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Volver al Ejército en 2018: la misión imposible del exteniente Segura

El cambio de gobierno, la ley de protección a los denunciantes y un error judicial abren tres pequeñas ventanas para que el militar, expulsado en 2015 tras denunciar la corrupción en el cuerpo, vuelva a las Fuerzas Armadas 

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Luis Gonzalo Segura, durante una de las concentraciones organizadas en apoyo a su causa.

Luis Gonzalo Segura, durante una de las concentraciones organizadas en apoyo a su causa.

Luis Gonzalo Segura fue expulsado del Ejército en 2015 por motivos disciplinarios. Expresiones como "la corrupción en las Fuerzas Armadas es pública y conocida por todos debido a la impunidad que nos da el tener nuestros propios jueces" o "con el dinero del Ministerio de Defensa se pagan campos de golf para oficiales en vez de dedicarlos a la defensa nacional" provocaron que el alto mando le despojara de sus galones tras trece años de servicio. El exteniente siempre denunció que el fondo de sus denuncias no se había investigado y por tanto su expulsión era injusta. Ya entonces anunció que estaba dispuesto a recurrir ante la justicia europea si era necesario. Pero un giro de los acontecimientos puede hacer que no tenga que esperar tanto. 

La segunda mitad de 2018 ha abierto nuevos caminos a Segura. Ninguno de ellos le ofrece un recorrido fácil, pero todos llegan hasta su objetivo final: conseguir su reincorporación a las Fuerzas Armadas.

La caída del Ejecutivo de Mariano Rajoy supuso la primera inflexión en su caso. En 2015 fue el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien desoyó las peticiones del exmilitar de abrir una auditoria externa sobre sus denuncias —como la existencia de una caja B en el Ejército de Tierra sustentada con facturas falsas de gasolina— y, de forma "ejemplarizante" (sic), firmó la orden de expulsión redactada por la misma cúpula militar a la que Segura señalaba. Con la llegada de Margarita Robles al Ministerio el cambio de perfiles ha sido radical: antes de ocupar el Ejecutivo, la jueza fue uno de los principales apoyos políticos de los  alertadores en su reclamación de una ley que les proteja de represalias de los corruptos.

La expulsión de un militar por motivos disciplianarios es un proceso administrativo que debe ser ratificado por el ministro de Defensa como responsable de las Fuerzas Armadas. Un proceso administrativo que Robles podría ahora deshacer. Según ha podido saber este medio, la ministra conoce esta posibilidad y la pretensión del exteniente pero, de momento, el asunto no está encima de su mesa.

Las revelaciones de Segura y su apertura a colaborar con medios de comunicación y grupos políticos para derribar el muro de opacidad de las Fuerzas Armadas le han granjeado apoyos. Una petición popular que pide a la ministra que lo readmita acumula casi 15.000 apoyos. A su vez varios grupos parlamentarios están dispuestos a instar desde la cámara a Robles a estudiar su reingreso. Uno de los más cercanos a la figura del exmilitar es Unidos Podemos. Su portavoz en la comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, anuncia que impulsará una iniciativa parlamentaria de cara al nuevo curso político para promover la vuelta a filas de Segura.

"Se puede hacer y vamos a presionar a Robles para que se haga", confirma Delgado: "Lo raro es que no se hayan investigado todavía las corruptelas que él denunció pero hayan matado al mensajero. Tenemos que agradecer el valor de todas las personas que denuncian y luego se ven en situaciones muy complicadas". Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también ha confirmado a eldiario.es su voluntad de iniciar una acción en este sentido en septiembre. "Ojalá algún día el Ejército se pareciera un poco más al teniente Segura y no tanto a los fascistas que el Estado español condecora", lamenta en declaraciones a este medio.

Al margen del PP, reacio a enmendar a su propio exministro, tanto PSOE como Ciudadanos se muestran más prudentes respecto a su apoyo a esas iniciativas. Los socialistas guardan silencio, mientras que los de Albert Rivera recuerdan que su grupo presentó una proposición de ley que incluía una protección a denunciantes. " Si la ley estuviera aprobada ya nos evitaríamos casos como el de este denunciante y tantos otros", afean.

Como detalló eldiario.es, esa ley está atascada desde principios de 2018 debido, principalmente, a la inacción del PP. El objetivo de los grupos es que la norma encare la recta final de la negociación tras el verano y pueda estar aprobada antes de final de año. Si la posibilidad de que Robles deshaga la decisión de Morenés es la primera piedra de la misión imposible de Segura, esta ley es la segunda: cabe la posibilidad de que denunciantes de corrupción que han perdido sus empleos en instituciones públicas puedan acogerse a ella y solicitar la protección de manera retroactiva.

Expulsado... ¿de la Guardia Civil?

El exmilitar aseguró que llegaría hasta los tribunales europeos para defender su libertad de expresión, pero aún no ha agotado la vía jurídica en España. Su recurso contra a falta grave que le valió su separación definitiva del servicio, en cuyo expediente se incluyen afirmaciones como las citadas al inicio del texto, está pendiente de la valoración de la sala castrense del Supremo tras ser desestimado por el Tribunal Militar Central. Fue precisamente este último órgano el que, sin quererlo, abrió la posibilidad de que el reingreso se Segura en el Ejército se produzca antes de terminar el 2018 por vía judicial.

En el fallo con el que desestimó su recurso en 2017, este Tribunal sentenció que la sanción por falta grave era correcta en base al código disciplinario de la Guardia Civil. Se trata de un error, puesto que al pertenecer al Ejército de Tierra, Segura no debía obedecer este código disciplinario, sino el de las Fuerzas Armadas. "Había tanta prisa por crucificarlo que lo crucificaron por un código disciplinario equivocado", afirma su abogado, Josep Jover.

Extracto de la sentencia que amparó la expulsión del exteniente Segura en base a una ley equivocada.

Extracto de la sentencia que amparó la expulsión del exteniente Segura en base a una ley equivocada.

Ambos códigos son diferentes y están regulados en leyes diferentes. Según su letrado, este defecto de forma en la sentencia podría traducirse en su nulidad. "La ventana que se abre es que ordenen que se devuelvan los autos al Tribunal Militar Central porque el jurídico se ha equivocado. Pero ante eso alegaríamos que la falta ha prescrito, por lo que habría que readmitirlo", expone el letrado. Dicha falta era la tercera de esta gravedad que Segura recibía, lo que permitía a la cúpula militar pedir su expulsión al ministro ( e imponerle 60 días de arresto). Si se anula, no se cumplirían las condiciones que facilitaron su salida del servicio.

Se trata de una situación excepcional ("un caso entre 10.000", opina Jover), pero que podría provocar que la Sala de lo Militar del Supremo tuviera que posicionarse a su favor. La vista oral de su caso, la última vía de su  misión imposible, se espera antes de final de año.

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