La colina del olvido

“Al atardecer vino un comandante y nos dijo: por la mañana os vais u os mato a todos”, recuerda Phan La, desplazado desde hace casi veinte años en una colina de la frontera con Tailandia por un conflicto armado que dura décadas y que corroe las zonas de minorías étnicas de Birmania.

El viejo, de 73 años, pertenece a los shan, la etnia mayoritaria en el estado homónimo, situado en el noreste del país y una de las zonas donde el Ejército birmano y diferentes guerrillas etnonacionalistas libran una guerra desde la independencia del país, en 1948.

No ha servido para remediarlo ni el fin de medio siglo de dictadura militar, en 2011, ni el ascenso al poder cinco años después del movimiento democrático liderado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que colocó el fin de la guerra civil como una de sus prioridades.

El fracaso de las negociaciones de paz se hace patente en lugares como el norte de Shan o el estado de Arakan (en el oeste del país), que sufren ahora los peores combates en años, pero también a lo largo de la frontera con Tailandia, donde desde hace más de tres décadas se acumulan miles de refugiados a la espera de poder volver a sus hogares.

“MORIRÉ AQUÍ”

Phan La es uno de ellos. Tras 19 años en el campo de desplazados de Loi Kaw Wan, en el sur del estado Shan, y ante la continua militarización de la zona, ya no le quedan esperanzas: “me haré viejo aquí. Moriré aquí”.

El suyo es el mayor de los seis campos de desplazados shan, con un tercio de los 6.000 que sobreviven en una estrecha franja del territorio controlado por la guerrilla del Consejo para la Restauración del Estado Shan (RCSS).

Llegaron allí tras una ofensiva lanzada por el Ejército birmano entre 1996 y 1998 que expulsó a unos 300.000 shan del centro del estado, y después de que Tailandia empujara de vuelta a los que intentaban refugiarse al otro lado de la frontera.

Su situación empeoró en los tres años siguientes con la llegada de 126.000 wa, una minoría que cuenta con la mayor guerrilla del país, el Ejército del Estado Wa Unido (UWSA), considerado también como uno de los mayores narcoejércitos del mundo.

En plena ofensiva contra la guerrilla shan, la junta militar birmana favoreció el éxodo de los wa, originarios de una remota zona montañosa del noreste del estado Shan, en la frontera con China.

El UWSA, que cuenta con unos 10.000 milicianos en la zona que arrebató a los shan, había firmado un alto el fuego con el Ejército birmano, que decidió utilizarlos para debilitar a la guerrilla shan sin tener que mancharse las manos.

“No nos atrevemos a ir (a los arrozales) porque siempre hay wa armados patrullando a lo largo del límite de su territorio”, asegura Chai Peng, líder del comité de vecinos de Loi Kaw Wan.

ARRINCONADOS SIN AYUDA

La principal zona del campo, cuya acceso está controlado por la guerrilla, es una hilera de modestas viviendas de madera construidas a lo largo de un sendero de embarrado que nace a escasos metros del paso fronterizo, junto a la cresta de la colina.

Una escuela y un precario centro médico autogestionados, además de un pequeño templo budista, son los únicos servicios con los que cuentan los desplazados, que, salvo donaciones privadas puntuales, dejaron de recibir alimentos de organizaciones de ayuda humanitaria en 2017.

Unos cuantos regentan pequeñas tiendas donde venden patatas fritas, bebidas y chucherías diversas procedentes de Tailandia, donde también escolarizan a un centenar de jóvenes y envían al hospital a cualquier enfermo a la mínima complicación mediante arreglos informales con las autoridades locales.

Arrinconados en su colina y privados de ayuda exterior, Tailandia también es la principal fuente de recursos para la mayoría de familias, que dependen de los ingresos que logran trabajando en la construcción o en plantaciones de té al otro lado de la frontera.

Son trabajos temporales, mal pagados y a los que los desplazados, que carecen de documentos de identidad, acceden con dificultades debido a los numerosos controles de la policía tailandesa sobre el paso de todos los vehículos.

La solidez de algunas de las casas, las numerosas gallinas que merodean por el campo o las motocicletas que constantemente circulan de un lugar a otro, muestran cómo los desplazados han logrado consolidar a lo largo de los años cierta estabilidad en sus vidas que, sin embargo, se resiente ahora por el corte de la ayuda exterior.

“Hay más casos de malnutrición, sobre todo de niños; tenemos menos dinero para comprar medicinas o pagar el hospital en Tailandia; y todo esto causa mucha ansiedad a las familias”, explica el jefe de la clínica del campo, Bay Da.

“Aparte de la falta de alimentos, me preocupan mis hijos, ¿qué será de ellos, de su futuro aquí, sin documentos ni ciudadanía reconocida?”, añade Nang Sang, una de las maestras de la escuela.

Tampoco ayuda a aliviar sus necesidades la presencia de la guerrilla RCSS, que cuenta en las inmediaciones del campo con una base liderada por su número dos, Korn Zuen.

El comandante evitó dar detalles de la relación de su grupo con los desplazados, pese a que un informe de la ONU señaló el año pasado a la guerrilla como una de las que mantiene una “política de alistamiento forzado” de civiles.

El RCSS, al igual que otra guerrillas étnicas, firmó en 2015 un acuerdo de alto el fuego con el Ejército birmano, pero eso no ha evitado que se sigan produciendo escaramuzas esporádicas entre ambos.

“No tenemos ninguna confianza con el Ejército y ahora mismo no hay ninguna negociación. El acuerdo de alto el fuego solo lo quieren para lucir ante la comunidad internacional. Lo que buscan es deshacerse de nosotros”, asegura Korn Zuen en su cuartel, situado en una colina por encima de la del campo de desplazados.

DESPLAZADOS CRÓNICOS

Los shan son solo una pequeña fracción de los más de un millón de desplazados por la violencia en Birmania.

Mientras las negociaciones de paz entre el Gobierno birmano y las guerrillas están en un punto muerto por la obstrucción del Ejército- al que la Constitución reserva amplios poderes- la comunidad internacional insiste en que toda solución requiere el retorno de los civiles a sus lugares de origen.

En Tailandia, varios campos de refugiados, que a principios de siglo llegaron a acoger a 150.000 personas, aún albergan a 86.000, la mayoría de ellos de la etnia Karen.

Mientras, en el norte de Birmania, más de 100.000 desplazados viven en campos en el estado Kachin y en el norte de Shan.

El mayor núcleo de desplazados es el compuesto por los 900.000 rohinyá que según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se encuentran en Bangladesh, incluidos los 740.000 que huyeron de la ofensiva que el Ejército birmano lanzó en el estado de Arakan en 2017, calificada de “genocidio” por un informe de Naciones Unidas.

Bangladés y Birmania han anunciado dos intentos para repatriar a los rohinyá, que fracasaron por la negativa de los refugiados a regresar, a la vez que Dacca prepara una isla deshabitada para realojarlos.

La oferta de repatriación es vista con recelo por los rohinyá, que temen por su seguridad en la zona donde siguen desplegadas las tropas que les forzaron a huir, una desconfianza que comparten los desplazados de otras minorías.

No es un buen augurio para los rohinyá la situación en los campos de refugiados en Tailandia, donde un programa de retorno voluntario asistido por ACNUR solo ha convencido a 1.039 desplazados desde que se inició en 2016, pese al apoyo logístico y económico que se les presta, incluida la tramitación de documentos de identidad.

El plan, diseñado en 2013 tras la disolución de la junta militar, el inicio del proceso de apertura política y la firma de acuerdos de alto al fuego entre el Ejército birmano y varias guerrillas, no ha respondido a las expectativas.

 “La comunidad internacional fue demasiado optimista, idealista”, señala Sally Thompson, directora de The Border Consortium (TBC), organización que asiste a los refugiados en la frontera birmano-tailandesa

“Creíamos que llegaba la democracia. Pero la gente que ha vivido en Birmania es sabia. Mira a Rakhine (Arakán), a Kachin, al norte de Shan y ve al mismo tipo de gobierno”, añade Thompson, que confiaba en haber reducido la población de los campos a unas 30.000 personas para estas fechas.

Otras 19.000 personas han vuelto desde Tailandia por su cuenta en un goteo constante causado no tanto por las expectativas en su región de origen como por el deterioro de las condiciones en los campos de refugiados, afectados por el recorte del presupuesto de las ONG que les asisten.

“Los servicios se están reduciendo y los refugiados se sienten empujados al ver que van desapareciendo los programas de educación, de sanidad”, asegura la directora de TBC, cuyo presupuesto ha pasado de los 35 millones de dólares en 2007 a los 15 millones de este año.

En Loi Kaw Wan la situación es aún peor. Sin reconocimiento oficial como refugiados, los habitantes del campo dependen de un incierto proceso de paz y de la hipotética buena voluntad del mismo Ejército del que huyeron para poner fin a un desplazamiento que tiende a convertirse en crónico.

“Nos gustaría volver pero nuestras tierras han sido ocupadas. Aquí, con el RCSS y cerca de Tailandia, nos sentimos a salvo”, sentencia Cheng.

Jordi Calvet