Ciudadanos y PP aún no han aprobado la responsabilidad patrimonial de los partidos en casos de corrupción

El próximo mes de junio, se cumplen dos años del acuerdo de investidura firmado en Madrid entre Ciudadanos y el PP y en ambos partidos dicen estar satisfechos del grado de su cumplimiento.

Los de Rivera, lejos de plantearse romperlo por los graves casos de corrupción que inundan a la formación de Cristina Cifuentes, insisten en que el pacto va por buen camino. Piensan, además, que mantenerlo es la garantía para “tener atado en corto al PP” y “que no vuelva a campar a sus anchas haciendo lo que les da la gana en Madrid”.

Según explicó en una reciente entrevista con eldiario.es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, a día de hoy se han cumplido ya el 40 por ciento de los 76 puntos que se negociaron.

Pero de lo que evitan hablar ambas partes es de que hay una serie de medidas sobre regeneración democrática que siguen atascadas. Algunas de gran calado, como la que figura en el punto número 2 en la que se comprometieron a la “elaboración para su remisión al Congreso de una proposición de Ley encaminada a modificar la legislación actual para permitir la exigencia de responsabilidad patrimonial subsidiaria a los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos”.

Esto supondría que cualquier formación política con cargos públicos condenados en firme por corrupción estaría obligada a reparar y responder con su patrimonio por el daño causado por los responsables de estos casos. En Ciudadanos señalan al Gobierno del PP como culpable de la paralización de la propuesta, ya que está de su mano impulsarla.

“Si el PP de Madrid tuviera que hacerse cargo de los desfalcos que ha provocado entre otros González y compañía, sería su ruina”, ironizan fuentes del partido naranja.

Pero no solo ese punto está congelado. También está a la espera de su cumplimiento el punto 4, en el que los dos partidos también se comprometen a enviar al Congreso “una proposición de Ley mediante la cual se exija a los partidos políticos la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control”.

La formación de Rivera explica que en los nuevos estatutos se ha reforzado el papel de la Comisión de Garantías y Valores como órgano “encargado de velar por el funcionamiento democrático y transparente del partido”.

Que un diputado no sea concejal o alcalde

El PP y Ciudadanos también se comprometieron en el punto 6 del acuerdo a modificar la legislación autonómica para endurecer las incompatibilidades “con el fin de impedir que un concejal o alcalde pueda ejercer simultáneamente como diputado autonómico en la Comunidad de Madrid, así como una revisión del actual sistema de dedicación exclusiva y no exclusiva con el fin de limitar a una serie de casos tasados la posible dedicación no exclusiva”. Esta reforma, que debería llevarse a cabo en la reforma del Estatuto de Autonomía, está igualmente paralizada.

En la Asamblea, el PSOE tiene en su bancada únicamente dos cargos municipales, el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato Gandarias, y la concejal de Humanes, Mari Carmen Mena. Ciudadanos y Podemos no tienen ninguno.

El grupo parlamentario que tiene más cargos municipales en sus filas es el del PP. Entre ellos destaca el alcalde de Alcorcón, David Pérez, que insultó gravemente a las feministas. El partido le sigue protegiendo y manteniéndole en el cargo.

Otro caso singular es el del alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, salpicado en la trama Púnica. Hace más de un año, el edil del PP avisó por carta a Cifuentes de su deseo de renunciar al aforamiento, otra de las medidas que están pendientes por ejecutar del pacto pese a que ya por entonces la regidora del PP aseguró que estaban impulsándola y estaría pronto en marcha.

Esa medida figura en el punto 7 y deja claro claro que su objetivo es “la eliminación de todos los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid”. La Asamblea de Murcia acaba de aprobarla dado que era la condición que había puesto el partido de Rivera para no bloquear la investidura de Fernando López Miras, el sustituto de Pedro Antonio Sánchez como presidente del Gobierno regional.

El punto 5 del acuerdo habla asimismo de “la realización de una auditoría económica externa de los últimos 8 años de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de una auditoría funcional y de procesos relativa al último ejercicio (2014)”.

Y se explica, por un lado, que “la supervisión de ambas auditorías dependerá de una Comisión nombrada ad hoc por la Asamblea de Madrid al inicio del primer periodo de sesiones. Y, por otro, que ”el plazo para realizar la auditoría finalizará en junio de 2016 y los resultados deberán estar disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid“.

Este compromiso se ha cumplido parcialmente ya que la Asamblea ha abierto dos Comisiones de Investigación, una sobre Corrupción en la Comunidad de Madrid, a la que irá a declarar próximamente la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso Lezo y el escándalo del Canal de Isabel II; y otra precisamente para auditar la deuda dejada por los anteriores Gobiernos del PP presididos por Ignacio González y Esperanza Aguirre. Sus trabajos aún no han finalizado. Pero los resultados de la prometida auditoria no han podido ser publicado en los plazos previstos en la web de la CAM.

De la lista de las 76 medidas también sigue sin cumplirse el punto 12, relativo al compromiso de publicarse en la web de la Asamblea una “rendición de cuentas anual relativas a las subvenciones destinadas a los diferentes grupos parlamentarios”. Las cantidades de estas subvenciones se conocen porque están publicadas en todos los parlamentos, pero hasta la fecha ningún grupo ha rendido cuentas en las mismas instituciones justificando en qué emplea ese dinero. Su fiscalización, no obstante, la ejerce posteriormente el Tribunal de Cuentas.

Precisamente, la opacidad del uso de estas subvenciones ha puesto en el punto de mira más de una vez a Ciudadanos, que ha sido acusado de utilizar estos fondos para pagar gastos de campaña o abonar las nóminas de algunos de sus cargos orgánicos, algo que prohíbe la ley. La dirección del partido de Rivera, en todos los casos, ha achacado esta irregularidades a “errores administrativos”.

Medidas que se están cumpliendo

Los populares y los de Rivera destacan que, por contra, hay muchas otras cosas que ya se han ejecutado, como la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que figura en el punto 9 junto a la promesa de “despolitización de la Cámara de Cuentas”. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, acaba de anunciar que ese segundo epígrafe del punto noveno será el siguiente en tratar con el PP.

También se ha llevado a cabo el punto 15 para crear un Registro Público de Grupos de Interés en la Asamblea de Madrid, es decir, de control de lobbies, que ha sido impulsado dentro del proyecto de ley de Gobierno Abierto.

Con todo, una de exigencias del acuerdo que los conservadores destacan con mayor “orgullo” es el 10, en el que se establecía “el compromiso de que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias”. La propia Cristina Cifuentes fue elegida presidenta del PP de Madrid el pasado mes de marzo con el 93,3% de los votos tras someterse a unas primarias internas, las primeras que ha celebrado el partido en la región en el que han participado todos los afiliados con el sistema de 'un afiliado, un voto'. La dirigente del PP tuvo enfrente como rival al exconcejal Luis Asúa.