La Fiscalía ve indicios de malversación y prevaricación en el despilfarro del Campus de la Justicia
La Fiscalía General del Estado ha trasladado a Anticorrupción toda la documentación sobre el fallido Campus de la Justicia, el macroproyecto ideado por Esperanza Aguirre que se tragó más de 100 millones de dinero público. Apuntan a que tras un análisis preliminar, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
Así informa la Fiscalía en una nota, en la que confirman que han recibido el informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, que le ha trasladado el gobierno regional. En él se analizan todas las irregularidades del proyecto entre los años 2005 y 2015.
Ese informe, señala la Fiscalía, apunta a que se produjeron adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la ley, y que se abonaron 90 millones de euros por la urbanización y construcción de varios edificios, pero al final solo se levantó uno de ellos -el Instituto de Medicina Legal- que está sin uso, abandonado.
El Ministerio Público también advierte de que se han detectado diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal. Por ello, creen necesario que Anticorrupción inicie una investigación. Este área de la Fiscalía ya tenía sobre la mesa la ingente documentación que le trasladaron los grupos de la oposición, tras realizar una investigación parlamentaria no exenta de dificultades.
De forma paralela, la Cámara de Cuentas ha estado años investigando la documentación que existe sobre ese proyecto. No ha sido fácil, porque muchas de las facturas no han aparecido y los libros de contabilidad están incompletos. Aún así, el organismo fiscalizador ha recorrido todas las irregularidades del Campus de la Justicia, que con un solo edificio concluido ha generado unos gastos de 19 millones de euros.
Según el informe, la sociedad pública que gestionaba el Campus estaba descompensada. Tenía más directivos que trabajadores, una situación que se agravó a partir de 2008, cuando la compañía había entrado “inequívocamente en una situación de declive empresarial”. Algunos de ellos cobraban de media unos 5.000 euros al mes, con subidas constantes que oscilaban entre el 30 y el 80%.
La Cámara de Cuentas también señala que la Comunidad de Madrid erró a la hora de diseñar el mecanismo que iba a servir para financiar el Campus. Su plan era vender los edificios judiciales antiguos e ingresar 200 millones de euros, que irían a sufragar las nuevas instalaciones. Sin embargo, solo vendieron uno, “obteniendo en su venta plusvalías de 31,5”. El informe recuerda que las nuevas construcciones -un edificio sin uso y los cimientos del resto- costaron más del doble, unos 80 millones de euros.
A pesar de ser un descampado con una estructura sin uno ha seguido generando gastos. Se sorprenden los consejeros de la Cámara de Cuentas de que los edificios del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial “sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros”.
La Cámara también sospecha que pudieron producirse amaños en los concursos públicos, de muchos de los cuales no hay contratos. En algunos concursos se potenciaron requisitos para favorecer a compañías concretas o se produjeron concurrencias falsas, una práctica habitual para amañar concursos. Se presentan tres empresas a la oferta, pero las tres están vinculadas entre sí.
El Campus de la Justicia, el proyecto fraguado durante la época de Alberto Ruiz Gallardón, concretado por Esperanza Aguirre y continuado por Ignacio González fue liquidado en 2015 por Cristina Cifuentes. Su Gobierno ha llevado este informe a la Fiscalía un mes después de rechazar ir junto a la oposición para denunciar los posibles delitos.
