El Gobierno quiere mantener la puerta trasera de la financiación a los partidos a través de sus fundaciones
A pesar de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, ha informado de los expedientes abiertos a los partidos políticos por las sospechas e irregularidades en cuanto al dinero que reciben, el Gobierno pretende mantener la puerta trasera que les permite seguir haciéndolo indirectamente a través de sus fundaciones afines. El proyecto de ley que pretende controlar la actividad económico-financiera de los partidos las deja fuera, por lo que este tipo de fundaciones podrán continuar siendo el coladero por el que entre el dinero de las empresas.
El planteamiento del Gobierno es mantenerlas fuera de un control que sí se va a endurecer en el caso de los partidos, que además ya no van a poder disfrutar de las condonaciones de sus deudas por parte de los bancos y cajas ni de intereses por debajo del precio de mercado.
Pero el propio presidente del tribunal lleva un año reclamando que se extreme la vigilancia. Durante la presentación del informe sobre las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2008, Álvarez Miranda reclamó que se vuelva a limitar la cantidad de dinero que pueden recibir las fundaciones en concepto de donaciones por parte de empresas privadas. Hasta el 2012, el tope estaba en 100.000 euros, pero el PP lo anuló.
Sin embargo, la justificación que esgrime la vicepresidenta del Gobierno es que hay que distinguir entre partidos y fundaciones, y las donaciones de las empresas no pueden prohibirse en el último caso. “Hay que tener en cuenta que las fundaciones no son monolíticas sino que tienen un carácter plural”, declaró cuando presentó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley que afecta a la actividad económica de las formaciones políticas como parte del plan de medidas anticorrupción.
Según ha detallado recientemente en el Congreso, donde ha comparecido en la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre las medidas de regeneración democrática que impulsa la vicepresidenta, el tribunal ha abierto expedientes informativos a 24 fundaciones, que pueden presentar a partir de ahora sus alegaciones. Durante el examen de las cuentas correspondientes al periodo de 2009 a 2011, la mayor parte de expedientes iniciados afecta a los ingresos efectuados en cuentas no específicamente habilitadas para ello.
También hay otra clase de incumplimientos que han merecido la apertura de expedientes porque el tribunal considera que las donaciones establecidas por un convenio superan el límite, no son suficientemente claras en cuanto a las condiciones del acuerdo suscrito o no han sido aprobadas por sus órganos sociales.
Durante el ejercicio de 2008, las 36 fundaciones vinculadas a partidos recibieron donaciones por valor de 9,1 millones de euros. De ellos, sólo las relacionadas con CiU obtuvieron 2,6 millones, la misma cantidad que sumaban juntas las asociadas al PP y al PSOE. En el caso de la vinculada a ERC, consiguió 1,8 millones. De los 9 millones totales, la mayor parte (6,6) llegó en forma de donativos directos, y otros 2,1 por los convenios de colaboración. Las cantidades menores procedieron de cuotas y aportaciones de los partidos.
En el último informe se fiscalizan los números de los partidos y fundaciones correspondientes a 2009, 2010 y 2011. El fiscal del tribunal, Olayo González, ha detectado que el importe afectado por las irregularidades asciende a 11,4 millones. Las infracciones que no han prescrito son en la práctica las relacionadas con las donaciones efectuadas en el último año examinado, 2011.
