El Gobierno inicia una segunda negociación sobre la reforma laboral para superar las reticencias de sus socios

El acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la reforma laboral fue un hito, pero no el final de la partida. Al Ejecutivo le toca ahora iniciar una nueva negociación con los grupos parlamentarios para conseguir los votos necesarios y que el Congreso convalide el decreto ley que el Consejo de Ministros aprueba este martes.

Los aliados habituales de la coalición han mostrado discrepancias con el pacto suscrito en el diálogo social la semana pasada mientras desde el Gobierno ponen el énfasis en haber logrado un entendimiento a tres por primera vez para recuperar derechos de los trabajadores. También el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha pronunciado en esa dirección y ha pedido “responsabilidad” a los partidos. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, mientras tanto avisa de que “lo pactado no se toca” ante los posibles cambios exigidos por los grupos en la tramitación parlamentaria. Así que al Gobierno le toca ahora cuadrar el puzle parlamentario sabiendo que cualquier pieza que toque puede echar a bajo ese delicado equilibrio de intereses.

El Gobierno celebró el acuerdo con empresarios y sindicatos como un “éxito” tras haber contenido la respiración en algunos momentos ante el temor de que se descolgara la patronal, a la que ven muy presionada por la derecha, especialmente el PP y su líder, Pablo Casado, que ya le reprochó en público otros acuerdos con el Ejecutivo y el extenso álbum de fotos con Yolanda Díaz, a la que los populares pitan como la líder de un grupo antisistema que pretende la demolición del Estado. El aval de los empresarios a esta contrarreforma del texto que el PP sacó adelante con su mayoría absoluta y sin consenso es un espaldarazo para la coalición que puede presentarse en Bruselas con un nuevo consenso.

Y a la vez son ese pacto a tres bandas y el visto bueno de Europa las razones que esgrime el Gobierno para tratar de convencer a sus aliados parlamentarios y que no tumben el decreto. En Moncloa sostienen que es un acuerdo “positivo”, que “recupera capacidad negociadora para los sindicatos”, y dan por hecho que tendrá los apoyos necesarios para salir adelante, pese a las reticencias expresadas inicialmente por algunos de sus principales aliados, que en el Gobierno consideran posiciones de máximos ante una negociación.

“Esperamos que pueda haber una mayoría parlamentaria, igual que hubo una mayoría en el diálogo social, porque es la primera vez que una reforma laboral avanza en derechos de los trabajadores”, expresan fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, una vicepresidenta que tiene muy buenas relaciones con los principales aliados del Gobierno. El Ministerio de Trabajo asegura que en los últimos meses se ha reunido hasta en tres ocasiones con la mayoría de socios parlamentarios para abordar las conversaciones sobre la reforma laboral. “No nos cabe duda de que los grupos van a ser sensibles a lo que el mercado laboral necesita y a lo que los agentes sociales han acordado. No me cabe duda de que todos actuaremos desde la responsabilidad y la sensibilidad”, señaló este lunes el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. 

Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos solo tienen 155 escaños y necesitan para que la reforma laboral salga adelante al menos una veintena de apoyos -entre votos a favor y abstenciones- en función de lo que hagan fuerzas como Ciudadanos, que ha aplaudido el consenso de los agentes sociales sin desvelar el sentido de su voto. Se sabe ya que PP y Vox votarán en contra.

El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, aseguró que este mismo lunes iniciará una ronda de contactos con los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. “Se ha alcanzado un acuerdo muy positivo. Y hay que respetar a todo el mundo que pide más –afirmó Echenique en La Hora de TVE–. Nos faltan 21 escaños para la mayoría absoluta, eso implica negociar y dialogar”. Sin embargo, en el Gobierno y en las filas socialistas no ven tan sencillo modificar aspectos suscritos en el acuerdo, como reclama el PNV, o ir más allá, como plantean EH Bildu y ERC. 

El Gobierno ve poco margen de cambio

Y es que Sánchez ha suscrito en varias ocasiones diversos acuerdos sobre la derogación de la reforma laboral del PP. Uno de ellos, alcanzado con EH Bildu en el marco de la negociación de una prórroga del estado de alarma en 2020, incluía el concepto “derogación íntegra”, aunque después el PSOE lo matizó. Esa ha sido la eterna batalla de los socialistas y Unidas Podemos desde el año 2016, aunque finalmente los de Pablo Iglesias terminaron por aceptar que los cambios en la legislación laboral quedaran limitados a los “aspectos más lesivos” de la ley impulsada por Mariano Rajoy, como la primacía de los convenios de empresa sobre los del sector o la ultraactividad, entre otras cuestiones. 

Pero desde el principio de la negociación con patronal y sindicatos quedaron fuera otras cuestiones, como las indemnizaciones por despido que son fundamentales para partidos que se han convertido en apoyos clave de la coalición. Sin embargo, el Ejecutivo no está dispuesto a dar su brazo a torcer en esas exigencias. “Creo que estoy siendo bastante clara, el acuerdo de Gobierno con el que nos hemos presentado a las elecciones es con el que hemos trabajado esta reforma laboral y también con el componente 23 [el punto del plan de recuperación firmado con la UE relativo a la legislación laboral]”, ha apuntado Díaz en una entrevista en Onda Cero. De esta forma, Díaz plantea – y refrendan desde su entorno – que las reivindicaciones de los socios no figuran en el pacto al que llegaron con el PSOE.

En esa misma entrevista, Díaz ha asegurado que “respeta” el trabajo parlamentario de los grupos políticos, aunque defiende el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos. “Es difícil decirle que no a una norma que por primera vez en 40 años sirve para la recuperación de derechos de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y que mejora las relaciones laborales en España”, ha añadido la ministra de Trabajo, sobre el posicionamiento de sus socios en el Congreso.

EH Bildu amenaza con votar contra el decreto al entender que el acuerdo suscrito en el diálogo social deja fuera aspectos “lesivos” que se habían comprometido a eliminar. “Si no se contempla el fin de la estatalización de convenios, es decir, si no respeta la soberanía en el marco laboral, y si no se eliminan todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del PP como se comprometieron: ultraactividad, control judicial sobre los EREs y despidos, indemnizaciones... EH Bildu votará en contra”, adelantó el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, quien deslizó que trabajarán con otras fuerzas, como ERC, para introducir cambios. 

ERC ha mantenido un perfil bajo desde que el jueves CEOE, UGT y CCOO avalaran el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo. No ha habido un pronunciamiento público claro. No obstante, los republicanos catalanes siempre han defendido que el nuevo marco laboral debe abordar las indemnizaciones por despido -la vuelta a los 45 días-, recuperar los salarios de tramitación y la autorización administrativa para hacer ERE. En esos aspectos, sostienen desde ERC, hay aún “margen de mejora”. Esas exigencias se las trasladaron al Gobierno “hace meses”. 

El PNV, socio prioritario del Gobierno, se ha sumado a Bildu y ERC en la exigencia de que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales. “Probablemente quien más dificultades tenga para aceptarlo hoy por hoy sea la patronal, pero, desde luego, sin que esto esté solucionado, nosotros no vamos a apoyar la reforma”, advirtió el portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban, este sábado. 

Empresarios y sindicatos piden respetar el acuerdo

Efectivamente, CEOE ha mostrado su rechazo absoluto a ese planteamiento que, según su presidente, Antonio Garamendi, “rompería la unidad de mercado”. “Lo pactado no se toca”, ha advertido este lunes por la mañana en una entrevista en TVE en la que también ha avisado de que si se modifica esa parte del acuerdo, los empresarios lo abandonarían. En unas declaraciones en El Correo fue más lejos y aseveró que si se cambia “una coma” de ese pacto, el Gobierno tendría complicado volver a sentarse con la patronal. 

Al igual que el Gobierno, los sindicatos son unos fervientes defensores del acuerdo alcanzado, a pesar de que sea limitado. Conscientes de lo costoso de encontrar ese entendimiento, clave también de cara a Bruselas, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha pedido “responsabilidad” a los grupos políticos. “Siempre se puede ir un poco más allá y un poco más acá”, ha reconocido, según informa Europa Press, antes de destacar que “lo relevante es que, por primera vez, se produce una reforma laboral de muchísima profundidad y calado, que recupera y mejora derechos laborales”.

Y a ese llamamiento de los agentes sociales se acogen en el Gobierno conscientes de que tienen poco margen de maniobra en el trámite parlamentario. “Es un equilibrio muy positivo y una obra ingente”, señalan fuentes gubernamentales, que esperan poder tener pronto una ‘foto’ del Gobierno y los agentes sociales tras dos años de acuerdos consecutivos y, en esta ocasión, para uno de los compromisos fundamentales de la coalición: el desmantelamiento de la reforma laboral que el PP llevó a cabo con el único aval de los empresarios y el rodillo de su mayoría absoluta.