Bulos, exclusivas y una condena: cronología del caso que ha terminado con el fiscal general inhabilitado

La Agencia Tributaria pone en marcha una inspección contra las empresas de Alberto González Amador. Durante la pandemia ganó varios millones de euros pero su factura fiscal, incluso, disminuyó.

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Tras saber que su caso acabará en los tribunales, el abogado de Alberto González Amador contacta con la Fiscalía y la Abogacía del Estado y lanza una propuesta: su cliente reconoce haber defraudado 350.000 euros, paga una multa y acepta una condena simbólica de cárcel. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", dice el mail.

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El Ministerio Público, después de meses de investigación de la Agencia Tributaria, denuncia en los juzgados de Madrid a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsedad documental. Incluye en la denuncia a cuatro personas más y varias empresas.

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La información del caso llegó el 6 de marzo al periódico. Dos periodistas de elDiario.es que trabajaban en el caso contactan tanto con Alberto González Amador de forma directa como con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para recabar su versión. Ambos rechazan hacer comentarios.

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"La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla". elDiario.es publica en exclusiva que la Fiscalía ha denunciado a Alberto González Amador. En los próximos días, más informaciones revelarán las tripas del entramado defraudatorio del empresario.

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El fiscal Julián Salto, que había investigado a González Amador, escribe a su abogado Carlos Neira para mandarle la denuncia que ya ha presentado contra él. Retoma el ofrecimiento del empresario del 2 de febrero y recuerda que, si quiere, puede pactar llegado el momento.

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La pareja de Ayuso mantiene puntualmente informado de su caso a Miguel Ángel Rodríguez desde hace meses y esa mañana, con la primera información del caso, le rebota un mensaje que le ha mandado su abogado poco antes: el correo del fiscal Salto y la indicación de su propio letrado de que estaba negociando "un condenado y multa mínima".

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La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que la denuncia contra su pareja es un montaje contra ella. Dirigentes del PP suscriben su versión. José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, recibe una información de fuentes de la Fiscalía de Madrid que contradice la versión de Ayuso: su pareja lleva semanas negociando una confesión.

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Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la SER, acude a una cita con una fuente que le muestra el correo con la confesión que el abogado Carlos Neira había presentado en nombre de la pareja de Ayuso un mes antes

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Los responsables de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid empiezan a recibir llamadas de periodistas con una alerta: el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso está difundiendo una información inédita y, por el momento, sin publicar. Que la Fiscalía ofreció un pacto a la pareja de Ayuso y que lo ha retirado por órdenes de la cúpula. "Todo sucio", proclama. Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, contacta con el fiscal general, alerta ante la difusión del bulo.

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El periódico El Mundo publica su primera información: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales". Un titular que daba a entender que la iniciativa de pactar había sido del Ministerio Público, aunque había sido al revés. Esa información ya citaba el email del fiscal Salto que González Amador había rebotado a Miguel Ángel Rodríguez un día antes. A las 21.34 el fiscal general reclama todos los correos a sus colaboradores y a las 21.38 tiene una llamada no contestada de un periodista de la SER.

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El fiscal Julián Salto está en un partido de fútbol cuando recibe las llamadas y mensajes de sus superiores solicitando los correos. Entre otros envía a Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, el email de 2 de febrero en el que González Amador ofrecía un pacto.

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Álvaro García Ortiz obtiene el correo con la confesión de la pareja de Ayuso. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, se lo rebota a su correo personal.

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La Sexta publica en su página web la primera información que explica cómo se han desarollado esas conversaciones: "La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales y uno de falsedad documental". Los mensajes internos de la cadena desvelan que ya manejaban esa información, al menos, desde las 21.54 horas: antes que el fiscal general.

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"Haz lo que veas". Según su propia versión, en algún momento González Amador autoriza a Miguel Ángel Rodríguez a difundir el correo del fiscal Salto que él mismo le había remitido el día anterior. El jefe de gabinete de Ayuso lanza entre decenas de periodistas la versión falsa que llevaba moviendo desde las siete de la tarde: que la oferta de pacto de la Fiscalía se había frustrado por "órdenes de arriba". Varios medios lo publican poco después. A las 22.41 horas culmina su estrategia con un tuit.

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La emisora del grupo Prisa informa en antena de aspectos concretos del correo del 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador admitía que "ciertamente" su cliente había defraudado al fisco. La información llega a la web a las 23.51.

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Álvaro García Ortiz recopiló, poco antes de la medianoche, el último correo que le faltaba para "cerrar el círculo", en sus propias palabras. El que el fiscal Salto había remitido al abogado Neira día y medio antes comunicando la denuncia. Empiezan las conversaciones internas en la Fiscalía para emitir un comunicado al día siguiente.

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Después de horas de negociaciones y tiranteces entre la Fiscalía General y la de Madrid, el Ministerio Público remite un comunicado a los medios de comunicación. Un documento que explica cómo el abogado de la pareja de Ayuso fue el primero en ofrecer un pacto el 2 de febrero.

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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) carga desde el principio contra la Fiscalía por el comunicado al entender que revela datos secretos de la defensa de González Amador y es el primero en presentar una querella. Incluso antes que la pareja de Ayuso, que acude a los juzgados un día después. Acciones penales que, por ahora, apuntan a la Fiscalía de Madrid como responsables del comunicado.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite las querellas y abre una investigación contra dos fiscales: Julián Salto, que investigó y denunció a la pareja de Ayuso, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Los dos declararon en unas diligencias que, en ese momento, no investigaban la filtración del correo sino el comunicado de prensa de la Fiscalía para desmentir bulos sobre el caso.

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El juez instructor, tras dos meses de investigación, archiva la causa contra el fiscal Salto y eleva el caso al Tribunal Supremo para que investigue a Álvaro García Ortiz después de que él mismo se haya declarado máximo responsable del comunicado sobre la pareja de Ayuso.

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La Sala de lo Penal acepta investigar a García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, aunque cambia el objeto de la causa: ya no considera delictivo el comunicado, sino la supuesta filtración de la confesión a los medios la noche anterior. Ángel Hurtado es declarado instructor.

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Un día después, la misma sala rechaza varias querellas que acusaban a la ministra María Jesús Montero de revelar datos secretos del expediente tributario de la pareja de Ayuso. Los jueces alegan que, para cuando ella hizo declaraciones, esos datos ya circulaban por las redacciones periodísticas.

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El juez pone en marcha la diligencia clave del caso: envía a la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid para recabar correos, mensajes y datos sobre la filtración. El registro dura casi todo el día.

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Las partes tienen acceso al informe clave de la Guardia Civil que analizó los mensajes y correos de la fiscal Pilar Rodríguez. Los agentes reconstruyen las maniobras de la Fiscalía en marzo para obtener los correos y emitir un comunicado y concluyen que el fiscal general tuvo un papel "preeminente" en ese proceso.

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El jefe de gabinete de Ayuso comparece ante el juez Hurtado y reconoce varias cosas: que "Alberto Quirón" le pasó un correo del fiscal Salto, que él lo había repartido entre decenas de periodistas y que el 13 de marzo difundió su bulo a sabiendas de que era mentira.

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Álvaro García Ortiz comparece como investigado en el Supremo y niega haber filtrado el documento o haber dado orden de hacerlo. También denuncia ante Hurtado que su investigación está vulnerando sus derechos. Sus colaboradores imputados, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, también niegan haberlo filtrado a la prensa. Un día antes, otra sala del Supremo había confirmado el nombramiento de García Ortiz como fiscal general.

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Varios informes de la Guardia Civil constatan dos aspectos fundamentales del teléfono del fiscal general: no habló con periodistas por teléfono en la noche del 13 de marzo y borró todos sus mensajes después de saber que el Supremo había abierto una causa contra él. La Fiscalía enmarca este borrado en una medida periódica de seguridad.

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Hurtado decide levantar la imputación que pesaba sobre el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, al entender que no hay pruebas de que participara en la supuesta filtración. Sí participó, de forma reglamentaria, en la dación de cuentas para obtener información del caso.

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Hasta media docena de periodistas de elDiario.es, El Mundo, El País, La Sexta o la SER, entre otros, han comparecido como testigos en el caso y han afirmado que, de una u otra manera, conocieron el correo o las negociaciones de la pareja de Ayuso horas o incluso días antes que el fiscal general.

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Alberto González Amador comparece ante el juez Hurtado por primera vez y reconoce varias cosas: que dijo "haz lo que veas" cuando Miguel Ángel Rodríguez pidió permiso para difundir correos del caso y que nunca consintió que su abogado aceptara 8 meses de cárcel en su nombre. Su abogado, Carlos Neira, comparece un día después para asegurar que sí informó puntualmente al empresario de lo que implicaba su confesión.

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El magistrado entiende que hay indicios suficientes para que Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez sean procesados por la filtración e incluye una acusación inédita: difundieron la confesión de la pareja de Ayuso siguiendo "indicaciones" de Moncloa.

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Alberto González Amador solicita pena de prisión para el fiscal general y una indemnización de 300.000 euros que el juez terminará dejando en una fianza de 75.000 euros. El fiscal general pide la absolución por falta de pruebas y apuntando a la "operación orquestada" del entorno de Ayuso.

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La Sala de Apelaciones confirma el procesamiento de García Ortiz pero pone varios reparos a la última decisión de Hurtado: retira las alusiones a las "indicaciones" de Moncloa y deja fuera del juicio a la fiscal Pilar Rodríguez. Un duro voto particular de uno de los jueces, incluso, asegura que el caso tendría que haber sido archivado.

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El juicio arranca en el Supremo con un alegato de la Abogacía del Estado a favor de la inocencia de García Ortiz y en contra de la investigación "inquisitiva" del juez Hurtado

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La Sala de lo Penal se retira a deliberar después de seis sesiones de juicio. La Fiscalía y la Abogacía han pedido la absolución y García Ortiz ha negado de forma tajante ser el filtrador del documento. Las acusaciones hicieron firmes sus peticiones de hasta seis años de cárcel.

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Una Sala de lo Penal dividida le atribuye un delito de revelación de datos reservados y le impone dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros a la pareja de Ayuso como indemnización.

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Álvaro García Ortiz remite una carta de renuncia al ministro de Justicia después de que el tribunal, “a falta de mayor concreción” sobre la sentencia, le haya considerado culpable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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