Ruz ve delito en la destrucción de los discos duros por el PP y envía el caso a Plaza Castilla
La entrega al juez del 'caso Bárcenas' de dos ordenadores del ex tesorero sin sus discos duros no será gratis para el PP. El juez Pablo Ruz cree que hay indicios de comisión de los delitos de daños informáticos y encubrimiento en esa acción y ha decidido por ello enviar la causa a un Juzgado ordinario de Plaza Castilla, al no ser competente para investigarla.
Ruz ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía se opusiera a la solicitud de varias acusaciones del 'caso Bárcenas' para que se investigaran los hechos. El Ministerio Público alegaba que esas pesquisas no aportarían nada de interés a la causa. Y puede que así sea finalmente, pero la posible “relevancia penal” de la destrucción del material informático, según un auto del juez Pablo Ruz, obliga a que sean investigados en un juzgado competente.
El Partido Popular (PP) destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento una sala que tenía a su disposición en el edificio. Ahora, Ruz señala que “en fecha indeterminada, y en todo caso posterior al 21 de abril -día que la Policía se personó en Génova-, se procedió por persona no identificada a la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tuvo asignados Bárcenas”. Y el PP lo hizo, señala el magistrado, aún sabiendo de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional y en la que insisten indicios de presunta financiación irregular del partido.
El juez advierte a la formación que el Código Penal de 2010 sitúa a personas jurídicas, caso del Partido Popular, como posibles responsables del delito de daños informáticos, no así de encubrimiento.
Continuará en la cárcel
El juez Ruz cree que ninguna de las razones que llevaron a encarcelar a Bárcenas el 28 de junio ha cambiado. A día de hoy sigue habiendo, según el juez, riesgo de fuga, de obstrucción de la investigación y de destrucción de pruebas. Bárcenas, sospecha el juez, sigue teniendo dinero escondido en el extranjero. Y eso, sumado a que se enfrenta a una larga condena y a que que resta poco para que acabe la instrucción y se abra juicio oral, puede ser una tentación demasiado grande para que el antiguo guardián de las finanzas del PP decida fugarse.
En los motivos por los que deja a Bárcenas en prisión, Ruz dibuja los flecos quequedan por cerrar a la investigación. El principal, averiguar si el ex tesorerosigue teniendo dinero oculto en el extranjero. En este punto, Ruz cita unacuenta abierta en un banco de Montevideo, que habría recibido 800.000 eurosentre abril y mayo de 2011 desde una de las cuentas suizas de Luis Bárcenas. Dela misma forma, añade el juez, se ignoran los datos de otra cuenta en el HSBCde Nueva York que recibió 2 millones de euros por una supuesta inversión en lafinca argentina de La Moraleja que,según los testimonios recabados, es falsa.
¿De quién es el dinero?
¿Quiénestá detrás de las cuentas ‘Obispado’, ‘Ranke’ y ‘Rosalía’ abiertas en elLombard Odier suizo?, se viene a preguntar el juez en el auto. Y esainterrogación lleva a otra de las claves del caso: ¿es sólo dinero de Bárcenaso este esconde la identidad de sus verdaderos dueños? Igualmente, Ruz dicemantener dudas sobre otra cuenta en Bahamas, también de Lombard Odier.
“Lo anterior resulta revelador acerca de la estimación por parte de esteinstructor, así como por la Sala de lo Penal, de una razonable presunción sobrela permanencia de un importante patrimonio vinculado al imputado señor Bárcenasmás allá de las fronteras españolas y por ende, determinando la dificultad desu incautación judicial (…)”, escribe Pablo Ruz en el auto por el que deniegala libertad a Bárcenas.
Además, Ruz vuelve a recordar el episodio de Isabel McKinley, la supuesta marchante de arte con la que Bárcenas habría firmado en Argentina una compra-venta de cuadros que resultó ser falsa. Los documentos fueron incorporados a la causa por el ex tesorero, que ahora se enfrenta a un delito relativamente reciente en el Código Penal, tentativa de estafa procesal. Si lo hizo una vez, viene a plantear Ruz, por qué no lo iba a hacer si queda en libertad.
En otro auto, el magistrado llama a declarar Antonio de la Fuente en calidad de testigo el próximo 30 de septiembre. De la Fuente fue cuñado de Bárcenas y hasta hace poco jefe de seguridad de la sede central del PP, en la calle Génova.
En un cuarto auto, Ruz pide información sobre un contrato de 'leasing' inmobiliario realizado por la empresa Conosur Land, propiedad de Bárcenas, para la compra deun todoterreno Land Rover y que fue detectada por el Servicio de Prevención deBlanqueo de Capitales del Banco de España el pasado 30 de julio.
