El Ayuntamiento de Palma descarta que se celebrase una fiesta ilegal en el cuartel de la Policía Local pero sanciona a tres exagentes que accedieron sin permiso

Pese a haber transcurrido dos semanas, la tensión continúa sobrevolando el cuartel de Sant Ferran de Palma. Las investigaciones abiertas por el Ayuntamiento de la ciudad para averiguar si la noche del 13 de abril se celebró una fiesta presuntamente ilegal dentro de la comisaría de la Policía Local han descartado cualquier tipo de irregularidad en lo que a exceso de aforo permitido se refiere. El Consistorio afirma que lo que se llevó a cabo fue una cena de despedida de un compañero a punto de jubilarse “a la hora habitual y en el lugar habitual” donde suelen merendar y descansar quienes se encuentran de servicio.

Sin embargo, las pesquisas sí se han saldado con el relevo de los dos responsables del turno y con tres expedientes de sanción debido a que en el acto participaron tres exagentes cuya entrada no había sido autorizada.

Aunque el Consistorio de la capital balear elude ofrecer detalles sobre la identidad de las “personas ajenas al servicio” que accedieron aquella noche a las dependencias policiales, fuentes próximas a los presentes en la cena corroboran a elDiario.es que se trata de los dos agentes denunciados por homofobia por parte de la exmiembro del cuerpo y actual concejala de Justicia Social, Sonia Vivas. Uno de ellos, es hermano del funcionario policial que se encontraba en su último día de servicio previo a la jubilación.

Cabe recordar que ambos fueron condenados a sendas penas -confirmadas en enero por el Tribunal Supremo- de tres años y cinco meses de prisión y de un año y tres meses por un delito de coacciones, al que se suman los de denuncia falsa y falso testimonio en el caso de uno de los dos encausados. Un tercer funcionario policial investigado en su día en el caso 'Cursach' también acudió a la cena. 

Todos ellos -agentes de servicio y los tres externos al mismo- se juntaron en el espacio en el que hace más de diez años se ubicaba el bar del cuartel, reconvertido desde entonces en comedor para que los efectivos policiales puedan merendar y distenderse en sus momentos de descanso. La sala, habilitada para un máximo de 20 personas de todas las unidades de servicio durante las 24 horas del día, tiene unos 60 metros cuadrados, varias máquinas expendedoras y mesas con dos sillas a sus extremos en cumplimiento de la normativa sanitaria.

Ante la polémica generada, la concejala de Seguridad Ciudadana -área desde la que se impulsó la investigación de los hechos-, la socialista Joana Maria Adrover, y el jefe de la Policía Local, José Luis Carque, han comparecido este martes para explicar qué sucedió de acuerdo a las indagaciones llevadas a cabo. “Tras la investigación se constata que, ese martes, un grupo acompañó a un compañero en su último día de servicio. Entraba en periodo de vacaciones para después jubilarse. Esa noche tuvo lugar la cena habitual del turno habitual a la hora habitual y en la sala habitual, y no se superó el aforo máximo permitido”, ha recalcado en varias ocasiones la regidora.

Sin embargo, la controversia se centra ahora en quienes participaron en el evento sin autorización y, por lo tanto, permanecieron fuera de sus respectivos domicilios y dentro del cuartel más allá de la hora de inicio del toque de queda, entonces fijada a las 22.00 horas, lo que, asevera Adrover, “supone haber incumplido la normativa y no haber respetado el plan de contingencia de la Policía Local dirigido a minimizar los contagios”.

En concreto, el Ayuntamiento ha acordado como medida cautelar mientras continúa abierta la investigación relevar como coordinadores de turno a los dos responsables de la tarde-noche y se ha propuesto la apertura de un expediente contra ambos, que podrían ser leves, graves o muy graves. En este último caso, la amonestación conllevaría su apartamiento del servicio durante más de tres meses e, incluso, su traslado forzoso y cambio de destino. Mientras tanto, se han levantado tres actas contra los tres expolicías por incumplir el toque de queda.

Se trata de unos hechos que, ha lamentado la regidora, “hacen mal a la institución de la Policía Local y a la confianza de los ciudadanos y un daño injusto a la imagen del cuerpo”. No en vano, Adrover se ha afanado en defender con contundencia el trabajo actual de la Policía Local, cuya imagen se ha visto seriamente afectada en la última década a tenor de las múltiples detenciones llevadas a cabo en el marco de investigaciones que destaparon una presunta estructura policial dirigida a proteger los intereses del magnate del ocio en Baleares, Bartolomé Cursach.

“La Policía Local se encuentra en un momento de sumar y de encarar un proyecto de reconstrucción dirigido a devolver el servicio a la ciudadanía de la forma más optima posible. La presencia de esas tres personas no es motivo para lastrar la imagen de la Policía Local”, ha aseverado la edil socialista.

Los hechos no tardaron en levantar la polvareda en la capital balear e incluso dieron paso a la recriminación política. Mientras el alcalde, José Hila (PSIB-PSOE), mantenía la cautela y pedía prudencia a la espera de recabar más información sobre lo sucedido, Podemos recriminaba que la regidora de Seguridad Ciudadana “nunca se ha dejado aconsejar” por parte de quienes conocen “en profundidad” cuál es el funcionamiento interno del cuartel de Sant Ferran.

“Policías condenados y sospechosos de corrupción hacen un pulso para demostrar que Sant Ferran les pertenece”, remarcaban desde la formación morada, lamentando que, desde el PSIB-PSOE, se perciba como “injerencia” lo que “siempre ha sido disponibilidad para una mejor gestión” de la Policía Local. “Un colectivo que pasa por momentos complejos y que no podrá mirar hacia delante mientras se permita que los de siempre sigan utilizan la corporación como si fuese su casa”, aseveran.

Precisamente, la regidora de Podemos Sonia Vivas hacía pública ayer, en su cuenta de Twitter, una carta dirigida “a los funcionarios que, desde hace años, habéis secuestrado la Policía Local de Palma. A esos que, desde el minuto uno en que pedí amparo a la Justicia por el acoso que padecía, convertisteis mi día a día en el mayor de los suplicios”.

En esta línea, la misiva arremete con dureza contra quienes han “abierto las puertas de la Comisaría a delincuentes que han cumplido y cumplirán condena de nuevo por maltratarme durante años dentro del mismo cuartel en el que los recibís entre risas, abrazos y alabanzas. A los que tenéis amordazados a todos los policías honrados y honestos, mientras apuntáis con una pistola a la cabeza de todo el sistema de derecho. A los que sembráis el miedo fuera y también dentro. A los que me llamabais mentirosa por denunciar un acoso del que muchos de vosotros erais conocedores”.

La actual regidora y activista de los derechos de las mujeres recrimina, además, la actuación de quienes “generasteis corrientes de opinión sobre mí para que me fuera imposible resistir el día a día en mi puesto de trabajo, provocando para que me fuera” y a los que “os habéis esforzado en pintarme como una mala persona para poder tener un solo argumento de peso con el que construir algo sólido que justificara que me merecía el acoso”.