Crespo carga contra la fiscal y el investigador policial de Gürtel
El número dos de Gürtel niega haber reconocido que sus empresas “sobrevalorasen los proyectos” que presentaban a las distintas administraciones. Ha sido el momento en el que Pablo Crespo ha vuelto a cargar contra el juez Garzón y ha dirigido también sus quejas contra la Policía y la Fiscalía. Ha asegurado que su primera declaración se produjo “en unas condiciones de amenaza y presión” por parte del policía instructor de las diligencias, el agente 81.067. “Blandía con mucha energía la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que decía que él también conocía”, ha relatado Crespo.
La fiscal Sabadell le ha preguntado entonces si en algún momento ha denunciado formalmente esta situación. Crespo ha redirigido la pregunta contra la fiscal al responder que la única denuncia que puso fue por las escuchas ilegales ordenadas por el juez Baltasar Garzón –por las que el juez fue condenado- y ha añadido que éstas se produjeron “con la aquiescencia de la Fiscalía donde usted trabaja”.
Sabadell ha insistido en preguntar por qué no le contó las supuestas amenazas del policía a Garzón o meses después al juez Antonio Pedreira. Crespo ha dicho que se trató de una “ratificación en cadena” y ha optado por insistir en que declaró tras tres días “en unos calabozos peores que una mazmorra de la Edad Media. Después, pasó otro día en los calabozos de la Audiencia Nacional porque el juez no pudo tomarle declaración ese día, ni el fin de semana siguiente, ”por razones personales de todos conocidas“. Se ha referido Crespo a la cacería en la que participó Garzón con mandos policiales del caso Gürtel y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien tuvo que dimitir por esa causa.
Crespo ha insistido en que la declaración ante Pedreira se produjo tras 70 días de escuchas ilegales de las conversaciones con su abogado, del que ambos desconocían que estuviera imputado, como así ocurría. El acusado ha insistido en que esas escuchas condicionaron el interrogatorio, como alegó su abogado, Miguel Durán, durante las cuestiones previas, con la intención de que fueran anuladas. El Tribunal desestimó tal pretensión.
