El Gobierno se encomienda a las vacunaciones masivas para levantar las restricciones en un mes

El Palacio de Exposiciones de Santander acogió el primer dispositivo de vacunación masiva de Cantabria.

“Queremos que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este martes que, dentro de cuatro semanas, si se cumplen los objetivos de vacunación esbozados por el Ministerio de Sanidad, se pondrá fin a siete meses ininterrumpidos de excepcionalidad, los transcurridos desde que en octubre y obligado por la explosión de contagios en el regreso del verano reactivó la herramienta constitucional de la alarma –que ya había estado en vigor de marzo a junio de 2020– para luchar contra la pandemia.

La generación entre 65 y 79 años se queda a la cola: así avanza la vacunación por comunidades

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Para consumar ese “final de la pesadilla”, como llamó Sánchez a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, el Ejecutivo se encomienda a que no se produzcan rebrotes destacables y, sobre todo, a un importante acelerón en el proceso de vacunación en las próximas semanas que evite una cuarta ola. Si se cumplen las previsiones de Moncloa, las vacunaciones masivas permitirán tener inmunizados a cinco millones de españoles en la primera semana de mayo, a 10 en junio y a 33 en agosto, algo más del 70% de la población total del país.

En la práctica, el fin de la alarma implicará, según fuentes gubernamentales, que ya no se podrán limitar derechos fundamentales como el de la libre circulación, por lo que tampoco se podrá establecer un toque de queda como el ahora vigente, que varía en función de las comunidades.

Tampoco podrá haber un confinamiento general del país como el que se decretó en el inicio de la pandemia. Y no se podrá limitar la movilidad entre comunidades autónomas, aunque éstas sí podrán, como hasta ahora, regular la movilidad entre provincias y entre municipios, en función de la Ley de Salud Pública. Esta sí contempla la “coordinación” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte del Gobierno central, pero no le otorga el mando único, como sí le atribuye el estado de alarma. Las comunidades, no obstante, sí podrán confinar localidades en el caso de que se produzcan rebrotes importantes.

Reticencias de Euskadi y Andalucía

Tras el anuncio de Sánchez de no prorrogar la alarma, el lehendakari, Iñigo Urkullu, mostraba su malestar por la decisión. Por un lado, ha cuestionado que semejante decisión de Estado se adopte sin el concurso de las comunidades autónomas, con competencias plenas en materia sanitaria y, además, autoridades delegadas en este marco excepcional para ajustar las medidas en los respectivos territorios. Pero más allá de la forma, el lehendakari aludía también al fondo y a las dudas que le suscita que en mayo la incidencia haya caído lo suficiente o la vacunación haya avanzado tanto como para prescindir del único marco que da seguridad jurídica a algunas limitaciones de derechos como el toque de queda nocturno, informa Iker Rioja.

“Es un deseo compartido por toda la sociedad, pero sujeto a condicionantes imprevisibles a día de hoy como son la evolución de la pandemia así como del proceso y ritmo de vacunación. [...] Ojalá sea posible. ¡Ojalá que en el período desde el 9 de mayo hasta la anunciada inmunidad del 70% de la población para finales del mes de agosto sea un período en el que esté garantizado el suministro de vacunas y que sigamos cumpliendo con las medidas preventivas a nivel individual y colectivo!”, escribía Urkullu en Facebook, una herramienta que utiliza habitualmente para lanzar mensajes institucionales. El lehendakari recordaba, además, que él mismo fue el primer líder autonómico que en febrero pidió un segundo estado de alarma.

En la misma línea, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, calificaba como “precipitado” el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, una decisión que, según él, Sánchez adopta porque “vuelve a mirar con el prisma político en vez de hacerlo con el sanitario como hace Andalucía”.

Evitar la negociación parlamentaria

Eludiendo una nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez evita una negociación parlamentaria previsiblemente complicada para poder ratificar la prolongación de la excepcionalidad en el Congreso de los Diputados. El Gobierno no tiene garantizados los apoyos de sus socios de investidura y de Presupuestos, principalmente por las reticencias de ERC a lograr nuevos acuerdos con el Ejecutivo, al estar condicionado por el resto de las fuerzas independentistas catalanas –partidarias de la ruptura total con Moncloa– en medio de la negociación para la formación para el Govern de la Generalitat surgido de las urnas el pasado 14 de febrero.

Sánchez ya tuvo dificultades para las sucesivas prórrogas de la alarma a partir de marzo del año pasado. El PP, principal partido de la oposición, retiró su apoyo al Gobierno en la cuarta prolongación, aduciendo que la excepcionalidad permitía a Sánchez ejercer el poder de una forma “autoritaria” y hasta “dictatorial”, según Pablo Casado. Desde entonces, el Ejecutivo tuvo que negociar cada una de las prórrogas prácticamente hasta el último minuto de cada votación en el Congreso, y los partidos vendieron caro su respaldo a los planes de Sánchez, estableciendo distintas exigencias y condiciones. Moncloa tuvo que echar mano de su “geometría variable” para lograr a veces el respaldo de fuerzas independentistas y, en otras ocasiones, de Ciudadanos, que rompió el bloque de las tres derechas y empezó su distanciamiento del PP.

A pesar de la actual tendencia de crecimiento en el número de contagios, el Ejecutivo considera que con las restricciones aún vigentes hasta el 9 de mayo y con el acelerón de la vacunación –siempre que los laboratorios faciliten la llegada de las dosis y no se produzcan nuevos contratiempos que retrasen el proceso– la pandemia podría empezar a estar controlada en un mes, por lo que la excepcionalidad dejaría de ser necesaria. “En total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis entre abril y septiembre. Esto nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota podrá ser vacunado en ese periodo”, explicó Sánchez este martes en rueda de prensa.

“En este segundo trimestre el proceso de vacunación se va a acelerar significativamente. Vamos a sumar todas nuestras fuerzas para vacunar y vacunar sin descanso. Es la principal ocupación del Gobierno. Cada persona vacunada es una persona protegida frente al desarrollo grave de la enfermedad y es, por tanto, una vida a salvo”, apuntaba.



El primer objetivo de Sánchez es haber alcanzado a inmunizar con la vacuna a cinco millones de personas a las puertas del fin del estado de alarma, el 3 de mayo. Es el hito más sencillo. A 6 de abril, hay 2,8 millones de personas totalmente inmunizadas, así que faltan 2,2 millones para esa meta. En la segunda quincena de abril, según anunció la ministra Carolina Darias y teniendo en cuenta el reparto de la Unión Europea (UE), llegarán 300.000 dosis de Janssen, que por ser monodosis inmuniza directamente a 300.000 ciudadanos. Llegan también, al menos, 1,2 millones semanales de Pfizer. Esto supone, hasta el lunes 3 de mayo, casi cinco millones de dosis. Y, en este momento, hay 3,6 millones de ciudadanos con la primera pauta de Pfizer puesta, en su inmensa mayoría personas mayores que esperan la segunda en algún momento de las próximas tres semanas. Las cuentas, incluso a falta de confirmar cuántas dosis llegarán exactamente de Moderna y de AstraZeneca, salen.

El temor a factores inesperados

Pero las cuentas salen con la condición de que las farmacéuticas cumplan sus compromisos, y de que los recursos humanos se optimicen. “Es posible si se reciben bien todas las dosis, si se organiza bien, y si se prepara al personal. Si nos olvidamos de cerrar festivos, puentes y demás. Porque cuando se ha cerrado, como en Madrid, no ha sido por falta de vacunas, ha sido porque implica pagar horas extra. Cada domingo que se cierra son 400.000 dosis sin poner, diez domingos son 4 millones de ciudadanos sin vacunar”, resume José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas, implicada en el plan de vacunación.

También le preocupa cómo afectarán durante las próximas semanas entre la opinión pública factores inesperados como el análisis de seguridad de AstraZeneca: este martes, un directivo de la Agencia Europea del Medicamento aseguraba que sí tiene relación con algunos pocos casos de trombos en el continente. La operación requerirá, además, de dispositivos especiales, en algunas comunidades ya se están instalando 'vacunódromos'.

A lo largo de todo el segundo trimestre de 2021 se espera la llegada de 36 millones de dosis, las suficientes para inmunizar por sí solas a 21 millones de personas (todas las vacunas son de doble dosis menos la de Janssen, y de esta habrá cinco millones). Son el triple de las recibidas entre el 27 de diciembre y finales de marzo, porque este segundo trimestre la UE ya prometió un impulso muy fuerte a la campaña.

Colocados en la primera y segunda semana de junio están los dos siguientes objetivos de Sánchez: 10 millones y 15 millones de inmunizados. Eso supone para entonces un ritmo de al menos 5 millones de pinchazos en una semana, 700.000 al día; la media actual no llega a 200.000, aunque ha habido picos de 500.000. Forcada y otros expertos consultados señalan que, más allá de la inmunidad de grupo (que se ha situado, con matices, en el 70% de la población protegida) y de vacunar a cuantas más personas mejor, la estrategia debería enfocarse en las personas mayores de 60 años. Hasta ahora, como se ha estado dirigiendo AstraZeneca a menores, está a la cola el colectivo de entre 65 y 79 años. Es decir, un propósito que no ha mencionado Sánchez, más allá de los números concretos, debería ser tener a todos esos mayores de 60 (unos 12 millones de ciudadanos, casi 20 millones sumando a los de 50) vacunados antes del que acabe junio.

La clave: que lleguen las dosis

Los dos últimos objetivos son 25 millones en julio y 33 millones (el 70% de la población) en agosto. Están sujetos a las entregas del tercer trimestre de 2021, Sánchez mencionó los 87 millones hasta septiembre (queda por revisarse Curevac y Novavax). Algo “ambicioso”, según Forcada, porque además “verano no es el mejor momento para vacunar por la disponibilidad de recursos humanos, y cada comunidad tomará sus decisiones”, pero posible en función de los factores mencionados y de la disponibilidad de viales.

Durante la primera parte del año todas las compañías han tenido retrasos, aunque la que más ha reducido sus previsiones, a la mitad, ha sido AstraZeneca. Los profesionales insisten en que la clave es que lleguen dosis. “El gran problema hasta ahora para ir al ritmo adecuado”, indica Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y uno de los firmantes de la estrategia nacional, “no es la capacidad de los profesionales, pese a que están agotados. Son las dosis recibidas, hasta ahora por debajo de lo previsto, normalizado y contratado. Si se normaliza, habrá un acelerón. Y se está normalizando”.

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