La Fiscalía, contra el 'boom' de casas prefabricadas: defiende que no hay vacío legal y que necesitan licencia

Colocar una casa prefabricada en un terreno sin licencia urbanística –ya sea un huerto, una parcela en el campo o en la sierra– puede suponer penas de cárcel. Ese es el aviso que ha dado la Fiscalía a las empresas que vendan estas viviendas, así como a las personas que quieran comprarlas. El Ministerio Público señala que no existe “vacío legal” en cuanto a los permisos para colocarlas, como aseguran algunas compañías, y argumenta que la normativa es clara: a ojos de la Justicia, son viviendas como las fabricadas de ladrillo y cemento.

Antonio Vercher, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, ha enviado un decreto al resto fiscales delegados en el que insta a investigar algunas prácticas relacionadas con las denominadas ‘mobile homes’, como situar estas construcciones en zonas que no cuentan con las licencias necesarias para edificar con la excusa de ser transitorias o móviles, algunas incluso sin conexiones de agua o electricidad precisamente para intentar evitar los juzgados. El fiscal de Sala recopila diferentes sentencias que apuntan en la misma dirección: cualquier vivienda, sea prefabricada o no, necesita permisos. El escrito expone que no es relevante ni siquiera el carácter de temporalidad al que aluden algunas empresas. Es decir, da igual que la casa esté destinada para vivir temporalmente o no o que vaya a ser desplazada. “Una edificación sería toda obra o construcción destinada a albergar personas, bien para servir de morada permanente o transitoria o para otros fines”, recoge el texto, que también incide en que “toda estructura habitacional requiere licencia”. 

Casas prefabricadas en terrenos protegidos

El problema va más allá cuando se trata de terrenos protegidos. En 2017, el Tribunal Supremo confirmó condenas de un año y medio de prisión a un grupo de personas que colocaron casas de este tipo en la cuenca del río Guadarrama, un espacio protegido por la Red Natura 2000. La condena fue finalmente de un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por poner construcciones “absolutamente prohibidas” en un parque con un “valor ecológico de indudable constancia”, de manera que “urbanizaron” y “desnaturalizaron” el terreno, según la sentencia.

Juan Manuel López Rubio, letrado de Ecologistas en Acción, relata casos similares que se dan desde hace años, aunque destaca un aumento a partir de la pandemia de coronavirus. El abogado explica que antes lo tenían más complicado al personarse en las causas porque debían acreditar que era una vivienda con “vocación de permanencia”, con lo que valora de manera positiva el escrito del fiscal: “Ahora queda clara cuál es la posición del ministerio a nivel nacional. Por un lado, facilita la labor en los tribunales, y lo que es más importante, transmite [las directrices] a los que venden casas y dicen que se pueden legalizar, así como a los propietarios”. Por su parte, el dueño de una empresa valenciana dedicada a este negocio sabe que colocar este tipo de viviendas “en una parcela rústica de campo como un huerto no es legal, lo que pasa es que la gente compra, coloca y chimpún”. El empresario asegura que hay un “baremo legal”, pero que si el terreno no tiene los permisos, no es legal: “Pero [los propietarios] lo hacen, como si fuese un mueble del Ikea”, añade.

El antropólogo urbano José Mansilla explica que el fenómeno se puede equiparar a otro de los años 70 y 80, cuando en las afueras de las ciudades “determinados grupos de casas escapaban de la normativa que normalmente controlan los propios ayuntamientos”. Estos nuevos barrios requerían del esfuerzo de las administraciones para llevar servicios básicos como agua o la recogida de basuras, y eso “solo se puede hacer mediante la decisión controvertida de reconocer esos nuevos núcleos urbanos”. “Que no se permita el crecimiento sin control de una ciudad no es porque se le haya antojado a alguien, es porque se sigue unas líneas políticas y técnicas”, asegura Mansilla. Los ejemplos de sentencias por delitos contra la ordenación del territorio relacionados con mobile homes son muchos y se reparten por todo el territorio; el abogado López Rubio recuerda dos: uno en Guadix y otro en Pedrezuela, en Madrid. En ambos casos las condenas recogían prisión, multas, inhabilitación y la obligación de reponer el suelo a su estado original.

También el propietario de una compañía de casas de madera de Jaén es consciente de los problemas que pueden acarrear estas prácticas. Como en el caso de la empresa de Valencia, ha notado un aumento de la demanda en los últimos años y repite el supuesto “vacío legal”, aunque recomienda que se consulte antes a los ayuntamientos ya que “suelen tener la última palabra”: “A algunos no les ponen pegas, y a otros sí, pero las ponen de todas maneras”, reconoce. El gerente de la empresa de casas móviles de Valencia explica que hay gente que prefiere arriesgarse y colocar la vivienda en terrenos no edificables: “Cuando voy a 180 por la autopista sé que no estoy haciendo algo legal, pero voy”.

El Ministerio Público cita otra sentencia de 2016 que recoge que este tipo de prácticas podrían tratarse de un “nuevo intento de burlar la ley” para poder obtener una segunda residencia, incluso primera, “a bajo coste sobre terreno no urbanizable”. Tal y como señala López Rubio, la pandemia ha hecho que algunas personas busquen tener otra residencia fuera de la ciudad, pero advierte de que además del impacto medioambiental que puede suponer en determinados espacios, “en el momento que pones una casa tiene vocación de atracción” y esta acaba “haciendo un núcleo poblacional” en terrenos rústicos. Sin embargo, Mansilla añade que no solo se trata de segundas viviendas, en ocasiones las personas que adquieren y colocan sin permiso las casas lo hacen por necesidad y por no poder pagar otro tipo de vivienda.

Este modelo de negocio en crecimiento, precisa el texto de Vercher, cuenta con “grandes proporciones e ingentes ganancias”. Sobre el papel de propietarios y vendedores, el abogado ecologista reconoce que las compañías tienen “menos responsabilidad achacable” porque “no tienen obligación de seguir cómo se instala la vivienda”, aunque “lo cierto es que quien la traslada son ellos muchas veces. Por lo tanto, tendrían que saber qué condiciones son las del suelo donde van a depositar la vivienda. No porque el cliente diga que la pongan al lado de un arroyo, pueden hacerlo”, agrega.