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Enviado de Villarejo pasó a periodistas información sensible para chantajear

Madrid —

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Madrid, 26 ene (EFE).- El abogado Alfonso Pazos, que coincidió en la cárcel con el comisario jubilado José Villarejo, ofreció a periodistas información reservada que el policía presuntamente le facilitó para, supuestamente, “chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible”.

Entre esa información, el enviado de Villarejo se comprometió a pasar correos electrónicos entre el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ambos imputados en la pieza Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, rechaza la petición de la periodista María Montero de acceder y poder publicar la información que le fue intervenida en el marco de la operación en la que el pasado octubre fueron detenidos Pazos, su esposa, el también excompañero de prisión de Villarejo Javier Ruiz, y la mujer del excomisario, Gema Alcalá, por ofrecer información reservada en nombre del policía.

El juez explica que esta investigación se abrió para identificar a quienes tuvieran “documentos clasificados como secreto oficial”, y también para “impedir que la organización criminal pudiera obtener un ilícito lucro económico” y que Villarejo “pudiera chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible”.

“Se trata de una información que, al parecer, conservaría el líder de la organización, el Sr. Villarejo, de forma ilícita, y que la organización facilitó a la periodista con la finalidad delictiva de que esta la difundiese”, señala el auto, en el que entre otras diligencias se acuerda citar a Montero como testigo en el marco de esta pieza, la número 28 del caso Tándem.

Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que alude el auto, de lo investigado hasta ahora se deduce que “al menos” desde octubre pasado los intermediarios de Villarejo podrían “estar ofertando en el mercado, contactando, para lograr la máximo difusión, con algunos periodistas, todo ello bajo la supervisión” del excomisario, que dispondría “de una gran cantidad de información y documentación que podría estar controlando desde la prisión” de Estremera, en la Comunidad de Madrid.

En el caso de Montero, fue Pazos quien, según la investigación, le entregó algunos de estos documentos “con la pretensión de que fueran difundidos en medios de comunicación directa o indirectamente vinculados a esta”.

Pazos, que coincidió con Villarejo en Estremera, salió el pasado 14 de octubre del Centro Penitenciario de Logroño para disfrutar de un nuevo permiso, y utilizó para sus desplazamientos un vehículo “ya monitorizado por los investigadores”.

Aprovechó esa salida para contactar con Montero y, de la conversación que mantuvieron y que fue intervenida, se deduce que la periodista recibió esa documentación reservada.

“La orden que tengo de Pepe es contactar, sobre todo, con las personas que se enfrentan a toda esta gentuza y tú eres la primera, porque eres la única que ha presentado una querella contra esta gentuza”, le dice Pazos cuando consigue hablar con ella.

Acto seguido le pide su correo electrónico para pasarle “un montón de notas informativas de las que pasaba Pepe y un montón de cuestiones”.

Según los correos interceptados, se trataría de documentación intervenida en 2017 en Tándem, “desconectada de los hechos objeto de investigación y principalmente relacionada con las funciones asignadas a Villarejo como funcionario policial en los años 2013/2014 y cuyo contenido pudiera estar afecto a la legislación sobre secretos oficiales”.

Tras confirmarle dos horas después que había recibido la documentación, Pazos se compromete en “seguir mandando cosas”, “notas informativas que él pasaba a la Superioridad, correos electrónicos”, y le asegura: “a mi Pepe me dio permiso totalmente”.

Más adelante vuelven a hablar y ella le pregunta en qué puede colaborar.

“Ya estás colaborando, o sea, intentando desmontar a toda esta panda de corruptos que es la Fiscalía Anticorrupción, pues imagínate”, le dice Pazos, a lo que ella “asiente”, y él añade que toda esa documentación “nos llega pues un poco con cuentagotas”, “de lo que la Fiscalía quiere sacar” y “de alguna cosa que nos llega de aquella manera y la tenemos ahí, pero nada más”.

La periodista le dice que en cuanto pueda leerá todo lo que le ha mandado y Pazos le advierte que también tendrá que escuchar: “que te he mandado unos audios muy, muy alegres”, y le explica que aunque él ya no está en Estremera tiene “vía directa con Pepe”.

Se compromete también a pasarle más información cuando esté en su casa, como esos correos entre Fernández Díaz y Martínez.

Pazos habla de información relativa a la llamada “Operación Cataluña”, y afirma disponer de más “notas informativas”, que define como “información de inteligencia”, calificación que parece otorgar en función de la forma en que se obtiene dicha información (que califica como “no muy legal”).

La periodista baraja con él la fórmula para justificar la obtención de esa documentación y le habla de presentarla como “notas informativas de Villarejo que constan en los archivos de la Policía Nacional” que están en poder “de García Castellón y de Stampa y que no las han contado”. “Yo ahí me los cargo”, se jacta.

Por todo ello, el juez entiende que la información que la periodista reclama y pretende difundir “podría estar amparada por la legislación en materia de secretos oficiales”, además de que los dispositivos en los que almacenaba esos datos “tienen la consideración de efectos judiciales”, pudiendo ser “cuerpo del delito, al ser el objeto material del presunto delito de descubrimiento y revelación de delitos”. EFE

na/rb/ros

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