Diputados salvadoreños piden abordar con el Gobierno asesinatos de militares

Diputados del Congreso de El Salvador acordaron este lunes convocar para el próximo 2 de mayo al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, para que explique las “estrategias” que se están implementando para proteger a los miembros del Ejército de los ataques perpetrados por pandilleros.

La reunión con Munguía Payés, avalada por los parlamentarios miembros de la Comisión de Defensa del Órgano Legislativo, fue propuesta por la diputada Patricia Valdivieso de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ante el aumento de ataques a elementos militares registrado en los últimos días.

Según la diputada, es “importante” conocer de parte del titular de la cartera de Defensa “las estrategias que se desarrollan para proteger a los militares ante el incremento de ataques cometidos por mareros”.

Los miembros de la Fuerza Armada asesinados en lo que va de 2019 ascienden a 10, mientras que los homicidios perpetrados contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) suman 15. Sólo en el fin de semana seis efectivos de seguridad, tres policías y tres militares, fueron ultimados.

A los policías y militares asesinados en lo que va del año en curso se añaden dos empleados administrativos de la PNC.

Durante 2018 fueron ultimados 32 policías, más 2 empleados administrativos del cuerpo de seguridad, 17 militares, 3 custodios de Centros Penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas que buscan, según las autoridades de seguridad, presionar al Gobierno con estos ataques para obtener beneficios carcelarios para sus líderes.

El Gobierno responsabiliza a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.