La Eurocámara inicia el lunes una misión de perfil bajo para analizar el espionaje con Pegasus

No era la prioridad de los grandes partidos, pero finalmente tendrá lugar. Una delegación de la comisión sobre el espionaje con Pegasus del Parlamento Europeo viajará a España los próximos 20 y 21 de marzo para conocer in situ el uso de esa herramienta para espiar a 65 personas vinculadas con el independentismo y también a Pedro Sánchez y varios ministros, como Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Las posiciones están muy enconadas al respecto y PSOE y PP pretenden rebajar sustancialmente las conclusiones preliminares de la ponente liberal, Sophie in 't Veld, que apuntaba directamente al Gobierno en el Catalangate.

De los nueve miembros de la delegación, cuatro son españoles, lo que demuestra una vez más que los problemas internos contaminan la política europea: Ibán García del Blanco (PSOE), Juan Ignacio Zoido (PP), Jorge Buxadé (Vox) y Diana Riba (ERC), una de las dirigentes que sufrieron la infección en su teléfono, de acuerdo a la investigación de Citizen Lab.

72 horas antes de que comience formalmente la misión, no hay confirmación sobre quién será la autoridad gubernamental que reciba a los eurodiputados. El CNI, que es el organismo que espió al menos a una parte de los independentistas, se ha caído del programa final. El borrador del programa que la Eurocámara ha publicado este viernes señalaba que los interlocutores del Gobierno están aún por determinar. Será el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pascual Navarro, cuya cartera no tiene nada que ver con el uso de Pegasus, quien reciba a los eurodiputados. La visita coincidirá con la primera sesión de la moción de censura en la que Vox ha presentado a Ramón Tamames como candidato.

“Viajamos a España para entender mejor los controles y equilibrios vigentes en este país para prevenir cualquier utilización ilegal de los programas espía. Durante la visita, esperamos escuchar de primera mano de los representantes gubernamentales y del Parlamento qué sistemas existen para la compra y autorización de programas como Pegasus. También queremos reunirnos con las víctimas y conocer sus testimonios”, señala el presidente de la comisión de investigación, Jeroen Lenaers, en un comunicado.

“Hay preguntas pendientes, a las que esperamos obtener respuestas. Para eso, confiamos en que nos reciban tantos representantes gubernamentales como sea posible. Esto sería de gran ayuda para la investigación”, agrega In ‘t Veld.

Además de organizaciones sociales y parlamentarios -entre ellos la comisión de Defensa en el Congreso-, la delegación se reunirá con el director de seguridad y justicia del Defensor del Pueblo. La institución que pilota Ángel Gabilondo concluyó que el espionaje a través de Pegasus había sido acorde a la ley, a pesar de que sólo analizó los casos reconocidos por el CNI.

Entre las víctimas del espionaje que intercambiarán impresiones con la delegación estará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

“Hemos tenido muchos bloqueos, se ha tendido a diluir”, dice Riba en conversación con elDiario.es. La eurodiputada republicana explica que la comisión pretende concluir si se deben prohibir los mecanismos de espionaje como Pegasus o establecer un marco legal que especifique los casos. “Las mayorías están más en este segundo bloque”, afirma.

Los independentistas han sido muy críticos con la forma en la que se ha organizado la misión y aseguran que las autoridades españolas la han intentado “obstaculizar”. ERC, Junts, la CUP, Òmnium y la ANC consideraron en una carta “muy preocupantes” esas trabas y denunciaron que algunas de las víctimas pudieran dar sus testimonios.

La comisión ha comenzado a negociar ya el texto final del informe al que se han presentado 1.281 enmiendas. La intención de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos es modificar sustancialmente el borrador, que cuestionaba el espionaje a representantes del independentismo catalán amparándose en la necesidad de garantizar la seguridad nacional del Estado: “Un análisis detallado de los ataques muestra un patrón claro. La mayoría de los ataques del Catalan Gate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política, como casos judiciales contra independentistas catalanes, mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España. Dicha vigilancia incluye, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo. Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se han divulgado, no es posible establecer de qué manera tendrían un impacto inmediato o constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado”.

“El ataque a los ciudadanos catalanes con spyware comenzó en 2015 y se ha llevado a cabo a gran escala desde 2017. Después de la cobertura mediática inicial en 2020, el escándalo estalló en toda Europa en abril de 2022 con la publicación del informe de CitizenLab. de la Universidad de Toronto. Dado el paso del tiempo desde el comienzo del espionaje y estas revelaciones, no ha sido posible identificar o investigar más a fondo una serie de objetivos debido a diversos factores, como que varios objetivos se deshicieron del teléfono en cuestión”, agregaba ese documento, que señalaba el “contraste” entre la “naturaleza acelerada” de la investigación del espionaje a Sánchez y el “paso lento” de las causas de los independentistas.

En el caso de los miembros del Gobierno, el informe no dudaba en señalar a Marruecos: “Se cree ampliamente que las autoridades marroquíes espiaron al primer ministro, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de manera similar al caso del presidente francés y los ministros. Se ha informado que el Gobierno marroquí podría ser potencialmente responsable de este ataque, sin embargo, esa información no ha sido confirmada”.