El diputado de Gipuzkoa y el alcalde de San Sebastián declararán como testigos por el caso Bidegi

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ambos del PNV, deberán declarar como testigos por el denominado caso Bidegi, relacionado con presuntas irregularidades en la construcción de la carretera AP-1 que denunció el anterior gobierno foral de Bildu.

El juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha admitido a trámite una querella presentada por el anterior ejecutivo foral de Bildu que acusaba de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, entre otros delitos, a tres excargos de Bidegi (la sociedad pública que gestiona las carreteras guipuzcoanas), un responsable de la ingeniería y otro de la unión de empresas que realizó las obras de esa carretera en un tramo que discurre entre Gipuzkoa y Álava.

Bildu acusaba a estas personas de presunta malversación de 17,1 millones de euros en las obras de construcción de dicha carretera, cuya liquidación se efectuó en junio de 2011, una semana antes de que la coalición soberanista llegara al gobierno foral de Gipuzkoa.

En la querella Bildu solicitó asimismo la citación como testigos de Eneko Goia, que era el responsable foral de Infraestructuras cuando sucedieron los hechos, y de Olano, que ocupaba entonces los cargos de diputado general y presidente de la sociedad pública Bidegi.

Según señaló la portavoz del equipo de Gobierno de Bildu, Larraitz Ugarte, se había detectado el pago por trabajos no realizados en el túnel de Arlaban por un valor de 8,3 millones, mientras que se habían abonado a las empresas otros 8,8 millones por obras que ya habían sido pagadas por la Diputación de Álava correspondientes al tramo de la carretera que discurre por territorio alavés.

Esta fue la segunda querella que presentó el gobierno de Bildu por Bidegi, tras la planteada en noviembre de 2014, relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en otro tramo de la AP-1, en el que la institución foral calculó un presunto fraude de 13,6 millones de euros.