“Una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas”

El nuevo presidente del Gobierno recibe a eldiario.es en su despacho de La Moncloa; el mismo que hasta hace unas semanas utilizaba Mariano Rajoy. Hay más plantas, los cactus que le gustan a Pedro Sánchez, aunque el principal cambio no se ve. “Antes la conexión a Internet en el despacho del presidente era muy mala, lo primero que ordenó cambiar es la wifi”, explican desde el gabinete presidencial. Pedro Sánchez (Madrid, 1972) pertenece a una generación que no concibe el trabajo sin conexión a la Red. Llegó a la secretaría general del PSOE cuando a su izquierda y a su derecha –Cayo Lara y Mariano Rajoy– todos los demás líderes políticos eran mucho más mayores que él. Una situación que ha cambiado tanto que ahora, apenas unos años después, él es el único de los principales dirigentes nacionales que ya había nacido cuando Franco murió.

¿Cuándo y cómo van a sacar a Franco del Valle de los Caídos? ¿Tienen ya los plazos y el método jurídico para hacerlo?

Estamos terminando el método jurídico. Vamos a dar la orden en breve y se va a aprobar en Consejo de Ministros. La filosofía es bien clara: una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas. Es evidente que se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Entiendo la urgencia de determinados colectivos y de millones de ciudadanos progresistas que consideran que hay que cerrar de una vez por todas esta herida. Pero el Gobierno quiere hacer las cosas bien. Tenemos la decisión política tomada. Vamos a cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados, aprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios de la cámara.

¿Qué ocurrirá con los restos del dictador si la familia se mantiene en su oposición a la salida de los restos del Valle de los Caídos? ¿Cuándo serán trasladados?

Esa es una de las cuestiones que se verá cuando tomemos la decisión, pero en todo caso yo espero que los familiares del dictador reconsideren su posición.

Más allá del traslado de la tumba de Franco, ¿cuáles son los planes del Gobierno para el Valle de los Caídos?

Hay un informe de la comisión que se creó al calor de la ley de Memoria Histórica. Hemos presentado una modificación de la ley de Memoria Histórica, precisamente para garantizar recursos públicos en la exhumación de los familiares que aún se mantienen en las cunetas de muchísimas partes de nuestro país. Y habrá que hacer una reflexión conjunta de la Cámara, de los grupos parlamentarios, para saber qué utilidad le damos, o qué servicio le podemos dar al Valle de los Caídos. Yo no quiero aventurar nada, tengo mi opinión: que el Valle de los Caídos difícilmente se puede convertir en un lugar de reencuentro y de concordia. Pero tendrán que ser los grupos parlamentarios quienes decidan conjuntamente qué utilidad darle a ese centro.

¿Se plantea retirar el Ducado de Franco que renovó el Gobierno del PP en su último consejo de ministros?

Hay dificultades jurídicas para hacerlo. Pero tanto el ducado como la Fundación Francisco Franco, como todos aquellos elementos que estamos viendo durante estos últimos días, como pueda ser, por ejemplo, la significación de símbolos fascistas o la concentración de determinadas personas reivindicando la dictadura franquista en espacios públicos, me parece que tiene que llevarnos a una reflexión. Yo creo que Patrimonio del Estado no puede permitir que se celebren este tipo de actitudes y de acciones franquistas, en consecuencia fascistas, en centros públicos. Respetando la libertad de expresión de todos, que se garantiza en una democracia como la nuestra, creo que también en eso hay límites y el Gobierno va a considerar todos estos aspectos.

¿Esos límites permiten actuar como ahora a la Fundación Francisco Franco?

Tenemos que hacer una reflexión sobre si debe ser legal o ilegal una fundación que lo que hace, el 18 de julio, es llamar al alzamiento de nuevo, en una democracia consolidada, europea y avanzada como es la española.

¿Van a retirar las medallas pensionadas al torturador Billy el Niño?

Sí.

¿Cuándo?

Estamos en ese proceso, llevamos solo seis semanas en el Gobierno. Pero el compromiso del Gobierno de España es ultimarlo y tomar la decisión cuanto antes.

Hace un par de semanas estuvo más de dos horas y media en el Palacio de la Moncloa con Quim Torra. ¿Sigue pensando que el presidente de la Generalitat es una persona racista?

Como presidente del Gobierno, me corresponde tener una relación normal, cordial e institucional con el presidente de la Generalitat. Yo creo que incluso él, si revisara algunos de esos escritos, ahora pensaría de otra manera. La responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España es, primero, normalizar las relaciones institucionales. Esa normalización no es la meta, es la salida de un proceso que va a ser largo y en donde vamos a tener que entablar un diálogo franco, directo, sin cortapisas, para encontrar una solución política a la crisis en Catalunya.

¿Cuál es para usted esa solución política?

Nosotros tenemos muy claro que la sociedad catalana votó un Estatuto que ahora mismo no es el que rige Catalunya, porque fue recortado como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una falta de legitimidad del Estatuto de Autonomía de Catalunya que tiene que ser corregida.

Negociar es escuchar, no es escucharse. Yo salí satisfecho de la reunión con el presidente de la Generalitat. Activar las comisiones bilaterales que no se reúnen desde el año 2011 me parece que es una buena iniciativa, un buen comienzo.

¿Vio al presidente Torra dispuesto a escuchar?

Creo que él es consciente de la complejidad que vive ahora mismo Catalunya. Al igual que yo digo que “escuchar y no escucharse”, el Gobierno de España ha escuchado esa demanda, que creo que es razonable, de que la sociedad catalana tiene un estatuto que no votó. Creo que también el bloque independentista tiene que escuchar, sobre todo a la otra parte de Catalunya que no está defendiendo las tesis de autodeterminación e independencia.

¿Usted cree que el PP y Ciudadanos van a ser igual de leales que lo fue usted con el Gobierno de Mariano Rajoy en este tema?

Yo desearía que sí. Es evidente que las proclamas y las falsas demandas que están haciendo apuntan en otra dirección. Tanto PP como Ciudadanos tienen una forma de entender la unidad de España que precisamente lo que hace es dividir a España. Toda esta crisis también ha sido consecuencia de la acción previa del PP en la oposición, recurriendo el Estatuto de Catalunya ante el Tribunal Constitucional.

En relación con Ciudadanos, sigo manteniendo la pregunta que le hice a Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. ¿Para qué vale votar al partido de Ciudadanos en Catalunya? ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos en Catalunya para articular alguna solución a la crisis en Catalunya? Están en el reproche continuo, ya sea, al Gobierno de España o a aquel en el Parlamento de Catalunya que no piense como él.

Sus compañeros del PSC en Catalunya consideran que la prisión preventiva para los presos independentistas es una medida excesiva. ¿Coincide con ellos? ¿Es excesiva?

Como presidente del Gobierno no debo calificar las sentencias. No se califican las decisiones judiciales, lo que se hace es acatarlas. Se acatan cuando el tribunal del lander alemán decide lo que ha decidido con el señor Puigdemont, se acatan también cuando Llarena decide retirar la euroorden y no solicitar la extradición de Puigdemont a España, y se acatan cuando el Tribunal Supremo decide la suspensión de una serie de diputados que están siendo investigados y juzgados por los hechos que acontecieron en Catalunya el pasado año.

Usted en su momento dijo que lo bueno era que fuesen juzgados en España.

¡Sin duda!

Pero la decisión del juez Llarena imposibilita que Puigdemont sea juzgado aquí, ¿es un error?

Yo siempre critiqué, cuando estaba en la oposición, que no hubiera alternativa ni respuesta política a una crisis que era política. Y que la anterior administración hubiera situado al poder judicial en una respuesta que nada o que poco tenía que ver con el ámbito judicial. Por tanto, todas y cada una de las declaraciones que yo haga siempre serán para defender a la Justicia española.

Hay sentencias que me gustan más, otras que me gustan menos. Pero el Gobierno ni hace ni deshace las decisiones del poder judicial. Creo que España es una democracia asentada, un Estado social y democrático de derecho. Cuando hablan los independentistas de presos políticos o de exilio, están malinterpretando y deformando lo que representó un preso político o el exilio a lo largo de la historia de España, en la época de la dictadura. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, y esos mismos jueces a los que critica el independentismo son los que sentenciaron al Partido Popular por la corrupción de la Gürtel.

Hay respeto a las decisiones del poder judicial también; lo que tiene que hacer el Gobierno de España es gestionar las derivadas políticas de, en este caso, procesos judiciales.

¿Cree que la Abogacía del Estado debe pedir que se les condene por rebelión?

Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen.

¿Le preocupa que Puigdemont se haya hecho con el control del PDeCAT?

Confío en que el PDeCAT, antes que permanecer atrapado en el pasado, se comprometa con la solución de los problemas que afectan a Cataluña y a los catalanes, sean o no independentistas. Todos tenemos que aprender de los errores. Hay la expectativa fundada de un horizonte de diálogo para comenzar a dar con la salida a la crisis y cada cual debe sumar para hacerlo posible. Eso es lo que espero de quienes dirigen las fuerzas políticas que integran el Parlamento de Cataluña.

¿Cómo valora la elección de Pablo Casado? ¿Cree que es el regreso del aznarismo al PP?

El discurso de las derechas, no sólo del PP, ha vuelto a las esencias más conservadoras. Se ha hecho evidente. Y tras este Congreso, van a competir por el monopolio de ese espacio. Esas son las posiciones en contra de determinados derechos civiles, como la eutanasia o el aborto, anticipadas por el presidente del PP en el Congreso.

La derecha de circuito cerrado, la más ideológica y escorada, comete un error: cree que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero España cambió. Y los españoles quieren proyectos conectados con su presente y que miren hacia el futuro.

Lo que reclamo a las derechas por tanto, no es solo que salgan de su ensimismamiento conservador, sino que sean capaces de anteponer los intereses del país a esta deriva. Que la derechización no les impida moderarse en sus posiciones territoriales o arrimar el hombro en la defensa de los objetivos económicos y los desafíos de España en la Unión Europea. Lo que les pido en definitiva es responsabilidad.

¿Cuánto tiempo se mantendrá a Rosa María Mateo como administradora única de RTVE?

Espero que el plazo que ha marcado el propio Congreso de los Diputados. Creo que era inaceptable el bloqueo político y empresarial de RTVE. PP y Ciudadanos habían utilizado el argumento del concurso público como una suerte de marrullerismo político y parlamentario para dilatar y mantener un status quo que le venía bien a la derecha.

Nosotros lo que queremos es que la radiotelevisión pública vuelva a ser la de ciudadanía, que vuelva a representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad española. Y por eso tomamos una decisión. Podíamos haber tomado la más fácil, que era no hacer nada, y permitir ese bloqueo de PP y Ciudadanos hasta que esos grupos quisieran. Es decir, sine die.

Tomamos una decisión compleja, difícil. Yo agradezco a todos los grupos parlamentarios que han apoyado porque entiendo que no resulta fácil. Pero la regeneración democrática de este país pasa por poner punto y final a una situación insostenible e insoportable, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para la propia calidad democrática de nuestro país. Hay que recordar que los informativos de RTVE están siendo investigados por el Parlamento Europeo.

¿Va a tener Rosa María Mateo plena autonomía para nombrar a toda a la cúpula de Televisión Española y en los informativos? ¿Hay algún pacto de reparto de sillas?

En absoluto. No hay absolutamente ningún acuerdo en ese sentido. Yo voy a respetar de manera absolutamente escrupulosa el hacer de Rosa María Mateo si finalmente cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara. En muchas ocasiones no es tanto la ley, sino las personas que se ponen al frente, lo que significa la regeneración de una institución.

Pero la forma en la que se negoció la renovación de la cúpula de RTVE, hasta este nombramiento, ¿no ha sido el primer gran error del nuevo Gobierno?

Creo que los nombres que han salido, todos y cada uno de ellos, eran nombres acreditados, profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tanto de la radiotelevisión española como del sector privado. El Congreso de los Diputados lleva sufriendo una falta de acuerdo en relación con la renovación del Congreso de Administración de RTVE desde hace años. Hay consejeros de RTVE en representación de partidos políticos que ya no existen. En junio de 2018 venció el mandato del Consejo de RTVE y es evidente que hay una intencionalidad clarísima por parte de los consejeros nombrados por el Partido Popular de permanecer y que la corporación sufriera un bloqueo político y empresarial.

El Gobierno tenía dos opciones: no hacer nada y permitir ese vacío en la dirección, ese bloqueo, o tomar cartas en el asunto. Es evidente que la construcción del consenso ha tenido algunos momentos en los que ha sido equivocada. Nosotros hoy conocemos nuestro error, una corresponsabilidad, no solamente del Gobierno o del Parlamento, sino de ambos.

¿Qué ocurrirá si Rosa María Mateo no pasa la votación del decreto?

Hombre, yo espero que sí.

En caso de que no pase esa votación, ¿intervendrían RTVE?

Lo que no vamos a permitir es un bloqueo empresarial, que es el que más me preocupa. Eso sería tanto como permitir que una institución tan importante como pueda ser el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional se quedaran con una presidencia vacante. Hay otra reflexión que también habría que hacer. Creo que hay leyes que están hechas para otro tiempo político.

¿A qué se refiere?

Pues que hay leyes que están hechas para el tiempo en el que había dos grandes partidos y luego los partidos nacionalistas.

¿A la hora de buscar el consenso, en las votaciones?

Claro. Tenemos un desacople entre una realidad parlamentaria muy atomizada, muy fragmentada, y la exigencia de unas mayorías parlamentarias que son complicadas. Es una reflexión que habría que hacer en la Cámara en cuanto a los mecanismos de selección y elecciones de instituciones tan importantes como esta.

¿Va a recuperar la justicia universal para los tribunales españoles, y derogar así la reforma que hizo el PP?

Sí. Estamos ultimando la derogación del recorte de la justicia universal por parte del anterior Gobierno. Ese recorte de la justicia universal dejó maniatado al Estado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional. Además, creó espacios para la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Y, en fin, que haya otros países que estén juzgando casos vinculados con el franquismo y que no sea España, pues me parece que no es aceptable. O al menos no es aceptable para este Gobierno.

Pero para juzgar los casos del franquismo, haría falta acabar con la Ley de Amnistía, que es la barrera judicial que impide juzgar algunos asuntos relacionados con el franquismo.

Esa es la discrepancia que nosotros tenemos con algunos grupos parlamentarios. Nosotros consideramos que la modificación de la Ley de Memoria Histórica que hemos planteado por parte del Grupo Parlamentario Socialista a principios de año precisamente resuelve algunas de estas cuestiones.

Usted hablaba de los acusados de crímenes de lesa humanidad ¿eso significa que España debería entregar, por ejemplo, al exministro Martín Villa a la justicia argentina?

Yo no me puedo meter...

Bueno, dé una opinión...

No, insisto. El carril de la justicia va por su lado y el carril de la política va por otro. Lo que sí que creo es que hay instituciones como el Tribunal Penal Internacional de La Haya que necesitan del compromiso de todos los Estados en la reivindicación y la reconstrucción de un principio básico como es la justicia universal.

La princesa Corinna ha asegurado que el rey Juan Carlos de Borbón tiene cuentas en Suiza, testaferros en paraísos fiscales y que pidió comisiones por sus gestiones para el AVE a la Meca. Todos los partidos que respaldaron su investidura están pidiendo una comisión de investigación en el Congreso. ¿La va a respaldar el PSOE?

Creo que hemos dado una respuesta que es, en el primer momento, la más adecuada. El Congreso de los Diputados se autoorganiza con la constitución y la creación de determinadas comisiones. Una de ellas es la comisión de secretos oficiales. Es evidente que el origen de esas declaraciones y de esa filtración parece que está bastante localizado. Bien, nosotros lo que consideramos es que el director del CNI tiene que comparecer en esa comisión y que los grupos parlamentarios escuchen lo que tiene que decir. A partir de ahí, pues lógicamente los grupos parlamentarios, también el grupo parlamentario socialista, tomarán la decisión respecto a cómo proceder.

¿Entonces no descarta en el futuro aceptar esa comisión o dar más pasos más adelante de las futuras comparecencias?

Ni la descartamos ni la aceptamos. Cuando escuchemos al director del CNI tomaremos la decisión.

¿Y Hacienda puede investigar estos indicios de fraude fiscal, estos presuntos indicios de fraude fiscal del rey emérito?

Si hubiera elementos para ello, a mí no me cabe duda de que se haría. Pero hay que ver exactamente cuál es el grado de verosimilitud de este tipo de acusaciones.

¿Usted qué grado de verosimilitud le da a estas acusaciones?

Yo creo que sobre estas cuestiones es mejor escuchar al director del CNI.

Desde la oposición, usted pidió a Mariano Rajoy que hiciese públicos los nombres de la amnistía fiscal. ¿Por qué ha cambiado de criterio ahora que está en su mano?

Porque tengo los elementos de juicio que antes no tenía. Creo que es importante hacer un poco de historia. El grupo parlamentario socialista fue quien presentó el recurso de constitucionalidad a la amnistía ante el Tribunal Constitucional y la sentencia es bastante clara. Consideró ilegal la amnistía fiscal e hizo un reproche no solamente jurídico, sino también político al anterior gobierno. Pero también hay en la sentencia un posicionamiento claro a nuestro juicio por parte del alto tribunal en cuanto a la irretroactividad de la publicación de esos nombres, de los beneficiados por la amnistía fiscal.

Nosotros, desgraciadamente, no podemos cambiar un pasado ya sentenciado. Pero sí podemos evitar futuras amnistías fiscales. Eso es lo que vamos a hacer. También tiene mi palabra de que desconozco quienes son las personas que fueron beneficiadas de esa amnistía fiscal.

¿De qué sirve una ley que prohíba las futuras amnistías fiscales si esa ley puede ser derogada en el Parlamento?

Si futuros gobiernos quieren hacer amnistías fiscales, tendrán que asumir el coste político en el Parlamento y ante los ciudadanos. Tendrán que explicar en el Congreso que esas amnistías fiscales se van a permitir. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer ni las vamos a permitir por ley.

Yo puedo cambiar el presente y el futuro. Más el presente que el futuro, porque efectivamente pueden venir gobiernos distintos y hacer lo contrario. Pero lo que no puedo hacer es cambiar el pasado, y eso lo lamento. Yo ahora tengo los elementos de juicio que no tuve entonces. Hay informes muy sólidos de la abogacía del Estado que precisamente lo que nos dicen es que es imposible cuestionar esa retroactividad. Pero en todo caso me parece que el compromiso de este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal y contra la evasión fiscal es firme.

¿Va a mantener la ley de igualdad laboral que presentaron en la oposición, que contenía por ejemplo que las empresas estuvieran obligadas a informar sobre los sueldos por sexo, incluso ampliar los planes de igualdad en pymes?

Sin duda. Estamos trabajando con Unidos Podemos tanto en la ley de brecha salarial como en la ley de igualdad laboral que están en trámite parlamentario. Nosotros lo que queremos es que lleve el sello de la igualdad de género. Me da igual que haya sido propuesta por Unidos Podemos o por el grupo parlamentario socialista, lo que es que es importante es esa ley vea la luz antes de final de año, en el próximo periodo de sesiones. Como también la de la eutanasia, es importante que el Congreso de los Diputados la apruebe en el próximo periodo de sesiones.

¿Va subir el gasto en Defensa hasta el 2% como insiste Donald Trump?

Es que ese no es el compromiso. Muchas veces los titulares se olvidan de los detalles, que son importantes. El acuerdo legal es de 2014 y lo que dice es que tenemos que tender en el año 2024 al 2% del PIB en gasto de Defensa. Nosotros vamos a tender como socios y aliados de la OTAN a ese gasto en Defensa pero lógicamente también cuestionamos, y así se lo dije e hice saber al presidente estadounidense, que el compromiso con la Alianza Atlántica sea solamente en cuanto a lo que aportas financieramente en gasto en Defensa.

Creo que el que España esté comprometida con tropas en Letonia, en los Países bálticos, en Turquía con los misiles patriots defendiendo una población de más de 2 millones de personas respecto a lo que es la frontera de Siria y que también vayamos a liderar la formación de las Fuerzas Armadas de Túnez en la lucha contra el terrorismo demuestra a las claras el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de todos.

¿Pero habrá un incremento del presupuesto en Defensa en los próximos años?

Tiene que haberlo, tiene que haberlo.

¿De dónde saldrá el dinero?

Pues eso es lo que tendremos que proponer desde el Gobierno de España y también desde el Parlamento. Yo lo que espero es que podamos llegar a un acuerdo. Uno, porque es evidente que la seguridad también forma parte del bienestar social. La seguridad frente a la amenaza del terrorismo internacional, y en particular del terrorismo yihadista. Dos, por el desafío que está planteando Putin de desestabilización de determinados países de la Unión Europea. O tres, todo lo que tiene que ver con lo que llaman ahora los expertos en Defensa, las estrategias de ataque híbrido, es decir de desestabilización de países utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales exige por parte de todos los aliados un mayor compromiso.

También creo que los países aliados tenemos que ser conscientes de cuál es la posición de la administración estadounidense respecto a su contribución a la OTAN, a lo que representa la Unión Europea. Y nosotros tendremos también que reequilibrar los intereses de los países aliados.

¿Europa debería sancionar a Italia por incumplir el derecho marítimo internacional y los derechos humanos al cerrar los puertos a los inmigrantes?

A mí me parece, en términos generales, que la eurofobia es el principal desafío al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Desde luego las coordenadas en las que se mueve e interpreta la realidad migratoria por parte del Gobierno de España son radicalmente opuestas a las del Gobierno italiano. Y ahí me quiero quedar.

¿El Gobierno va a acabar con las devoluciones en caliente?

El Gobierno se ha comprometido a ello. Y se ha comprometido a hacer una gestión ordenada de los flujos migratorios. España ha recibido a lo largo de este año 18.000 seres humanos que han llegado a sus costas. Tenemos que dar respuesta a esa realidad y a los flujos migratorios ordenados. Hemos vuelto a crear una comisión que se había abandonado por parte de la anterior administración: una comisión interministerial sobre política migratoria. Hemos vuelto a activar la conferencia sectorial migratoria entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.

El compromiso del Gobierno de España con la dura realidad del Mediterráneo, y también la del Estrecho, está fuera de dudas. Nosotros respetamos los derechos humanos y el derecho al asilo de buena parte de estos migrantes. Pero esta es una realidad que tenemos que gestionar con altísimos grados de responsabilidad y seriedad. Al igual que tenemos que agilizar todos los trámites de los migrantes que piden el derecho a asilo, también es cierto que hay una migración irregular que no podemos permitir y que tenemos que controlar.

¿Van a terminar con los privilegios fiscales de la Iglesia? ¿Va a pagar la Iglesia el IBI de sus inmuebles?

Lo que vamos a hacer es ir paso a paso. No podemos hacer todo en este corto período de tiempo. Saben cuál es la posición del partido socialista, pero paso a paso.

¿Incluyendo una revisión del Concordato, que es una propuesta del PSOE?

Paso a paso.

¿Van a establecer un protocolo laico para los funerales de Estado?

A mí me gustaría.

Algunas de las últimas víctimas de la violencia machista tenían órdenes de alejamiento. ¿Está fallando algo que se pueda arreglar desde el Gobierno?

Desgraciadamente la seguridad total de una persona no se puede garantizar al cien por cien. Pero sí que creo que podemos volcar más recursos económicos, concienciar y sobre todo formar a las Fuerzas y a los Cuerpos de Seguridad, a la Policía, a la Guardia Civil, a los jueces y a los fiscales. El Gobierno de España va a hacer todo lo posible para que haya unas calles en España libres de ‘manadas’.

Cuando presentó la moción de censura, usted anunció que si ganaba convocaría elecciones “tras recuperar la normalidad institucional y política”. Ahora, ha dicho que su intención es no hacerlo hasta el final de la legislatura. ¿A qué responde este cambio de criterio?

Creo que tenemos menos tiempo del habitual, pero hay muchas cosas que hacer. Y creo, además, que hay una corriente de opinión pública mayoritaria a que el Gobierno haga una serie de reformas, de transformaciones, de reconstrucción de derechos, de libertades, y de lucha contra la precariedad y la desigualdad, que creo que nos corresponde a nosotros a hacer.

La moción de censura ha supuesto un cambio de época en la política española. El cometido de este Gobierno, y también de los grupos parlamentarios que apoyaron esa moción de censura, es cultivar y consolidar ese cambio de época en la política española. No retroceder. En consecuencia lo que tenemos que hacer es llenar de contenido ese propósito del cambio de época. Llenar de contenido ese propósito significa regeneración, consolidar el crecimiento económico, luchar contra la precariedad, reconstruir el Estado del Bienestar y recuperar buena parte de las libertades perdidas. Son cosas que a lo mejor para la derecha representan asuntos cosméticos, pero para muchos colectivos representan temas de calidad democrática y de reivindicación de derechos y libertades. Y para eso está este Gobierno.

Si no logra sacar adelante las cuentas de 2019, ¿convocará elecciones, como usted le pedía a Mariano Rajoy?

Yo lo que espero es poder sacarlas adelante. Contamos con una senda de estabilidad más razonable de lo que planteó el anterior Gobierno y, por tanto, con una mayor capacidad de gasto para las Comunidades Autónomas, para los Ayuntamientos y para el Gobierno de España. Espero contar con el apoyo de la Cámara.

El 'establishment' fue despiadado con usted cuando el Comité Federal del PSOE lo destituyó tras negarse a investir a Rajoy.

Sí.

¿Cómo le trata ahora este mismo 'establishment'? ¿Nota mucho el cambio?

Con respeto.

¿Qué es lo que más le comentan los líderes internacionales cuando le preguntan y le conocen como el nuevo presidente de España?

Que España ha vuelto. Esa sensación de que España vuelve a contar en los procesos de decisión, en la toma de decisiones, en posicionamientos claros sobre asuntos concretos, ya sea el presupuesto comunitario, ya sea la crisis migratoria o la posición europea dentro de la Alianza Atlántica. Al menos yo lo he percibido como tal.

¿Ha vuelto a hablar con Mariano Rajoy desde que está usted en La Moncloa?

No, pero lo haré.

"El sector financiero tiene que contribuir de manera más específica a los ingresos públicos"

Hablemos de impuestos. ¿Puede concretar cómo serán los impuestos a la banca, a las tecnológicas y a las grandes empresas que prepara su Gobierno?

Estamos ahora mismo trabajando en los anteproyectos de ley. Desde el punto de vista de la imposición tecnológica yo creo que se va a vincular claramente a los servicios de esas empresas tecnológicas. Digamos que va a ir en la senda de muchos de los impuestos puestos en marcha ahora mismo por algunos países europeos. En esto hay bastante consenso en Europa de que evidentemente estas grandes tecnológicas no están pagando los impuestos que deben. Cuando lo aprobemos vamos a ser uno de los países pioneros en Europa a la hora de aprobar este tipo de tributación.

En cuanto a los impuestos a los grandes conglomerados empresariales, es evidente que el impuesto de sociedades, los tipos efectivos de los grandes conglomerados, es inferior al de muchas pequeñas y medianas empresas. Es una cuestión de justicia fiscal y nosotros lo que vamos a hacer es poner un mínimo de un 15% al impuesto de sociedades que paguen los grandes conglomerados. No es que nosotros vayamos contra las grandes corporaciones porque no. Respetamos que creen empleo. Pero creemos que tienen que contribuir con mayor capacidad de esfuerzo que las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a la imposición a la banca, hubo varias cumbres como la del G20, al principio de la crisis económica, donde se dijo que el sector financiero tiene que contribuir de una manera mucho más específica a los ingresos públicos. Nosotros vamos a explorar esa vía, estamos trabajando y esperamos que podamos contar con el apoyo de la Cámara.

Y finalmente, también hay que abrir un debate sobre la necesidad de articular una tributación que cambie los hábitos y los usos de los ciudadanos. España es un país que está a la cola en la tributación ecológica. Y este gobierno, que está comprometido con la lucha y la adaptación al cambio climático, con la necesidad de impulsar las energías renovables y de respetar nuestro medio ambiente, pues lógicamente vamos a hacer lo que están haciendo otros países europeos que es precisamente la imposición al diésel. No a aquellos trabajadores y sectores que por motivos laborales utilizan este tipo de carburante. Pero sí que creo que el diesel tiene que ser un combustible que cada vez pese menos.

El Gobierno dice que el diésel tiene los días contados. ¿Con qué calendario juega?

Yo creo que la ministra, cuando dijo lo de los días contados, lo dijo en el sentido de esa necesaria transición ecológica. No es tanto ponerle una fecha como que es evidente que, en esta transición energética y ecológica, el diésel tiene que dejar de ser un carburante a utilizar por los vehículos en la movilidad urbana. Creo que ese fue el planteamiento que hizo la ministra y yo lo comparto.

¿Se compromete a que en el 2020 el salario mínimo sea de 1.000 euros como le pidió a Mariano Rajoy cuando era presidente?

No solamente me comprometo, sino que además los propios sindicatos y empresarios han firmado este acuerdo que nosotros respaldamos. España crece, pero no redistribuye ese crecimiento. Ahora mismo el reparto de la renta entre los trabajadores y los beneficios empresariales está absolutamente desequilibrado. Creo que hay que recuperar ese equilibrio y para hacerlo es fundamental recuperar el poder de la negociación colectiva. Si la Cámara lo quiere, y desde luego nosotros así lo vamos a impulsar, queremos que la negociación colectiva y los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa. Esto es muy importante porque hay un deterioro y una precariedad en muchísimos convenios que tenemos que corregir.

Entrevista completa a Pedro Sánchez

VÍDEO: David Conde, Alejandro N. Bustamante