La falta de apoyos políticos fuerza la dimisión del alcalde de Ourense
Segunda víctima política de la operación Pokemon. Tras resistirse durante días el alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, anunció el jueves su intención de abandonar el cargo aunque no por las “imputaciones falsas” que pesan sobre él, de presunto soborno y prevaricación en adjudicaciones públicas, sino por la “falta de apoyo político” que le impediría conservar el bastón de mando.
Rodríguez, visiblemente afectado, realizó el anuncio tras la primera Junta de Gobierno Local a la que ya no asistieron los tres ediles del BNG que daban sustento a su equipo de gobierno. “Dije que no iba a permanecer en mi cargo ni un minuto más si no tenía los apoyos políticos necesarios para garantizar la estabilidad del Gobierno municipal”, resumió ante la prensa.
El anuncio de Francisco Rodríguez llegaba no sólo después de constatar la retirada del apoyo del Bloque, sino también después de que el concejal nacionalista imputado en la misma operación, Fernando Varela, presentara su dimisión apenas 24 horas después de ser detenido y puesto en libertad, aunque imputado por presunto soborno y tráfico de influencias.
Arropado por los demás miembros del grupo municipal y por diversos militantes del Bloque en Ourense, Varela se proclamó “totalmente inocente” de los cargos que se le imputan y manifestó su “absoluta certeza” de que “podrá demostrar” que no actuó de manera ilegal. Pero la “coherencia personal y política” le impide seguir en el Ayuntamiento, aunque la acusación de la jueza se sustente sólo “en una conversación entre dos imputados en la que sale mi nombre”.
Varela renuncia a su acta de concejal y también lo hará el propio alcalde en cuanto el pleno municipal elija la persona que lo sustituirá, algo que sucederá entre el sábado y el lunes. El nacionalista y el socialista toman, por lo tanto, un camino distinto al del popular Adolfo Gacio, también imputado en el caso y que el martes dejó la Alcaldía de Boqueixón pero no su corporación municipal, en la que permanecerá como concejal en virtud del pacto alcanzado con la dirección provincial del PP en la Coruña.
Precisamente esa permanencia ha sido defendida por el presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, que al final de la reunión semanal del Consejo del Gobierno gallego justificó la decisión en el hecho de que Gacio “no podía compatibilizar la alcaldía con la libertad bajo fianza”. Según Feijóo, “la presencia de este concejal en el Ayuntamiento no afecta para nada a la gobernabilidad”, ya que no depende de él la mayoría absoluta de los conservadores.
Jorquera, a favor de la justicia “sin intencionalidad política”
Mientras Feijóo se pronunciaba de este modo en el interior de San Caetano, en el exterior del complejo administrativo de la Xunta el candidato del BNG a la Presidencia, Francisco Jorquera, censuró la “desfachatez política” que, a su juicio, están demostrando los conservadores en este caso.
El nacionalista exigió a Feijóo que “no haga trampa”, ya que Gacio “sigue de concejal para ejercer como alcalde en la sombra”, cuando debería “tomar nota de la actitud ejemplarizante que tuvo el BNG” que, a pesar de no “dudar de la inocencia” de su edil en Ourense, “tiene por norma dar ejemplo de comportamiento” y, ante la imputación, no dejó otra opción que dimitir de inmediato“.
Al margen de las dimisiones, Jorquera considera que el caso Pokemon es una muestra más de la necesidad de que “actúe la justicia, pero que no actúe así”. “Ya se está convirtiendo en norma en Galicia que, cuando llegan unas elecciones, haya operaciones espectáculo con procedimientos que dejan en total desprotección a las personas encausadas”, sometidas a “procedimientos más propios de delitos de terrorismo”. En este caso, como en otros, censura, “se invierte la carga de la prueba” y cualquier “rumor” sirve “para imputar una persona” de la que “se presume su culpabilidad y no su inocencia”. “Exigimos que la justicia actúe, pero sin intencionalidades políticas y los 365 días del año” para “esclarecer lo que haya que esclarecer”, dice.
De estos recelos, así como de los llegados de otras fuerzas políticas como AGE o el PSdeG, echaba mano Feijóo para, por su parte, considerar que “hay partidos a los que parece que les molesta que la justicia actúe”, pero “la justicia debe actuar cuándo considere oportuno e investigar lo que considere oportuno”, ya que “es bueno para la sociedad” y también bueno para que “la clase política” sepa que “no hay períodos de gracia y que en cualquier momento puede haber una investigación” en la que “responsables políticos puedan estar mezclados”. “Esto -asegura- no significa para nada ir en contra de la presunción de inocencia”.
