La Fiscalía rechaza investigar a los donantes del PP porque llevaría demasiado tiempo
La Fiscalía Anticorrupción se opone a alargar la investigación del ‘caso Bárcenas’ lo que sea necesario para destapar la presunta financiación del Partido Popular. Así lo pone de manifiesto en un escrito remitido al juez Pablo Ruz en el que rechaza la petición de una acusación popular para que se incorporen a la causa todos los expedientes de contratación con la Administración de las empresas donantes entre 1990 y 2012.
“La recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso de la instrucción por un tiempo no definido pero, desde luego, superior al año, en el mejor de los casos”, argumenta Anticorrupción en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Esta carencia de medios a la que alude la Fiscalía ignora el refuerzo de funcionarios que ha recibido el Juzgado Central de Instrucción número 5, a petición del juez Ruz, precisamente por la carga que supone la instrucción del 'caso Gürtel' y sus piezas separadas, entre ellas, el ‘caso Bárcenas’.
Argumenta Anticorrupción que desconoce la cantidad de contratos aludidos –“desde luego más de 2.000”- pero que la investigación de “tan ingente volumen” solo estaría justificado por “indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos y la probabilidad de obtener elementos incriminatorios que afiancen y den crédito a los mismos”. Como ya hiciera el miércoles al negar la declaración como testigo de Rajoy, Anticorrupción adelanta un posible archivo de la causa al asegurar que en el 'caso Bárcenas' aún no ha hecho aflorar delitos.
Asimismo, la Fiscalía vuelve a recurrir a la recurrente figura de la prescripción para negar la solicitud del Observatori DESC. De igual forma, el fiscal Antonio Romeral defiende que la acusación pide información sobre periodos de tiempo que “no están afectos por la investigación judicial”. Para rematar, dice que en los ‘papeles de Bárcenas’ no hay anotaciones sobre donativos de algunos periodos de tiempo de los que solicita información sobre contratos públicos la citada acusación.
“Innecesario, costoso e incoherente”
Esta línea de argumentación concluye acusando a la acusación popular ejercida por el Observatori Desc de querer “obstaculizar y enturbiar” la instrucción al solicitar documentación “innecesaria y costosa”. Romeral critica que la acusación pretenda una investigación “prospectiva” y que no se ciña a un determinado periodo. “Es incoherente”, añade, que el Observatori reclame muchos contratos a un solo Ministerio, el de Fomento, e ignore el resto de los firmados por los donantes con otras Administraciones. La acusación precisaba en su petición el nombre de 12 grandes grupos, todos relacionados con el sector de la construcción.
Observatori DESC pedía no solo los expedientes sino también la documentación que en cada uno de esos concursos hubiesen presentado Grupo OHL, Grupo Sando, Sacyr Vallehermoso, Azvi, Sedesa, Copasa, Copisa, Aldesa, FCC SA, Urazca y Grupo Rubau. “Resulta absolutamente necesario la obtención de estos datos para establecer el nexo causal entre las donaciones que obran acreditadas en las atuaciones y los fines que las mismas perseguían”, recogía la solicitud de la acusación popular.
Anticorrupción fía todo a la información que se ha facilitado a los peritos de la Intervención General del Estado por las empresas y la Dirección General de Patrimonio. La Intervención emitirá un informe y sólo entonces, según Anticorrupción, procederá pedir más información sobre los contratos.
