Catalunya permite a Rivera aumentar la presión sobre Rajoy para que cumpla el pacto de investidura

Albert Rivera ha iniciado 2018 visiblemente 'crecido' tras los resultados logrados por Inés Arrimadas el 21D en Catalunya, de los que en buena medida se siente artífice. El líder de Ciudadanos, que se reunió días después con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa, se ve fuerte y quiere hacer valer su nueva fortaleza frente a los populares en el Congreso.

En la primera rueda de prensa que ofreció para hacer balance de 2017 dejó patente que va a presionar al presidente del Gobierno para que cumpla las principales medidas pendientes del pacto de investidura. La lista de “deberes” que los populares se resisten a cumplir es larga y de algunos de esos asuntos depende que dure o no la cada día más complicada legislatura de Rajoy.

Presupuestos Generales del Estado 2018: Sacar adelante este proyecto de ley es la principal prioridad del presidente del Gobierno. Y así se lo hizo saber Rajoy a Rivera en aquel primer encuentro en La Moncloa. Al día siguiente de aquella reunión, Rivera hizo balance del año y advirtió al presidente de que si no cumplía con los preacuerdos presupuestarios ya pactados,  Ciudadanos no apoyará los PGE.

En este principio de acuerdo se recoge el compromiso de lograr la equiparación salarial entre las policías nacionales y las autonómicas antes de que finalice la legislatura. Ciudadanos cifra en 500 millones la partida que cada año debería dedicarse a este capítulo. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aún no ha dado el visto bueno.

Apenas unos días después, el número dos del partido, José Manuel Villegas, daba una vuelta de tuerca más a las condiciones de ese apoyo y lo vinculaba al cese de la senadora del PP, PIlar Barreiro, imputada en la trama Púnica por supuestos delitos de de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

Reforma de la Ley Electoral: Ciudadanos presume de haber sido los que han forzado que el pasado mes de mayo se abriera en el Congreso una subcomisión para abordar la reforma de la LOREG. Rivera ha insistido muchas veces de la necesidad  de cambiar el sistema d'Hont que ve “injusto” y “desproporcionado”, dado que “sobrerrepresenta a las provincias menos habitadas”.

De hecho, echó la culpa a la “maldita ley electoral” del “hundimiento” del PP y del PSC el 21D  y de que los “separatistas” puedan volver a gobernar en Catalunya y no su candidata, Inés Arrimadas.

El objetivo de Ciudadanos es hacer una norma en la que los votos de los ciudadanos valgan lo mismo y no recaigan en los territorios, que incluya listas abiertas, y cambiar el voto rogado.

La subcomisión tendría que haber finalizado sus trabajos a finales de este año año pero ha pedido una prórroga de otros seis meses. El PP quiere aprovechar para volver a plantear su propuesta de buscar fórmulas que garanticen el gobierno de la lista más votada y de la elección directa de alcaldes mediante un sistema de prima de las mayorías, con doble vuelta o mixto.

Supresión de los aforamientos para los cargos públicos: Es uno de los compromisos del Pacto que sigue encallado. Los de Rivera, que lo han conseguido en Murcia, creen que se puede abordar con una “reforma puntual” y “exprés” de la Constitución, pero el PP teme que Unidos Podemos busque aprovechar el debate para ir más allá y forzar luego un referéndum. Y así se lo ha hecho llegar a Ciudadanos al que le pide “garantías” de que los de Iglesias no exigirá ese refrendo ciudadano.

La convocatoria del referéndum es posible siempre que lo pida el 10% del Congreso o del Senado, lo que en el caso de la Cámara Baja supone 35 diputados, un número de firmas del que Podemos dispone y al que los independentistas catalanes de ERC y de PDeCAT y los nacionalistas del PNV también podrían acceder sumando a confluencias del partido morado.

Limitación de los mandatos de los presidentes del Gobierno: Es otra de las medidas del acuerdo de investidura que no quiere cumplir el PP.  Rivera presentó hace meses su propuesta en el Congreso y aseguró que podría llevarse a cabo simplemente con modificar el artículo 11 de la Ley de Gobierno para limitar los mandatos presidenciales a ocho años.

En el texto que plantea Ciudadanos se establece como requisito para ser nombrado presidente del Gobierno “no haber ostentado, de manera continua, el cargo durante ocho años”, aunque también especifica que “el agotamiento del plazo durante el desempeño del cargo no será causa de cese”. Según Ciudadanos, la fecha en la que incurriría Rajoy en esta incompatibilidad sería diciembre de 2019.

Los conservadores se escudan en que “España no es un régimen presidencialista” y que, por tanto, llevar a efecto esa modificación supondría “limitar” los derechos constitucionales de los diputados, que son quienes eligen al jefe del Ejecutivo.

Ley Ómnibus contra la corrupción: La ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección a los Denunciantes, impulsada por Ciudadanos, está en pleno trámite de enmiendas en el  Congreso con el fin de que pueda ser debatida al inicio del nuevo periodo de sesiones. Entre otras cosas, con ella los de Rivera pretenden acabar con los indultos en casos de corrupción —algo que no han conseguido pese a las promesas del ministro de Justicia—, o regular los lobbies.

Pero los populares han presentado cerca de medio centenar de correcciones al texto, lo que ha indignado a los naranjas. El PP quiere evitar que el órgano que supervise la lucha contra la corrupción y tramite las denuncias que se realicen dentro de la administración sea independiente y plantea que esté adscrito al Ministerio de Hacienda. Tampoco quiere que el máximo responsable de este Oficina Anticorrupción sea elegido por el Pleno del Congreso, sino que lo designe el Consejo de Ministros.

Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP: Al inicio del nuevo periodo de sesiones esta comisión volverá a ser el caballo de batalla entre el PP y Ciudadanos. El Congreso prorrogó a mediados de diciembre otros seis meses sus trabajos con la oposición de los de Rajoy, que desde el primer momento han tratado de torpedear su funcionamiento.

El partido de Rivera, al igual que todos los demás grupos, han avisado de que llamarán a declarar a Mariano Rajoy. Ciudadanos, en principio, quiere que la comparecencia del Presidente del Gobierno sea la última, lo que la retrasaría al mes de septiembre o incluso de octubre.

El 'plato fuerte' de la nueva tanda de comparecencias será la de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, prevista para el próximo 6 de febrero, en una jornada en la que también acudirá al Congreso el que está considerado como blanqueador de la red corrupta, Ramón Blanco Balín. Antes, el 23 de enero, acudirán a la comisión algunos de los profesionales de los medios de comunicación que han informado sobre la red de corrupción, como Pedro J. Ramírez.

Reforma de la financiación de los partidos políticos: Es otras de las cuestiones que se está debatiendo en la subcomisión creada a tal efecto, dentro de la Comisión de Calidad Democrática y  contra la Corrupción, que preside el diputado de Ciudadanos Toni Cantó.

En una de las últimas reuniones hubo cierto consenso para que los partidos dependan menos de las subvenciones públicas e incrementar las desgravaciones fiscales por las cuotas de afiliación. Para ello se está buscando un acuerdo sobre cuáles serían las mejores fórmulas para conseguir que los particulares hagan más aportaciones económicas a estas organizaciones.

Ciudadanos quiere que dictamen con las recomendaciones de los expertos que han comparecido en esta subcomisión del Congreso esté listo antes de la primavera. Pero uno de los escollos es que tanto Ciudadanos como el PSOE y Unidos Podemos  quieren establecer que las primarias sean obligatorias en los partidos, algo a lo que el PP se resiste con uñas y dientes.