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Los bandazos del PP para renovar el Poder Judicial: de controlar el Supremo “por la puerta de atrás” a pedir un mediador

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante su encuentro este viernes en el Congreso. EFE/ Chema Moya

Aitor Riveiro

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Otra reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sin acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y van tres desde que el líder del PP tomó las riendas del partido, en abril de 2022. Eso sí, Feijóo y Sánchez han pactado retomar las negociaciones, pero con la intermediación de la Comisión Europea. El jefe de la oposición planteó este viernes la supervisión de una figura internacional, y se comparó con lo que le han exigido Junts y ERC al Ejecutivo: “Si del Gobierno no se fían sus propios socios nosotros tampoco podemos fiarnos”. Un nuevo giro, una nueva petición para la colección que el PP acumula desde hace un lustro, el tiempo que la derecha mantiene bloqueado el órgano de gobierno de los jueces.

El bloqueo comenzó con Pablo Casado en 2018 y continúa con el dirigente gallego. Ambos han encadenado excusas y reclamaciones para impedir una renovación que interesa más allá de las fronteras de España, en Bruselas. Desde la Comisión Europea abogan en público y en privado desde hace muchos meses por una solución inmediata que no llega. Y no llegará, de momento. Pese a que el pasado viernes se pactó retomar las conversaciones, ninguno de los implicados se atreve a poner fecha a un hipotético acuerdo.

Feijóo llegó a la cúspide del PP con la vitola de presidente autonómico moderado, dialogante, pactista y alejado del ruido que había dominado a la dirección de su partido desde que Casado la asumió en el verano de 2018. Pero quien más cerca estuvo de cerrar el acuerdo fue precisamente Casado ese mismo año. De hecho, PP y PSOE cerraron la lista de los nuevos 20 vocales del CGPJ, quienes elegirían como presidente del Tribunal Supremo a Manuel Marchena. Pero un sms filtrado a la prensa desde dentro del propio PP dio al traste con el pacto.

“Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidiendo la sala 61”, dejó escrito el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea”, alardeó. Marchena, señalado directamente por el mensaje, renunció. El PP bloqueó el acuerdo. Y hasta hoy.

La historia se repitió en octubre de 2022, cuando se desbarató el acuerdo que PP y PSOE tenían al alcance de la mano. Siete meses antes, Feijóo había aterrizado en Madrid con una colección de pactos de Estado que ofreció al presidente del Gobierno en su primera reunión formal en el Palacio de la Moncloa como jefe del Ejecutivo y líder de la oposición. Ambos acordaron “reiniciar” la negociación para renovar el CGPJ.

Las conversaciones se perfilaron en el otoño de ese mismo año. Justo cuando el Gobierno negociaba con ERC el apoyo a los Presupuestos Generales. Los independentistas exigieron la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Una negociación que nunca se ocultó y que corrió pareja a la que el Ejecutivo mantenía con el PP para el Poder Judicial.

El acuerdo PSOE-PP estaba ya prácticamente cerrado no solo en la renovación del CGPJ. Feijóo había logrado imponer, además, buena parte de su agenda y ampliar la negociación a otros ámbitos: entre otras, la reforma de los nombramientos del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía General del Estado, así como limitar la influencia de las Cortes Generales en la designación de vocales del Poder Judicial.

Pero la presión de la derecha mediática y del propio PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, dio vértigo a Feijóo, quien mandó parar. El gallego consideró “imposible” negociar en una mesa mientras en la de al lado se cerraban las reformas del Código Penal que exigían los independentistas. “Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE”, zanjó. Un año después, Feijóo se desdice de sus propias palabras.

Cadena de excusas

En los cinco años que el PP ha evitado renovar el CGPJ, cuya composición responde al resultado de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, tanto Casado como Feijóo han transitado de una excusa a otra para justificar su rechazo a negociar la renovación, o a bloquearla cuando se acercaba su culminación.

Casado rompió las negociaciones por culpa de una filtración de su propio partido, que dejó señalado a Marchena. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo renunció al encargo, lo que reseteó las conversaciones.

El entonces líder del PP, hoy desaparecido de la vida pública, puso luego diferentes pretextos para no avenirse a renovar el CGPJ y mantener de paso una mayoría conservadora que duplica ya el mandato que la Constitución establece para los vocales del órgano. Por ejemplo, las críticas del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a Juan Carlos de Borbón y su exilio en Abu Dabi en plena investigación judicial de sus finanzas. “No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”, dijo Casado. Era verano de 2020 y la pandemia dominaba la conversación.

Ese mismo año el PP estrenó la novedosa petición de que 12 de los 20 vocales del CGPJ los elijan los jueces en solitario, y no el Congreso y el Senado, como ocurre desde los años 80 del siglo pasado. Una reforma de la ley que el PP nunca ha planteado cuando ha tenido la mayoría parlamentaria, ni siquiera durante las dos absolutas que le permitían legislar a su antojo. De hecho, Alberto Ruiz Gallardón redujo como ministro de Justicia la independencia del órgano. Antes de llegar a 2021, el PP de Casado también esgrimió como excusa el ‘sí’ de EH Bildu a los Presupuestos del ejercicio siguiente.

Con el nuevo año, Casado vio cómo su partido se estrellaba en las elecciones en Catalunya: últimos, con 3 escaños; la mitad que Ciudadanos y casi un tercio menos que Vox. La reacción: anunciar la venta de la sede nacional de la madrileña calle de Génova (que nunca se produjo) y retomar las conversaciones con el Gobierno para renovar determinadas instituciones.

El PP logró un pacto para que el Congreso designara un nuevo consejo de administración para RTVE tras una extraña votación que echó al traste con el nuevo sistema de designación pactado en el Parlamento. Pero el CGPJ volvió a quedar bloqueado, esta vez porque Casado vetó las dos propuestas de Unidas Podemos: la jueza Victoria Rosell (entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) y el también magistrado  José Ricardo de Prada, a quien el PP ha vuelto a señalar en público este mismo mes.

Luego llegaron las elecciones autonómicas en Madrid o los indultos. Todo excusas para no renovar el CGPJ, mientras sí se desbloqueaban otros órganos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos e incluso un tercio del Tribunal Constitucional. Pero no el Poder Judicial. Casado se enfangó contra Isabel Díaz Ayuso y el partido optó por defender a la baronesa madrileña y buscar en Galicia al “barón de barones”, el hombre de las cuatro mayorías absolutas, para intentar ganar a Pedro Sánchez en las urnas y pacificar el partido.

Feijóo: no, no y no

Casado aspiraba a sustituir rápido al primer Gobierno de coalición que se constituía en España desde el primer tercio del siglo XX. Pero el Ejecutivo le sobrevivió. En el PP que controlaba Teodoro García Egea hacían el cálculo de que la coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, con una compleja mayoría parlamentaria, decaería por sí misma. 

Es la misma cuenta que echan ahora en el número 13 de la calle de Génova de Madrid, donde fantasean con que el Gobierno de PSOE y Sumar no supere el 2025. Es el mismo equipo que daba por hecho que Sánchez no superaría las elecciones de julio de este 2023.

Y mientras tanto, el PP de Feijóo mantiene una posición maximalista. Todo o nada. Pese a no tener la mayoría suficiente (ni ahora ni en la pasada legislatura), la derecha aspira no solo a un reparto al 50% de los vocales del Consejo, sino a imponer su reforma del sistema de designación para el futuro, pese a que el Congreso ya la ha rechazado en varias ocasiones. Y Feijóo lo tuvo en su mano. Pero no lo hizo. “Le temblaron las piernas”, según palabras del Gobierno en aquel octubre de 2022.

Desde entonces, el líder del PP ha mantenido una bamboleante negativa. Unas veces acepta renovar primero y cambiar el sistema de nombramiento después; otras, la exigencia pasa por renovar el CGPJ ya con una nueva ley. 

Siempre con la bandera de la independencia judicial que mandata Bruselas por delante. El problema para el PP es que la Comisión Europea ha dicho que hay que acometer ya el desbloqueo del CGPJ y, luego, renovar la ley. De hecho, el comisario Didier Reynders, con quien el PP presume de afinidad pese a no compartir grupo político, no ha dicho que el sistema propuesto por los de Feijóo sea el único aceptable.

En mayo, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, Feijóo elevó al máximo la tensión al decir que era imposible la renovación si no se imponía su sistema. El fiasco del 23J ha hecho retroceder el ímpetu del líder de la oposición, quien ahora vuelve a la casilla de renovar y reformar “a la vez”.

Pero en estas ha llegado la ley de amnistía. Una aparente línea roja para Feijóo que, a diferencia de lo que ocurrió con la sedición y la malversación, no imposibilita el acuerdo. Lo dificulta, pero no es motivo de ruptura, al menos de momento. Tampoco la moción de censura en Pamplona con la que el PSOE aupará a la Alcaldía a EH Bildu. Pese a que el PP ha dicho que mantenerla supondrá “un antes y un después en la política nacional en general y en las relaciones PP-PSOE en particular”, Feijóo ha optado por reiniciar las negociaciones sobre el CGPJ y dejar casi cerrada la reforma para cambiar la palabra “disminuidos” en la Constitución, que ocurrirá a principios de 2024, siempre que Feijóo no vuelva a cambiar de opinión.

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