La Fiscalía afirma que los complementos salariales en Podemos son “transparentes” e insiste en que no hay delito

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha adherido al recurso presentado por Podemos contra la decisión del juez que investiga al partido, Juan José Escalonilla, de reabrir la investigación sobre los complementos salariales que habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos. La representante del Ministerio Público, que ya se mostró en contra de reabrir estas pesquisas, reitera que esos complementos se cobraron de manera “transparente” y “con control interno”. Y precisa, además, que no se está hablando de cantidades cobradas en B o en sobres, “sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido”.

Tras su sobreseimiento provisional en marzo, el magistrado estimó un recurso de Vox y a mitad de abril acordó reabrir esta línea de investigación al considerar que la gerente no disponía de la capacidad para acordar incrementos salariales a los miembros del partido y que, por tanto, al haber aprobado en algunos casos la subida de los emolumentos podría haber incurrido en un delito de administración desleal.

La existencia de estos supuestos “sobresueldos” fue objeto de denuncia de los abogados enfrentados con la cúpula del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, que cuestionaron los aumentos de las nóminas de Val y De Frutos mediante la implementación de dos complementos salariales —por importe de 210,32 y 400 euros— así como a través del reintegro a los mismos de gastos por desplazamientos u otros conceptos que consideraban “indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados”. 

Tras la práctica de varias diligencias, la Fiscalía reitera que el cobro de los complementos salariales “podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos”, pero no es por sí un hecho típico. Explica a continuación que si la medida de incrementar los salarios se hubiera hecho mediante acuerdo con la gerente o bien a través de una propuesta ante la dirección del partido, tampoco sería constitutivo de delito. 

Para la Fiscalía, como ya ha manifestado en más de una ocasión, “no deja de extrañar” que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, en este caso el propio partido político, no se considera como tal. “Y lo hace —añade en su recurso— sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna”. De hecho, llegan a solicitar que se considere a una de ellas, que certifica la regularidad de los complementos, como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal.

El Ministerio Público denuncia también que la acusación particular pretenda que se revelen datos sobre quienes cobran en el partido ese tipo de  complementos junto con un requerimiento general a Podemos sobre el informe de ejecución de presupuestos y documentación enviada al consejo ciudadano. La práctica de estas nuevas diligencias es para la Fiscalía un “nuevo” intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política “respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito”. 

A pesar de esta reapertura, el 'caso Neurona' se ha ido adelgazando en los últimos meses con el cierre de varias de las líneas de investigación. En enero, el juez archivó la línea de investigación sobre la reforma de la nueva sede del partido y sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado el abogado. Previamente, en octubre, el juez había cerrado otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa a las supuestas irregularidades en cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes a las generales de 2019. 

Sí siguen abiertas las investigaciones sobre el contrato con la consultora Neurona para esos mismos comicios, en la que está imputado el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; y sobre la la 'caja de solidaridad', un fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones y que ordenó reabrir la Audiencia de Madrid.