El Gobierno asciende a un funcionario imputado por el proyecto Castor
El Gobierno ha ascendido a uno de los funcionarios imputados por el juez que investiga la concesión del almacén de gas conocido como Castor, clausurado tras provocar supuestamente centenares de terremotos en las costas de Castellón y Tarragona. El cierre permitió que la empresa concesionaria, controlada mayoritariamente por la constructora ACS, recibiera unas indemnizaciones de 1.650 millones de euros.
Luis Roberto Rodríguez Fernández, uno de los técnicos que firmó el informe que sirvió para dar luz verde al proyecto, permanece investigado en la causa judicializada, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià a eldiario.es. Pese a ello, el funcionario ha sido recientemente ascendido al cargo de director del Departamento de Investigación y Prospectiva Científica del Instituto Geológico y Minero (IGME), según ha confirmado este medio.
El organismo público, que depende del Ministerio de Economía, ha rechazado hacer ningún comentario al respecto. También se ha negado a hacer comentarios la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de quien depende el IGME y cuya titular, Carmen Vela, es la presidenta del Consejo Rector del organismo y quien propone al ministerio el nombramiento del director.
La Fiscalía de Castellón denunció a finales de 2014 al Castor por prevaricación medioambiental. La denuncia afectaba tanto a la empresa concesionaria como al Estado, responsable de permitir su instalación en 2007, cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
A finales de 2015, el juez instructor abrió diligencias y llamó a declarar en calidad de imputados a tres altos cargos del IGME, organismo que realizó los informes técnicos que permitieron construir el almacén. En el auto, el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) señalaba que el Gobierno pidió al IGME los pertinentes informes antes de la concesión.
El 23 de enero de 2007 se emitió un primer informe que no recogía “ninguna referencia a la existencia de fallas activas en el entorno del almacén, a la posibilidad de inducir seísmos, a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmia y, por consiguiente, sobre cómo podía afectar (...) a la seguridad de las personas”, según el auto.
El escrito del juez asegura que este informe fue clave en el visto bueno del Gobierno de Zapatero al proyecto.
El IGME emitió un nuevo informe en 2013, cuando los terremotos ya se habían producido y el miedo entre la población afectada llegó a los medios de comunicación. El nuevo texto sí recogía la posibilidad de que se diera “el fenómeno de la sismicidad inducida” en “actividades que conlleven tanto la extracción como la inducción de fluidos en el subsuelo” que dependería de “las condiciones geológicas locales” y que podía “llegar a producir terremotos dañinos en las infraestructuras civiles”. El nuevo informe recomendaba, de forma genérica, realizar “estudios de peligrosidad sísmica”.
Entre los firmantes de dichos informes, e investigados por el juez, está el doctor en Ciencias Geológicas Luis Roberto Rodríguez Fernández, quien era por entonces director de Geología y Geofísica. Menos de tres años después de que el Consejo de Ministros aprobara la millonaria indemnización para las dueñas de Castor, Rodríguez Fernández ha sido ascendido, pese a que el juez no ha levantado su condición de imputado. Lejos de eso, el instructor aumentó hace un año la nómina de investigados en la causa.
Rodríguez Fernández, que ha desarrollado toda su carrera en el IGME, ha sido nombrado ahora director del Departamento de Investigación y Prospectiva Científica, tal y como figura en el acta de la reunión que el Comité de Dirección del instituto celebró el pasado 3 de abril a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El nuevo cargo del funcionario imputado no ha sido todavía hecho público y el organigrama que figura en la web del organismo no ha sido actualizado. Pero entre sus funciones, tal y como figura en el mismo documento, Rodríguez Fernández tendrá ahora bajo su mando las áreas de Riesgos Geológicos, de Recursos y Geología Marina y la de reciente creación de Geología del Subsuelo y Almacenamiento Geológico.
El ascenso se ha producido en medio de una amplia remodelación en los puestos de responsabilidad del IGME tras la llegada al organismo de un nuevo director, el exrector de la Universidad de Granada Francisco González Lodeiro.
eldiario.es ha intentado recabar las explicaciones del IGME, pero un portavoz oficial ha declinado hacer declaraciones.
La empresa propietaria del Castor, Escal UGS S.L., participada mayoritariamente por la constructora de Florentino Pérez, renunció a la concesión cuando el Gobierno decretó su “hibernación” ante los más de 500 seísmos registrados en la zona, uno de ellos de magnitud 4,1. Su retirada del proyecto le ha permitido recibir una indemnización de 1.350 millones de euros, adelantada por los bancos por orden del Gobierno y que pagarán los consumidores de gas en su factura durante los próximos 30 años.
No ha sido la única cantidad que el Gobierno ha concedido a la empresa. ACS y su socio canadiense ingresaron en 2016 otros 300 millones por el fallido almacén de gas, lo que permitió que se salvara de la quiebra.
El Estado ha reclamado un total de 3,6 millones a Escal UGS por “defectos” en el Castor.
Mientras, el proceso judicial sigue su curso. El juez instructor, el tercero desde que comenzó la causa, reanudará las declaraciones testificales a principios del próximo mes de mayo. El actual magistrado es el titular de la plaza y se incorporó en enero a la causa.
Además, el juzgado de instrucción 4 de Vinaròs ha requerido al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para que remita el informe que le fue encargado por Enagás sobre la viabilidad del almacén de gas.
