil razones” para modificar el citado estatuto, al que se harán “retoques” que no determinó pero que, explicó, irán encaminados a posibilitar que los fiscales realicen sus nuevas funciones “con absoluto apego a la legalidad”. El pasado febrero, en una intervención en el Congreso, se mostró partidario de “potenciar” las “salvaguardas legales” que permiten a los fiscales oponerse a las instrucciones de sus superiores si no las consideran ajustadas a Derecho, pero tampoco especificó en qué sentido.

La actual redacción del estatuto establece que el Gobierno es el encargado de elegir al fiscal general y su cese se vincula al del Ejecutivo que lo ha nombrado. Pero, en el medio, no puede destituirlo y existen unas causas establecidas de remoción: a petición propia, por enfermedad incapacitante o por incumplimiento “grave o reiterado” de sus funciones. Las relaciones con el Gobierno también están tasadas. El Ejecutivo puede dirigirse al fiscal general para pedirle que actúe en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación, pero el jefe del Ministerio Público no está obligado a obedecer. Eso sí, cuando decide ignorar una petición del Ejecutivo debe hacerlo con una resolución “razonada”. 

Además, la institución se rige por el principio de jerarquía: los fiscales deben obedecer a sus jefes directos. No obstante, en caso de discrepancia, el artículo 27 del estatuto permite someter a la junta de fiscales –el principal órgano asesor del fiscal general del Estado– las discrepancias con las órdenes de sus jefes, si bien sus dictámenes no son vinculantes. 

Reforzar los “contrapesos”

Teresa Peramato, presidenta de la UPF, se muestra partidaria de “reforzar” mecanismos como la junta de fiscales “como contrapeso que permita aumentar el nivel de autonomía funcional de los fiscales”, si bien no cree que haya un problema de falta de independencia del fiscal general. “Con la reforma del Estatuto de 2007 se obtuvo un amplio grado de blindaje al acabar con la facultad que tenía el Gobierno de cesarlo en cualquier momento. Otra cosa es que este sea un buen momento para que las unidades que se van a poner en marcha ganen en autonomía funcional respecto de sus superiores”, sostiene. 

La conservadora Asociación de Fiscales va mucho más allá y plantea que la nueva ley no puede implementarse sin una reforma en profundidad del estatuto que, entre otras medidas, evite que el mandato del fiscal general coincida con el del Gobierno; dé más facultades en materia de nombramientos al Consejo Fiscal, el órgano asesor donde están representadas las asociaciones pero cuyo criterio no es vinculante; o permita al Ministerio Público tener la autonomía presupuestaria de la que goza el Consejo General del Poder Judicial.

Algunas de estas medidas son vistas con buenos ojos por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), cuyo portavoz, Jorge Fernández Vaquero, cree que cuestiones como que el mandato del fiscal general esté vinculado al del Gobierno “perjudica la imagen de imparcialidad” de la institución. “Es un cambio de modelo que no se puede abordar sin delimitar antes de qué forma se va a reforzar la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal. No se ha hecho en un orden lógico”, añade este juez, que cuestiona que sea un momento idóneo para abordar esta reforma por el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general. 

También es partidaria de intensificar la autonomía de los fiscales para evitar injerencias del Gobierno de turno la magistrada Ascensión Martín, portavoz de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia. “La reforma me parece positiva, actualiza el sistema acusatorio, nos equipara a Europa y el respeto a los derechos fundamentales estará garantizado por los jueces. Pero sí estoy de acuerdo en que se debe modificar el estatuto para que los fiscales dirijan las investigaciones con la misma independencia con la que ahora lo hacen los jueces de instrucción”, asevera.

La jueza María Jesús del Barco, de la conservadora APM, considera que el incremento de las “salvaguardas legales” que permiten a los fiscales oponerse a lo que le mandan sus jefes no será suficiente para garantizar la “debida imparcialidad que tiene que tener la Administración de Justicia”. “Mientras el fiscal general sea nombrado a propuesta del Gobierno no hay nada que hacer, pero para cambiar eso se requiere una reforma de la Constitución. Así que cualquier ciudadano puede pensar que el Gobierno puede instrumentalizar a los fiscales y decirles a quién tienen o no que investigar”, añade. Este sistema de elección, similar al de Alemania, Portugal, Austria, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia o Suecia, no es objeto de debate en la actualidad por parte del Ejecutivo. De hecho, el actual ministro lo ha defendido de forma reiterada. 

“Con este sistema han ido a prisión exministros de Economía, se ha condenado a presidentes de comunidades autónomas e incluso a miembros de la familia real. Cambiar un sistema que funciona no tiene sentido”, insiste Del Barco. Los fiscales, sin embargo, defienden el cambio de modelo. Aseguran que ellos son los que realmente saben qué pruebas se necesitan para sostener la acusación en el juicio o, en su caso, pedir el archivo de los procedimientos. Y que el papel de los jueces debe limitarse al enjuiciamiento y a ejercer de jueces de garantías. “No solo estamos capacitados, sino que por nuestra formación y posibilidad de trabajar en equipo tenemos una serie de ventajas que harán que las investigaciones sean más rápidas y eficaces”, sostiene Peramato, de la UPF. 

Medios materiales y profesionales  

Del Barco, por otra parte, cuestiona la oportunidad de poner en marcha en este momento una reforma tan ambiciosa. “¿Realmente es esta la necesidad de la Administración de Justicia? Realmente, no. Necesitamos más dotación de medios, un estudio de la planta judicial, reformas legales que eviten que se judicialice todo… Y además nadie está hablando de lo que va a costar. Un cuerpo de funcionarios no se improvisa. No vamos a tener de un día para otro 2.000 fiscales más. No se puede hacer a coste cero”, afirma. 

Todas las asociaciones critican que no se haya hecho una estimación de los medios materiales y profesionales que serán necesarios en una administración que arrastra una situación endémica de saturación y escasa financiación. “Obviamente hay que hacer cambios estructurales para dotar al Ministerio Fiscal de medios materiales y personales para que podamos hacernos cargo de estas funciones con garantías de efectividad”, sostiene la fiscal Peramato. 

La inversión pública necesaria que requiere este proyecto es también una “barrera objetiva” para el juez Fernández Vaquero, que sostiene que no se trata solo de un tema de plantilla —habrá que duplicar la plantilla de fiscales, que ahora ronda los 2.500— sino incluso de infraestructuras, pues muchas fiscalías no tienen ni siquiera edificios acondicionados para estas nuevas funciones; o de desarrollo tecnológico, que está más avanzado en los juzgados. “Es un cambio que presupuestariamente exige un estudio muy minucioso”, sentencia.