La CIDH abre sesiones en Argentina con el foco en la Justicia y los sectores vulnerables

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy su 162º periodo de sesiones extraordinarias en Argentina, donde esta semana abordarán con referentes políticos y sociales temas como la independencia judicial y la situación de los sectores más vulnerables en la región.

“El sistema interamericano no ha sido impuesto por nadie (...). No somos más que personas designadas por nuestros Estados para cumplir con autonomía el compromiso de luchar por la observancia y por la vigencia de los derechos humanos. Para eso estamos aquí”, afirmó el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren, durante la apertura de sesiones en un céntrico hotel de Buenos Aires.

Tras el celebrado en Washington en marzo y previo al que Lima acogerá en julio, el de la capital argentina será el segundo de los cinco periodos de sesiones con audiencias públicas de 2017, en las que también participan autoridades políticas y representantes de organizaciones sociales de la región.

Según recordó Eguiguren, en ellas tocarán temas como las políticas de drogas, la situación carcelaria, o el respeto de la libertad de expresión en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, no se debatirán casos de Argentina por el protocolo de la CIDH para sesiones extraordinarias, que evita tocar temas del país anfitrión.

Durante su intervención en la apertura de sesiones, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, destacó el papel de la Comisión para marcar, controlar y “fijar estándares” a los Estados, que, a su juicio, son “esa luz” que deben seguir.

“El desafío que tenemos como sociedad es más allá de nuestras diferencias políticas. Tenemos que tratar de unir, de desterrar cualquier situación de violencia, ya sea física, verbal, política, y emprender un camino juntos para que los derechos humanos sea un camino de todos”, agregó.

El ministro hizo hincapié en los asuntos que todavía debe mejorar el país austral, como son el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, el derecho al debido proceso, la lucha contra la corrupción y las trabas para continuar los juicios de lesa humanidad, como ha supuesto recientemente la polémica reducción de la condena a un represor de la última dictadura (1976-1983) por el llamado cómputo del 2x1.

En declaraciones a la prensa posteriores a su intervención, Garavano apuntó que Argentina es uno de los países de la región con mayores niveles de personas en prisión preventiva, ya que el 60 % de la población carcelaria federal está en esa situación.

Al ser consultado por el caso de la activista social y diputada del Mercosur Milagro Sala, detenida preventivamente desde enero de 2016 en la norteña provincia de Jujuy, el funcionario destacó que el hecho que la causa haya llegado a la Corte Suprema de Argentina es una “muestra” de que en el país “funcionan las instituciones” y la Justicia.

El acto de este lunes contó con la presencia de referentes de derechos humanos del país austral, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Catalina Paolin de Boitano, “Lita”; o el nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez-Esquivel.

En declaraciones a Efe, De Carlotto insistió en que el caso de Sala, cuyo arresto ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como Naciones Unidas y la propia CIDH, es “muy tremendo” y supone “el colmo”.

“Un tema tan duro como este empecinamiento de mantener presa a un grupo de personas, como Milagro Sala es insostenible”, destacó la activista, quien junto a otros miembros de organismos locales le entregó a la Comisión un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y sus demandas.

“Pareciera que acá no pasara nada y (los miembros del Gobierno) están haciendo mucho. Están haciendo mucho pero al revés. No queremos que pase como en otros países que el tema pasa de largo”, criticó.