La defensa de Rousseff quema las naves en un Senado proclive al juicio político

La defensa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, hizo hoy un postrero esfuerzo por convencer a una comisión de Senadores, en su mayoría hostil, de que el proceso que le puede costar el cargo a la mandataria carecería de base legal.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, compareció ante la comisión de 21 senadores y pareció “quemar las naves” al jugarse como última carta la posibilidad de apelar una eventual decisión contraria a Rousseff ante foros internacionales.

“¿Será que tendremos que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que aquí no se respeta la garantía del debido proceso?”, inquirió el abogado general del Estado a los senadores de la comisión, que mañana decidirá el curso del trámite.

Cardozo intentó convencer a los senadores, en su clara mayoría favorables a la instauración del juicio político contra Rousseff, de que no existen méritos jurídicos para un proceso que, a su juicio, es “nulo” y está “viciado” desde su propio origen.

“Esto parece un juego con cartas marcadas”, declaró el abogado general, que admitió así en forma tácita la desventaja que Rousseff tiene en la comisión, cuyo instructor, el senador Antonio Anastasia, ya ha recomendado que el pleno del Senado, que votará sobre el asunto la semana próxima, inicie el juicio político.

Si así ocurriera en esa votación, prevista inicialmente para el próximo miércoles, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que duraría el proceso y sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato en caso de su definitiva destitución.

Cardozo descalificó el informe presentado por Anastasia y criticó lo que calificó de “ánimo condenatorio”, que “intenta construir hipótesis que no se justifican”.

El abogado insistió en que las acusaciones no han sido plenamente demostradas y que eso “hiere” un proceso sobre el cual reiteró que “nació nulo”.

Según Cardozo, el trámite tiene un “pecado de origen”, pues fue iniciado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cuyo mandato fue suspendido hoy por el Supremo debido a su condición de reo en un proceso de corrupción vinculado a los escándalos en Petrobras.

Afirmó que Cunha, al aceptar la acusación contra Rousseff, actuó motivado sólo por una “venganza” y que eso “invalida” el proceso.

Cunha, de hecho, aceptó a trámite las denuncias contra Rousseff en diciembre pasado, un día después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) decidiera apoyar la apertura de un juicio con miras a su destitución de la presidencia de la Cámara baja.

Según Cardozo, existían “presiones” de Cunha contra el PT y otras formaciones del arco oficialista para rechazar ese proceso, pero su fracaso llevó a esa supuesta represalia.

“Este proceso es una venganza y eso fue atestado hoy por la Corte Suprema”, declaró el abogado, para añadir que estudia la posibilidad de exigir al máximo tribunal que declaré la “nulidad” del trámite por ese supuesto “vicio de origen”.

Ese mismo discurso fue reiterado hoy por la propia Rousseff, en el marco de la inauguración de una polémica represa hidroeléctrica en el corazón de la Amazonía.

“El inicio del 'impeachment' fue un chantaje del señor Eduardo Cunha”, declaró Rousseff ante cientos de seguidores que coreaban “no habrá golpe”, frase que se ha convertido en un himno entre quienes se oponen al proceso contra la mandataria.

De “golpe” también habló Cardozo ante la comisión parlamentaria, ante la cual aseguró que “muchos ya tienen una decisión tomada, una decisión política y no jurídica, que no considera la racionalidad de los hechos. Y eso es un golpe”, sentenció.

La presentación de Cardozo fue seguida por un debate en el que tomaron la palabra los 21 miembros de la comisión, que en su enorme mayoría dejaron claro que votarán por la continuidad del proceso.

Muchos también condenaron la “cantilena del golpe”, como calificó esa posición el senador Waldemir Moka, quien planteó si “es serio” hablar de una supuesta ruptura institucional en un proceso que “está en manos del Senado y bajo la supervisión de la Corte Suprema”.